Los trabajadores públicos en fraude de ley han defendido este martes en el Parlamento de Canarias que hay soluciones “a coste cero y justas” para compensar a las víctimas del abuso de la contratación temporal en el Archipiélago y evitar de esta manera miles de “despidos libres y gratuitos”. Miguel Quintero, portavoz de Prefalca, la plataforma que aglutina a este colectivo de empleados en la comunidad autónoma de Canarias, ha comparecido en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad para reclamar la “inmediata paralización” de todos los procesos selectivos de las Islas hasta alcanzar un acuerdo que dote de estabilidad laboral a aquellos trabajadores que llevan ejerciendo durante años en la administración con un vínculo temporal y sin posibilidad de poder concurrir a una oferta pública de empleo para optar a una plaza fija.
“Es una cuestión de justicia. Si la solución no es justa, se genera litigiosidad y la litigiosidad siempre es cara”, ha advertido Quintero en la Cámara regional. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 19 de marzo marca el camino de las reivindicaciones de este colectivo, pero también otros parlamentos autonómicos, como el catalán, el andaluz o el vasco, que han impulsado iniciativas para resolver “un mal endémico” de las administraciones españolas. Se calcula que unos 900.000 trabajadores públicos en todo el territorio nacional están en fraude de ley, de los cuales algo más de 50.000 se encuentran en Canarias. Quintero ha señalado que, solo en el caso del Gobierno regional, los procesos selectivos de libre concurrencia ponen en peligro a cerca de 29.000 empleos públicos, el 46% de una plantilla de 65.000 trabajadores. A esa cantidad se le suman las plantillas de las administraciones locales e insulares. Se trata de personal que, en un importante porcentaje, supera los 50 años y las dos décadas de antigüedad en el puesto. En torno al 70% de los afectados por esta situación son mujeres, “la mayoría mantenedores exclusivas de sus unidades familiares”, ha remarcado el portavoz de Pefralca.
Todos los grupos con representación parlamentaria han coincidido en que esas tasas de temporalidad, fruto de la paralización de los procesos selectivos desde la crisis económica de finales de la pasada década y de las restricciones a la reposición de efectivos, son “intolerables” y han ahondado en la necesidad de encontrar una solución para resolver esos abusos en la temporalidad. La discrepancia estriba en la fórmula. El PSOE, partido que lidera el pacto de gobierno regional, insiste en que la solución sigue estando en Madrid, en la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Los trabajadores afectados sostienen, en cambio, que existe la opción de impulsar una ley autonómica para garantizar la continuidad de los empleados públicos, ya que se debe a una circunstancia de “excepcionalidad” por este abuso de la temporalidad fruto de la “mala praxis” de la administración, que lleva “25 años incumpliendo sus obligaciones”. y ejecutando “una nefasta política” de cobertura de recursos humanos.
Quintero ha conminado a los diputados a leer los informes elaborados por los especialistas en Derecho Administrativo y Constitucional que asesoran a Pefralca y a la Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de Área (FEA), colectivo en huelga indefinida desde el pasado viernes, para comprobar que en esos escritos se plantean fórmulas que posibilitan la estabilidad laboral de los trabajadores en fraude de ley sin necesidad de tener que depender de la administración central. “El Parlamento de Canarias tiene competencias para legislar en situaciones excepcionales y así lo han manifestado especialistas de reconocido prestigio, sí es posible regular a través de una vía extraordinaria”, ha manifestado el portavoz de los trabajadores, que considera que la salida “puede ser sencilla” si se aplica “creatividad jurídica” y se tiene en cuenta la doctrina comunitaria. Quintero ha respondido de esta manera al portavoz socialista en la Cámara, Manuel Fernando Martínez, que en su intervención advertía de que hasta la fecha no se ha encontrado el “marco normativo autonómico” para sancionar ese abuso de la temporalidad, tal y como establece la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. El representante del PSOE, que al igual que el resto de grupos no cuestiona “la valía, capacidad y mérito” de los profesionales afectados, ha advertido, sin embargo, del riesgo que se corre ante la amenaza de que el caso se acabe dirimiendo en el Constitucional.
El portavoz de Pefralca ha replicado que ese riesgo se asume “en ambas direcciones” (tanto si se aprueba una norma estatal como si se hace a través de una ley autonómica) y ha señalado que, de cualquier forma, en caso de judicialización la causa se agotará en Europea. “Y ya se sabe cuál es la doctrina europea”, ha remarcado. Quintero se refería así a la sentencia del TJUE del 19 de marzo de 2020, que insta a las administraciones públicas españolas, sobre la base de la directiva 1999/70/CE sobre contratos de duración determinada, a prevenir y sancionar los abusos de temporalidad, las vulneraciones del derecho de los trabajadores a la estabilidad laboral transcurridos los dos años desde el inicio del vínculo con el empleador. El compareciente ha subrayado que el dictamen elaborado por la Abogada General de la UE en esa causa establecía como una de las medidas para sancionar a la administración infractora y compensar al trabajador víctima del abuso de la temporalidad el “reconocimiento excepcional de la fijeza directa”.
La otra vía, la de la indemnización “disuasoria”, sería mucho más gravosa para las arcas públicas, ha advertido Quintero. Pefralca ha cifrado en alrededor de 50 millones de euros el coste que ocasionaría a la administración autonómica canaria acudir a esta fórmula. “La situación de abuso requiere soluciones excepcionales de consolidación para restaurar los derechos lesionados, es la única forma de reparar”. Para el portavoz de la plataforma, los procesos selectivos de libre concurrencia no son, en ningún caso, “una respuesta adecuada”. “No es un problema de plazas, de números en abstracto, es un problema de personas, de familias. No cualquier solución es válida y garantista”, ha aseverado Quintero, para quien las políticas de consolidación del Ejecutivo regional “sin respetar el marco europeo” son “ilegítimas, lesivas, caras, ineficientes y absurdas”.
Quintero ha recalcado que debe primar el derecho europeo y ha incidido en que el acuerdo para la consolidación de plazas adoptado en 2017 y 2018 por el Gobierno central y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF no solo se ha revelado ineficaz para los fines perseguidos, sino que ha generado “el efecto contrario”, provocando el despido de trabajadores con años de antigüedad en las administraciones. “En este momento nos encontramos con una dramática paradoja. Los empleados públicos víctimas del abuso estamos amparados por las instituciones y tribunales europeos y desamparados por las administraciones públicas nacionales y por las grandes centrales sindicales de este país. Es una triste realidad”, ha afirmado el portavoz de la plataforma, que ha subrayado, no obstante, que las dos principales organizaciones sindicales en la administración general autonómica, IC y Sepca, sí respaldan su posición.
“En la voluntad reside la clave de una solución política a un problema excepcional que puede tener una solución excepcional en el marco legislativo canario. Aquí se crea derecho y el derecho debe servir para solucionar los problemas de la sociedad”, ha redundado Quintero, que ha recordado que al “mérito y capacidad” acreditado por el colectivo a lo largo de estos años, hay que sumarle el principio de “igualdad”, ya que la mayoría de los afectados accedieron al empleo público a través de un proceso selectivo.
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