Cerco a la intolerancia

Quisiera vivir en un país que castiga la intolerancia y protege la democracia, a pesar de todo. Sin embargo, esta campa a sus anchas bajo la óptica de aquellos que son capaces de justificarla. Esto es lo que nos pasa con el fascismo patrio. Existe un nivel de permisividad hacia la extrema derecha y hacia aquellos que enaltecen el franquismo con el que debemos acabar.

El pasado domingo un grupo de 300 ultras cercaron la asamblea que Unidos Podemos celebraba en Zaragoza. El diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias Juan Márquez explicaba cómo vivió la concentración: “Éramos 500 personas de más de 10 partidos diferentes; si esto le pasa al PP, hablarían de terrorismo”.

La actual portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, contaba a través de su cuenta de Twitter algunos de los gritos que les dirigieron: “Guarros hijos de puta” o “basura roja”. Este no es un acto aislado; tampoco se trata de un altercado entre personas del PP y personas de Podemos, o de “manifestantes a favor de la unidad de España”. Cuentan los miembros de Podemos en Canarias que la policía les pedía “precaución”, sobre todo a aquellos que podían ser reconocidos, como es el caso del diputado Alberto Rodríguez. Claro, que quizá lo correcto hubiera sido garantizar la seguridad en la asamblea de Zaragoza.

El hecho de que un grupo de más de 300 personas se reúna para increpar a un partido político mientras cantan el Cara al sol no es el síntoma sino la consecuencia. La extrema derecha en España cuenta con banda ancha para realizar este tipo de actos, con absoluta impunidad. Una banda ancha que queda constatada cuando el Gobierno de Mariano Rajoy se niega a acabar con monumentos que enaltecen al dictador, como es el caso del Valle de los Caídos. También les damos banda ancha cuando se financia con dinero público a televisiones regionales/locales cuyos presentadores exaltan la intolerancia.

Hace unos meses, el periodista Antonio Maestre explicaba en una de sus columnas en La Marea la importancia de mostrarnos implacables contra el fascismo. Señalaba Maestre que la única postura adecuada era abandonar la “equidistancia” y declararse antifascista. Antonio Maestre decía que, de forma contraria, el ciudadano ya se había posicionado.

Juan Márquez y el resto de miembros de Podemos en Canarias han vivido en sus carnes la importancia de no situarse en la “equidistancia”.

Quisiera vivir en un país que castiga la intolerancia y protege la democracia, a pesar de todo. Sin embargo, esta campa a sus anchas bajo la óptica de aquellos que son capaces de justificarla. Esto es lo que nos pasa con el fascismo patrio. Existe un nivel de permisividad hacia la extrema derecha y hacia aquellos que enaltecen el franquismo con el que debemos acabar.

El pasado domingo un grupo de 300 ultras cercaron la asamblea que Unidos Podemos celebraba en Zaragoza. El diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias Juan Márquez explicaba cómo vivió la concentración: “Éramos 500 personas de más de 10 partidos diferentes; si esto le pasa al PP, hablarían de terrorismo”.