La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha denegado este miércoles, 14 de julio, la petición del Gobierno regional para imponer el toque de queda, entre las 00.30 horas y las 06.00 horas, en las islas con peores datos epidemiológicos, es decir, aquellas que alcancen los niveles 3 y 4 de alerta sanitaria, por ahora, solo Tenerife.
La petición sí contaba con el visto bueno de la Fiscalía, que argumentó que las medidas establecidas hasta ahora eran “ineficaces” para contener los numerosos contagios de COVID-19. Además, apuntaba el fiscal que la restricción en la movilidad nocturna se vuelve necesaria para lograr reducir las aglomeraciones y los encuentros, como se ha comprobado por las numerosas intervenciones policiales en fiestas ilegales y botellones que se suelen dar en este horario, evitando la interacción social que ha desatado la expansión desmedida del virus. La Fiscalía agregaba que la medida era idónea y que se tomaba en base a consideraciones científicas y confirmadas por la experiencia.
Entre el argumentario del TSJC para tomar su decisión, se evoca al auto del 9 de mayo de 2021, cuando, tras la caída del estado de alarma, el Gobierno regional pidió mantener el toque de queda en las islas. En ese momento, la Sala de lo Contencioso Administrativo se pronunciaba en contra de esta medida, una posición que ratificaría posteriormente el Tribunal Supremo. Asimismo, la Sala recuerda las sentencias del Supremo que rechazan también el toque de queda en varias autonomías, como fue el caso de Baleares tras el final del estado de alarma.
Para el TSJC, el toque de queda “no está justificado en el riesgo actual de la situación epidemiológica evaluado por la Dirección General de Salud Pública”. Según apuntan en el auto, se ha juzgado la prevalencia del interés económico y del derecho al trabajo sobre las medidas de cierre parcial: “El número de vacunaciones está aumentando diariamente y el contagio ya no tiene la repercusión en la salud como se demuestra con el número de fallecimientos y curaciones y el menor impacto en las unidades de cuidados intensivo. Se requiere por ello una prevención general en los lugares concretos donde esté descontrolado el riesgo pero no un cierre generalizado en toda la isla”.
Sobre el toque de queda, que pretendía frenar las fiestas ilegales y los botellones nocturnos, enfatiza el Tribunal Superior regional: “Se puede constituir la infracción administrativa leve prevista en el artículo 37.17 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley 4/15): El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”.
En el auto se explica literalmente que “nadie niega la idoneidad de la medida para luchar contra la enfermedad y facilitar el funcionamiento del Servicio de Salud, pero el fin no justifica cualquier medio y el acuerdo adoptado es excesivo y a costa de un perjuicio grave para la inmensa mayoría de la población, incluida la joven, que cumple las normas”.
Por estos motivos, se estimó que la restricción de la libertad de circulación para impedir botellones en espacios públicos es desproporcionada. “No se ha acreditado que la situación en la que se encuentra la epidemia represente un peligro tan grave e inminente para la salud y la capacidad asistencial que justifique esta excepción habiendo medios ordinarios menos restrictivos de los derechos fundamentales para resolver la problemática”.
Otras comunidades sí han aprobado el toque de queda
Canarias no se suma, de esta manera, a las comunidades que ya han aprobado su toque de queda. Entre ellas, la Comunitat Valenciana, donde la Fiscalía Superior informó este lunes de que no se opondría a las restricciones que ha solicitado el Gobierno valenciano. Pocas horas después, la Justicia avaló el toque de queda, entre la 1.00 y las 6.00 horas, en las 32 localidades valencianas con peores datos epidemiológicos.
También Cantabria ha impuesto desde este miércoles un toque de queda de 01:00 a 06:00 de la ma madrugada en 53 municipios y ha establecido una limitación de reunión a un máximo de seis personas no convivientes en el ámbito público y privado en las mismas localidades durante los próximos 14 días a la espera de la evolución epidemiológica.