Felipe Campos denuncia presiones a los servicios jurídicos municipales para salvar el mamotreto
El abogado Felipe Campos denunció ayer la “campaña indecente” que se viene desarrollando en los últimos meses con el objetivo de evitar el derribo del mamotreto de Las Teresitas y el ingreso en prisión de los condenados en esta causa a pesar de la sentencia en firme emitida por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que considera que el edificio es “ilegal e ilegalizable”.
A su vez, argumentó que, “después de los ataques hacia la jueza y la fiscal, antes de la sentencia en Primera Instancia, y, posteriormente, la campaña amenazante hacia la Audiencia Provincia, ahora estas presiones se han focalizado expresamente hacia los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz ya que, en estos momentos, los técnicos están decidiendo si el mamotreto se puede legalizar o no”.
En esta línea, confió en que “a la jefa de los servicios jurídicos del Consistorio capitalino, Luisa del Toro no le tiemble el pulso y el informe que emita esté a la altura del estado de derecho”.
Al respecto, criticó que “tres arquitectos hayan defendido el mantenimiento de la polémica obra utilizando el nombre del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), cuando en realidad hablaban a niver particular”.
En esta línea, aseveró que no es la primera vez que Joaquín Mañoso como Argeo Semán y José Domínguez Anadón actúan de esta manera, citando como ejemplo el asunto del fuera de ordenación que afectó a 80.000 vecinos, y que trataron de justificar a través de un manifiesto en nombre del COAC.
A su vez, Campos recalcó que “en el caso de Domínguez Anadón, se da, además, la circunstancia, de que es primo del exconcejal de Obras, José Domínguez Pastor, que es otro de los condenados por el caso mamotreto”.
En cuanto a Joaquín Mañoso, puntualizó que “es autor del proyecto del mamotreto palmero, que es el edificio de Los Tarajales, inmerso también en una causa penal por ejecutar la obra en dominio público marítimo terrestre”. Así pues, arguyó que el nuevo presidente de la demarcación de la COAC tinerfeña parece que intenta utilizar su cargo “para defender los intereses de sus familiares y las personas de su grupo de poder”.
Por tanto, arguyó que todos ellos “son partes del problema, con lo cual, no tienen ninguna objetividad”.
Ante esta situación, el abogado instó al resto de integrantes de la COAC a que “reaccionen de una vez por todas y reprendan a estas personas que utilizan esta institución tan seria para defender sus intereses particulares”.
En lo que atañe al capítulo meramente urbanístico, subrayó que todo el “argumentario demencial” que están defendiendo para amparar la legalidad del mamotreto se basa en un informe realizado por el propio Domínguez Anadón en el que “aplican a la parcela de ésta construcción la calificación de otra parcela colidante, que es la de parque urbano y, de este modo, ”.
Sin embargo, resaltó que “aún admitiendo eso, todo el artificio que han montado haría aguas, ya que ente otras cuestiones, el límite de edificabilidad para esta parcela era de 2.900 metros y lo edificado sobrepasó los 5.000”.
Al margen de todo esto, Campos añadió que “la normartiva vigente exige un estudio de detalle para levantar el mamotreto que nunca se hizo y conforme al plan insular, tampoco se podría haber construído sin el desarrollo de un plan territorial especial, que actualmente sólo está en fase de avance”.
Por su parte, el también abogado José Pérez Ventura, incidió en que “con este ejercicio de trilerismo urbanístico se está intentando dar gato por liebre a la ciudadanía y ocultar lo que realmente ha sucedido con el tema del mamotreto”.
Al respecto, enfatizó que, a pesar de las “mentiras” de estos “grupos de poder”, con esta construcción “se saltaron todos los trámites legales, donde los propios interventores del ayuntamiento advirtieron de las responsabilidades en las que podían incurrir, y que, pese a ello, impusieron su voluntad al cumplimiento de la legalidad, tal y como ratifican las sentencias”.
Pérez Ventura destacó que “es ahora que saben que no tienen visos de prosperar todas las iniciativas jurídicas que están prosperando, recurren a estas campañas”.
De hecho, precisó que “cualquier estudiante de Dercho sabe que el recurso de revisión planteado por el exfiscal general del Estado y abogado de tres de los acusados, Eligio Hernández, no tiene ninguna opción”.
En este contexto, aclaró que “solo es válido para la aparición de nuevas pruebas que no pudieron ser obtenidas con anterioridad o si se ha producido alguna coacción o falsificación en alguna de las pruebas aportadas al proceso y ninguno de estos escenarios se ha dado en este juicio”.
Tanto él como Felipe Campos advirtieron de que para legalizar el mamotreto y evitar su derribo es necesario el convenio con la Dirección General de Costas para el deslinde marítimo-terreste, que se aprobó en el pleno del Ayuntamiento siete días después de la sentencia del caso mamotreto, y la modificación del planeamiento urbano“, una decisión que tendría un evidente ”coste político“ ya que se trata de una artimaña para ”legalizar un delito“.
Al repecto, Campos sugirió que “tal vez José Manuel Bermúdez podría asumirlo”, teniendo en cuenta que “está preso de los intereses de CC y, posiblemente, sea alcalde de Santa Cruz por haber pactado todo este tipo de temas como el mamotreto, Las Teresitas, etcétera”.
Mientras, sobre las manifestaciones del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en las que argumentaba la posibilidad de legalizar esta edificación, aseveró que estan justificadas porque “es un agente empresarial que está puesto ahí al servicio de los intereses de ciertos grupos de poder”.
Por contra, apeló a que el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín (PSOE) “debería de abandonar inmediatamente el grupo de gobierno municipal si hay alguna voluntad política decidida a legalizar el mamotreto”.
