La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha impuesto una multa de 30.000 euros a la empresa Radeza por un delito contra el medio ambiente en el municipio tinerfeño de La Orotava. A la vez se obliga a la compañía a reponer la realidad alterada.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido ahora una sentencia en la que avala esta sanción. Aunque la empresa Radeza presentó diversos argumentos en el sentido de que no se le habían admitido pruebas periciales e informes, los magistrados consideran que existe suficiente documentación gráfica que avala el procedimiento sancionador.
El TSJC determina que la empresa llevó a cabo unas obras que no se ajustaban a la licencia concedida para la reposición de muros, por cuanto ni se respetaron las alturas ni los materiales. “La mayoría de estos fueron burdamente sustituidos por bloques de hormigón armado”, se señala en el fallo. Igualmente, tampoco se respetó la configuración de la murall existente que tenía huecos.
En definitiva, se considera que las obras no se ajustaron a lo autorizado, y se realizaron unidades adicionales y contraviniendo “ostensiblemente” las condiciones fijadas para las autorizadas. También se demostró que el grueso de las actuaciones se llevó a cabo en un espacio protegido excepto 30 metros lineales de muro de toba y 50 de bloque de hormigón vibrado.
La finca en cuestión está al lado de terrenos de altísimo valor paisajístico, con poco uso humano por lo que las obras y el camino abierto causaron “un notable impacto sobre el conjunto del paisaje”. El TSJC por lo tanto califica de grave lo ocurrido en vez de “muy grave”, dado que el valor de los trabajos no superó los 40.000 euros. En cualquier caso se descarta que el delito haya prescrito, tal y como mantuvo la empresa sancionada.