La historia tiene tintes novelescos, pero es real. El pasado 14 de abril vencía el acuerdo de dos años suscrito por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la empresa Seguridad Integral Canaria para la vigilancia de todas sus instalaciones, por un importe de 3.300.000 euros. Se decidió la prórroga del contrato por dos años más, tal y como establecía el pliego de condiciones. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque en el camino han surgido informes internos contradictorios, reuniones inéditas en la cúpula universitaria, un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una supuesta visita de una empresa rival, un conflicto laboral y un jefe de Seguridad que no cuenta con el pleno respaldo de la institución, relata este miércoles Canarias Investiga.
Todo empieza a finales de 2009. La ULPGC abre una convocatoria pública para adjudicar el servicio de vigilancia de sus centros. Seguridad Integral Canaria queda en segundo lugar, tras Segur Ibérica, pero gana el concurso porque la primera no tiene en ese momento los 250 trabajadores fijos en Gran Canaria que le exige el pliego de condiciones.
Durante el primer año y medio de servicio no se detectan anomalías, pero es a partir de septiembre de 2010 cuando un conflicto laboral se va incubando en el seno de Seguridad Integral, que acabará salpicando a la institución educativa. La empresa asegura que se ve forzada a reducir parte de su plantilla ante el impago de las administraciones públicas a las que presta servicios. En una carta de despido de mediados de diciembre, la empresa estima en “más de un 70%” el volumen anual de facturación correspondiente a contratos con ayuntamientos, cabildos, consejerías y otros organismos públicos.
Después de algunos movimientos de las tres partes -universidad, empresa y vigilantes-, el 16 de febrero, el gerente Conrado Domínguez auspicia un encuentro de conciliación entre el comité de empresa y Seguridad Integral Canaria, con Miguel Ángel Ramírez -presidente de la UD Las Palmas y propietario de la empresa- en persona, para poner fin a esta situación. “No entraba en las funciones de la Universidad, pero queríamos evitar problemas”, apunta Domínguez.
La reunión termina con un acuerdo de 13 puntos por escrito y firmado, satisfactorio para ambas partes. Entre otros asuntos, se readmite a 5 trabajadores que habían sido cesados por la empresa. Pero la asamblea de trabajadores no acepta el acuerdo y decide ir a la huelga. En apenas dos meses se desencadenan una serie de hechos que amenazan con dañar la imagen de la institución universitaria y de su Rector, José Regidor, que a partir de ese momento ya sufre la ira de los sindicatos.
En ese momento empieza a circular en la capital grancanaria una copia de la auditoría interna del director de Seguridad de la ULPGC, Francisco Pérez Rosales. En ella, tras considerar algunos puntos que no habrían sido cumplidos de manera satisfactoria por la empresa, el responsable técnico concluye que “no es conveniente la suscripción de la prórroga del contrato que tiene la universidad con la empresa de seguridad, solicitando que se realice un nuevo concurso público para proceder a la nueva contratación”. Adjunta un anexo con numerosa documentación: sanciones de la Inspección de Trabajo a Seguridad Integral Canaria, incumplimientos del convenio de Seguridad Privada, correos electrónicos entre la Universidad y la citada empresa y hasta un informe de obstrucción a la labor de control del auditor por parte de una vigilante que ejercía funciones de jefe de equipo.
Visto lo visto, el Gerente de la ULPGC encarga un informe a los Servicios Jurídicos, que desacredita el anterior, donde se expone que el director de Seguridad había valorado negativamente un conflicto laboral entre Seguridad Integral y sus trabajadores. Asunto que, según se apunta, en absoluto es competencia de la Universidad, y concluye que la prórroga de dos años más al contrato con Seguridad Integral sí es preceptiva.
Con los dos informes anteriores, más un tercero a cargo de la propia Seguridad Integral, el 11 de marzo se produce el cónclave entre el Gerente, la Secretaria General y el director de los Servicios Jurídicos -no así el director de Seguridad-. Con todos los informes sobre la mesa, concluyen que si bien hay que exigir algunas mejoras, el servicio ha sido cumplido razonablemente y no hay motivo para convocar un nuevo concurso. El contrato queda prorrogado dos años más.
El autor de la auditoría de Seguridad, Francisco Pérez Rosales, asegura hoy no sentirse desautorizado ya que “el informe no es vinculante” y recuerda que sigue en su puesto de trabajo. Pero a partir de entonces, y a su pesar, el responsable de Seguridad de la ULPGC ya es considerado un hombre enmascado por parte de la cúpula universitaria.
Aunque el Rector no reconoce explícitamente su desconfianza hacia Pérez Rosales, sí admite que tiene pendiente una reunión con él. “Cuando acabe el conflicto [laboral], me sentaré con el auditor, y me tendrá que demostrar que puedo seguir confiando en él. Está en una situación difícil, ya que es la persona más próxima a los vigilantes, y puede haber desarrollado lazos de amistad”, comenta Regidor.
El 14 de abril, el mismo día que la prórroga del contrato con Seguridad Integral entra en vigor, CANARIAS AHORA publica un Top Secret donde se hace eco de un “bulo” lanzado “desde no se sabe dónde”, según el cual los servidores de la ULPGC habrían sufrido un ataque informático. La supuesta fuga de datos habría incluido nombre y apellidos de alumnos y profesores, claves, DNI, direcciones y cuentas corrientes. También se habla de “una guerra entre dos empresas de seguridad, la que prestaba el servicio para la Universidad hasta hace dos años [Segur Ibérica] y la que, tras el correspondiente concurso público, la sustituyó en esos menesteres”.
“Hemos actuado como lo haríamos con cualquier empresa”, asegura el Rector, preguntado por si tiene alguna influencia el que Seguridad Integral sea una empresa canaria, o que su propietario y presidente, Miguel Ángel Ramírez, sea mecenas de la Universidad.
“Servicios Jurídicos dice que el informe de Seguridad pone de manifiesto deficiencias por parte del auditor”, comenta, “pero no es el momento para actuar. En una situación de conflicto sería visto como una represalia”, asegura.
“Estoy disgustado como Rector. Se han dicho cosas que son radicalmente mentira, como que se ha puesto en riesgo la seguridad de la Universidad. La seguridad no está en riesgo. Qué hay detrás, es lo que no entiendo”.