Cucurrucucú, palomo

“Dicen que por las noches

no más se le iba en puro llorar,

dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar,

juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto...“

Consternados, desolados, amargados, angustiados… Así están desde el pasado día 10, cuando conocieron el informe de la Dirección Técnico-jurídica del Ayuntamiento sobre la demolición del mamotreto, el ínclito alcalde José Manuel Bermúdez y el concejal de Urbanismo Carlos Garcinuño, famoso por sus pasiones funestas. Son las primeras voces del coro municipal de plañideras, al que se ha unido públicamente un tercer palomo buchón, José Alberto Díaz-Estébanez, portavoz municipal de Coalición Canaria y delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento.

DISLATES Y CANTIFLADAS.- Las disparatadas y cantinflescas declaraciones de este último a Diario de Avisos el pasado día 17 son la mejor prueba de la desazón que embarga al grupo de gobierno municipal. El concejal nos puso en antecedentes de la hoja de ruta tramada por los tres mariachis para seguir mareando la perdiz: Hacer coincidir los seis meses que ellos mismos se han dado para redactar el proyecto, llevar a cabo la licitación y adjudicar el derribo del engendro urbanístico, con el de la realización y aprobación inicial del Plan Especial de Las Teresitas. “Una vez aprobado –remató Díaz-Estébanez–, se enviará al juzgado para que el juez decida si es suficiente para mantener el edificio”.

Porque, según puntualizó el brillante estratega, “legalizar y mantener no es lo mismo”. Una genial sutileza semántica que se da de bruces con la lógica, pues a ver cómo se puede mantener un edificio que no es legal y que, vistas las circunstancias que concurrieron en su construcción, no se puede legalizar, como afirma claramente en su conclusión número 7 el informe de la Dirección Técnico-Jurídica del Ayuntamiento: “EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL FRENTE DE LA PLAYA DE LAS TERESITAS NO ES INSTRUMENTO NI CONSTITUYE NORMA PARA LEGALIZAR LAS OBRAS ACOMETIDAS Y DECLARADAS JUDICIALMENTE ILEGALES.” Y eso porque, según reitera el mismo informe, la ficha 35 del Plan General de Ordenación, que contempla un aparcamiento en la cabecera de la playa, es sólo indicativa y no tiene, por tanto, fuerza legal para ser considerada “modificación del planeamiento que haga innecesaria la demolición al posibilitar la legalización de la obra” (1)

NO ESCARMIENTAN.- En la misma humareda retórica destinada a confundir a la opinión pública (porque al juzgado no lo van a embaucar con tales dislates) se encuadran las declaraciones de José Alberto-Picodeoro-Estébanez sobre nuevos informes complementarios al de la Dirección Técnico-Jurídica, entre ellos el que emita el servicio de Infraestructuras a su cargo y el de la Secretaría General del Ayuntamiento. Recuérdese que algo parecido hizo el exalcalde Miguel Zerolo para saltarse el informe de la arquitecta municipal Pía Oramas sobre la tasación de los terrenos de la playa de Las Teresitas, vendidos a los empresarios Plasencia y González por un precio mucho menor. Operación que fue anulada por el Tribunal Supremo y por la cual están procesados, además de los citados empresarios, el mismo Zerolo y otros ediles de entonces, así como varios funcionarios municipales, entre ellos el que en aquellos tiempos era secretario del Ayuntamiento. Estos tipos no escarmientan.

Todo esto para concluir en la guinda del disparate, la repetición del viejo mantra del alcalde, que trata de negar lo evidente: “El Ayuntamiento no encarga informes para salvar nada –termina embarulladamente Díaz-Estébanez–. Encarga informes sectoriales sobre el posible mantenimiento, porque tiene la obligación de tener garantía de que todo aquello que pueda mantenerse se mantenga, porque si derriba algo que a posteriori se demuestra que se podía mantener, podría estar cometiendo una prevaricación.” En roman paladino, prevaricar diciendo que no se quiere prevaricar; el colmo del tartufismo, “incurrir en la denominada 'insinceridad de la desobediencia disimulada' que menciona el informe de la Dirección Técnico-Jurídica, apostillando que ”el acuerdo que se tome a tal fin sería nulo de pleno derecho e incurriría en desviación de poder; y sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar“ (2). Con su pan se lo coman.

TURIFERARIOS EN ACCIÓN.- Mientras, los turiferarios mediáticos siguen agitando sus incensarios ante las insaciables narices del alcalde Bermúdez y demás cofrades. Recientemente en El Día, un consolidado monaguillo de ATI-CC echaba la culpa a los funcionarios del desaguisado mamotrético, por no haber informado en su día de lo que informan ahora, y achacaba a esta negligencia la pérdida de los ocho millones de euros (otros hablan de seis) que ha costado el inconcluso adefesio. En el mismo sentido, La Opinión titulaba en primera página a cuatro columnas el jueves 18 que “Santa Cruz gastará 700.000 euros en el derribo del 'mamotreto'”. Un uso abusivo de la sinécdoque, pues es bien sabido que Santa Cruz (es decir, el Ayuntamiento que teóricamente nos representa a todas y todos los ciudadanos) no pagará el derribo del engendro, cuyo costo se repartirá a partes iguales entre todos los condenados del caso.

Y es que la necesidad de aprovechar el dinero gastado ha sido el argumento más socorrido por los partidarios de mantener el edificio, que en ningún momento han señalado a los verdaderos culpables de la tropelía, los concejales y funcionarios venales, que para beneficiar no se sabe –aunque se sospecha– a qué empresarios amiguetes, quebrantaron un montón de normas legales y por ello fueron juzgados y condenados.

Vale, se gastó mucha pasta en llevar a cabo un acto delictivo, pero eso no justifica que el cuerpo del delito siga en pie. Llevando el argumento al absurdo, es como si una banda de atracadores quisiera justificar la posesión del botín, alegando la enorme inversión en dinamita que tuvieron que hacer para reventar la caja fuerte del banco.

Porque un delito es un delito, valga la tautología al estilo de nuestro sin par y noqueado presidente Mariano Rajoy. Una de las funciones de la ley es la reparación del orden legal vulnerado. Para eso están los tribunales y mientras, en este caso concreto, permanezca en pie ese monumento a la corrupción que es el mamotreto, dicho orden, base de lo que se ha dado en llamar estado de derecho, seguirá hecho unos zorros.

“DICEN QUE POR LAS NOCHES…”.- Y a todas estas, nos hemos olvidado de una víctima colateral de este turbio asunto, el fervoroso amante Carlos Garcinuño, que seguramente estará necesitando apoyo psicológico para superar el trauma. Quizá el alcalde destine una partida presupuestaria a tan benéfico fin o tal vez se dirija a la aseguradora del Ayuntamiento para que corra con los gastos, como quieren los condenados que se haga con el coste del derribo.

¡Amotreto, amotreto, sin ti no puedo vivir!, clama Garcinuño, arrastrando su dolor como alma en pena en torno al semiarruinado edificio, cuyos muros besa y abraza con pasión. Los vecinos de San Andrés, asustados con los lamentos y gemidos de esta nueva versión del fantasma de Catalina Lercaro, no se atreven ya a pasar de noche por la zona.

Si no por otra cosa, el alcalde debía conmoverse ante tal padecimiento y ordenar de una vez el derribo del adefesio. Por caridad, señor Bermúdez, sea bueno.

“Cucurrucucú, palomo,

cucurrucucú no llores.

Las piedras jamás, palomo,

qué van a saber de amores.“

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(1) Fundamento Jurídico 10º de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife del 18 de noviembre de 2014.

(2) Informe de la Dirección Técnico-Jurídica, página 16.