Eran los años de inicio de la crisis, a la que entonces se la denominaba como “una desaceleración acelerada”, cuando la promotora Álvarez y Gestión de Proyectos S.L. acabó de construir una urbanización de alrededor de 30 casas en el municipio grancanario de Firgas: la burbuja del boom inmobiliario en España estaba explotando y el complejo fue uno de los últimos resultados de aquellos maravillosos años.
La empresa, que se dedicaba a la construcción y venta de inmuebles, no avisó ni informó a los inquilinos que estaba en ejecución hipotecaria y en 2014 desapareció sin dejar rastro. El banco (Bankia) le traspasó el complejo a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el denominado banco malo, cuyo función es dar salida a los activos inmobiliarios de los bancos rescatados desde que en 2012 el Gobierno español lo creara por orden de Europa como condición para recibir la ayuda financiera.
La Sareb, que tenía los contratos de los inquilinos con sus números de cuenta desde 2014, no practicó ningún cobro hasta que en 2017 cargó en cada alquilado unos 20.000 euros en compensación, a su juicio, de las rentas no abonadas durante tres años. Después de esto, les ha notificado una demanda de desahucio para desalojar sus viviendas a varios alquilados, ya que aún no les ha llegado a todos.
Julien Filella fue el último en alquilar una vivienda en la urbanización. Entró en junio de 2013 y pagaba con regularidad entre 550 y 650 euros al mes, gastando además buena parte de sus recursos económicos en arreglar los desperfectos de su casa que, a pesar de construirse con buenos materiales entre 2007 y 2008, se finalizó demasiado pronto, al igual que el resto de los alquilados (algunos han tenido que desembolsar más de 10.000 euros para arreglar los desperfectos).
Un año y tres meses después, le dejaron de cobrar la renta. Sin saber qué hacer ni con quien hablar, decidió ir guardando el dinero por lo que pudiera pasar. En 2015 el juzgado de Arucas le reclamó, junto a sus vecinos, para poder comprobar su contrato de arrendamiento. Allí, al igual que los demás inquilinos, descubrió que la promotora se encontraba embargada desde hacía varios años. Quebró desapareciendo sin dejar rastro y Bankia, la ejecutora hipotecaria, decidió traspasar las casas a la Sareb.
Al enterarse, algunos vecinos decidieron marcharse, pero la mayoría, como Filella, se quedaron. Los meses pasaban y, a pesar de que los contratos ya estaban en manos de la Sareb con sus números de cuenta incluidos, los inquilinos seguían sin pagar su renta porque no sabían donde debían ingresarlo a pesar de preguntar con insistencia en los juzgados y buscar por todos los medios posibles algún contacto.
“No hemos sabido con quien hablar en ningún momento, siempre nos decían que estuviésemos tranquilos, que ya se pondrían en contacto con nosotros”, afirma Filella: “y cometí el fallo de dejar de apartar el dinero de las mensualidades”.
20.000 euros de deuda y desahucio
A principios de 2017 la Sareb comienza a cargar en las cuentas bancarias de los inquilinos 20.000 euros a pagar por todas las rentas atrasadas y los vecinos se enteran gracias a que los avisan sus entidades financieras particulares, ya que en ningún momento el banco malo se pone en contacto con los alquilados.
Es por esas fechas cuando los inquilinos comienzan a ponerse en contacto con abogados, como el letrado Kabir Bhagwandas y el interlocuror bancario Iván Llamazares, que en la actualidad representan a un total de 10 familias.
“¿Por qué han esperado tres años a cobrar si tiene la posesión de las cuentas desde 2014?” , pregunta Llamazares.
“La Sareb estaba obligada a practicar los cobros como dice el contrato: lo sabían pero no cobraron nada durante tres años. Si los clientes no se llegan a dar cuenta de los cargos y pasa el plazo de devolución, pierden 20.000 euros de la cuenta; se quedan en negativo y se ven obligados a pagar”, explica Bhagwandas.
Tanto Bhagwandas como Llamazares empiezan a tratar de negociar con la Sareb, quien les remite constantemente al agente inmobiliario del Sabadell: Solvia, que es quien hace de interlocutor con los inquilinos, pagados por el banco malo. “Sé que a Solvia entró a trabajar un comercial que formaba parte de Álvarez y Gestión de Proyectos S.L. cuando esta desapareció”, apunta Filella.
“Les propusimos la entrega de las llaves y que se olvidaran de la deuda; el fraccionamiento del pago; una connotación de la deuda o la compra de la vivienda a un precio asequible”, relata Llamazares, y a la vez que Solvia por un lado les decía que estaba dispuesto a negociar, por otro les empezó a enviar las notificaciones de demandas de desahucio a algunos de los vecinos reclamando, además, los costes judiciales.
“Entonces ocurre algo muy raro: el juzgado de Arucas, uno de los más lentos de Gran Canaria, empezó a tramitar en un mes inhábil como es agosto de manera masiva las comunicaciones para las demandas. Obviamente esto es algo que se puede hacer, quizá porque quieran quitarse trabajo para septiembre, por ejemplo; pero resulta llamativa la celeridad: programan los juicios para noviembre (lunes 20 y miércoles 22) y en enero los desahucios”, comenta Bhagwandas.
Boicot a los inquilinos
La sucesión de acontecimientos propició que algunos de los vecinos, al principio, se unieran. Durante 2017, además de la deuda de 20.000 euros y las notificaciones de demanda de desahucio, tuvieron que hacer frente a circunstancias extrañas que ocurrieron en la urbanización.
Nadie venía a podar los árboles o los arbustos de los alrededores, que crecen sin control. La luz común dejó de funcionar y decidieron establecer una comunidad para darse de alta en Unelco y poder pagarla.
Les llegaron a cerrar las tomas de acceso de agua y, cuando llamaron a la empresa Valora, les dijeron que no se había producido ningún corte. Y en algunos garajes de la viviendas, cuyas puertas se estropeaban constantemente, aparecieron pegados carteles donde se podía leer “Fuera de aquí Okupas”.
“Yo al principio tenía la idea de quedarme. Pero ahora, aunque no me ha llegado aún la notificación de la demanda de desahucio, estoy deseando largarme” confiesa Yayra Morales, que vive con su hijo y otros tres de su actual pareja, con la que comparte los gastos.
La “esperanza” de llegar a un acuerdo
Bhagwandas tiene “la esperanza” de conseguir llegar a un trato con la Sareb para conseguir “la condonación de la deuda” y “entregar las llaves” por medio de la presión “a nivel judicial y en medios”, ya que no les han dejado ninguna otra posibilidad para que los inquilinos puedan regularizar su situación: “Desde el principio nunca nos han tomado en serio, les da igual el riesgo reputacional, les da igual todo, ellos solo quieren que paguen y que les entreguen las llaves de los inmuebles”.
En los juicios de la semana próxima espera tener la oportunidad de demostrar que los contratos están resueltos y, de obtener una sentencia favorable, la Sareb no podría devengar rentas, la deuda se extinguiría y la situación del inquilino sería la que se denomina precario porque no hay vigente un arrendamiento. Por ello, explica Bhagwandas, les ha aconsejado a sus clientes que no paguen las rentas que la Sareb reclama en 2017 después de haber cargado los 20.000 euros en forma de deuda. Al abogado le consta que hay alquilados que decidieron pagar la deuda al completo y el banco malo continúa reclamándoles también el cobro de las rentas posteriores.
Varios de los inquilinos reconocen estar “al borde del desespero”, como María Lorenzo Santana, quien llegó a la urbanización “con luz de obra”. “Nosotros (ella, su marido y su hijo) queremos pagar, pero a plazos, porque esa brutalidad de dinero todo junto, no lo tenemos”.
Por ahora, esperarán a los juicios y a las sentencias y lo único que tienen claro es que se irán antes de los echen, en enero de 2018.