Una Ley del Suelo a medida de los grandes inversores

Durante estos últimos meses se han estado debatiendo las distintas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley del Suelo, que el presidente del Gobierno de Canarias trata de sacar adelante al precio que sea. Un ejemplo notorio de los intereses creados que se perfilan detrás de esta ley lo podemos encontrar en una sorprendente propuesta que hace Coalición Canaria para ser añadida al artículo 41, relacionado con la definición y los criterios de clasificación del suelo urbanizable. Pretende dejar una gran puerta abierta a cualquier grupo de presión que quiera desarrollar un proyecto de urbanización que le favorezca personalmente, en detrimento del interés general.

Mientras en la propuesta que nos llegaba en julio de 2016 en el punto 1 se definía el suelo urbanizable como aquel “destinado a atender las necesidades reales de ocupación del suelo, que no pueden ser satisfechas por otros suelos clasificados con anterioridad”, con la enmienda 12 Coalición Canaria añade un párrafo final al punto 1 que resulta cuando menos alarmante: “No obstante, cuando las necesidades del municipio lo impongan, se podrá clasificar nuevo suelo urbanizable previa desclasificación de suelo ya clasificado de igual superficie”. Se justifican argumentando que “se trata de facilitar los intercambios de suelo cuando es preciso para atender necesidades urbanas”. Es decir, legalizan un cambio de cromos cuando le convenga al primer inversor que llegue a tocarle a la puerta del alcalde de turno.

Con ese añadido, se pervierte la planificación que debiera estructurar el territorio previendo lo que pasará durante el futuro próximo, de 15 a 20 años, atendiendo la demanda real de la población que habita en un lugar, con el fin de cubrir sus necesidades de vivienda, espacios libres y servicios en general.

Este proceso de clasificación de suelo debe pasar por un trámite que implica la evalución del impacto ambiental de la urbanización, dándole la posibilidad a los propietarios de presentar sus alegaciones a la propuesta que se les plantee. Pues bien, si se acepta ese añadido en el Parlamento de Canarias, supondrá que, teniendo ya el Plan General de cualquier municipio aprobado y estructurado, puede llegar en cualquier momento un inversor que adquiera terreno rústico barato en las próximidades de suelo urbanizable y plantee un proyecto que trate de vender como la panacea del interés público, generador de empleo y otras maravillas.

Entonces, el alcalde planteará un cambio de cromos desclasificando suelo urbanizable por la misma cantidad, lo que supondrá un perjuicio para las expectativas de los propietarios de esos suelos ya clasificados, así como un claro retroceso al proyecto global de urbanización de la ciudad, del pueblo o del núcleo rural de que se trate.

Este es un claro ejemplo de cómo Coalición Canaria pretende legislar para unos pocos en beneficio del capital privado, perjudicando los intereses de la ciudadanía en general. Un ejemplo flagrante de esto mismo lo podemos ver en el ya famoso bulevar de Valle de Guerra. Tanto en la propuesta de planificación presentada en el año 2013 como en la del 2014 se le daba un fuerte varapalo a la pretensión de urbanizar estos suelos, teniendo en cuenta que son rústicos de protección agrícola y la Cotmac indicaba, aludiendo a la directriz 62.1, que se debía buscar alternativas que “no afectaran a los suelos de reconocido valor agrícola, estén o no en cultivo”, debiendo además tener que justificar de “forma suficiente y precisa el interés general para reclasificarlos a urbanizables”, según la directriz 58.2.

Además, en la actualidad hay suficiente suelo urbanizable clasificado en Valle de Guerra para atender sus necesidades de crecimiento. De hecho, desde 2004 hay 83.844 metros cuadrados que no se han desarrollado, precisamente porque no ha habido necesidad. Pues bien, a lo largo de estos últimos cuatro años hemos sido testigos de cómo un grupo inversor pretende urbanizar unos terrenos rústicos que compró a precio de suelo agrícola, pretendiendo que Fernando Clavijo, cuando era alcalde del municipio de La Laguna, se los reclasificará haciendoles el agosto.

Sin embargo, la negativa de la Cotmac a que se reclasifiquen suelos rústicos sin que se justifique su necesidad, como hemos visto, provocó en primer lugar la pretensión de Clavijo de abolir las directrices de ordenación general, precisamente la legislación que había impedido llevar a cabo esta barbaridad.

Ahora, además, el señor presidente pretende por la vía legislativa lo que no pudo cuando era alcalde: legalizar un cambio de cromos que hasta ahora no se podía hacer, precisamente para proteger el interés general y no legislar para unos pocos. En fin, como decían nuestro mayores, Dios los cria y ellos se juntan.

*Portavoz adjunto del grupo municipal XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna