CC se queda sola en la compra del Cabildo de Tenerife a Antonio Plasencia tras desmarcarse el PP por “oscurantismo”

Coalición Canaria (CC) se ha quedado por el momento sola en la defensa de la compra por parte del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de un edificio de oficinas en construcción a una empresa de la familia del constructor Antonio Plasencia, a la que pretende abonar 29,1 millones de euros (23 por el inmueble y 6,1 por adecuarlo como geriátrico) para reubicar de forma temporal a 200 pacientes del hospital Febles Campos, que será demolido y sustituido por otro centro nuevo. Ambos edificios se hallan en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Aunque en el consejo rector del IASS -organismo autónomo del Cabildo tinerfeño- el pasado 28 de diciembre la operación tuvo el voto favorable de PSOE y PP, y  la abstención de Podemos, los socialistas se han desmarcado ya de esa operación, y ahora es el grupo Popular en el Cabildo el que admite que tiene “dudas”. Además, acusa a CC de “oscurantismo” con ese expediente, porque “lo correcto hubiera sido sacarlo a concurso público, por transparencia”. Las gestiones en busca de un edificio se han estado llevando a cabo durante dos años “sin que nadie diera explicaciones hasta última hora”.

Así lo ha manifestado a Tenerife Ahora el portavoz del PP en el Cabildo, Sebastián Ledesma, quien asegura que el apoyo de su partido en el IASS solo debe entenderse a iniciar el expediente de la compraventa, porque no hay informes negativos y porque “la idea inicial de que se destine a ampliar de forma rápida el número de camas sociosanitarias en el área metropolitana, donde hay déficit, no parece mala”. 

No obstante, Ledesma asegura que el PP tiene ahora una serie de “dudas porque este asunto se ha llevado con oscurantismo, y han esperado al último día para explicar esto. Nos pilló a final de año”.

Entre los aspectos que el PP exige explicaciones están si el edificio, diseñado para oficinas, puede cumplir la normativa de un centro sociosanitario; las razones de que no se convocara un concurso y el procedimiento por el que se llegó la oferta de la empresa Carlacand, “porque estas negociaciones no han sido muy transparentes”. Por todo ello, explica que el PP ha solicitado copia de todo el expediente, “para podernos pronunciar sobre todos estos aspectos con todos los documentos en la mano”.

A juicio de Ledesma, “por ley la compra se puede hacer de forma directa pero en una Administración pública debemos tener mucho cuidado con los procedimientos, de modo que lo correcto hubiera sido un concurso público para que presentaran  ofertas diferentes titulares; lo hecho no es ilegal, pero entraría en lo que entendemos por transparencia que esto se hubiera licitado desde 2017 y no a cinco meses de  unas elecciones”.

El sí condicionado del interventor, el último en llegar

Asegura el consejero popular que el consejo rector del IASS se celebró el día 28, tras el pleno del Cabildo, “porque el día anterior, cuando estaba convocado, no se pudo tratar, ya que no estaban todos los informes; faltaba el del Intervención y el PP sin todos los informes favorables no lo iba a apoyar”.

Finalmente, el interventor delegado dio el visto bueno condicionado, al no poder acreditar entonces de modo fehaciente el IASS los 18,3 millones que el Cabildo va a inyectar en ese organismo autónomo para esta compra (13,5 por suplemento de crédito y cinco procedentes del convenio firmado con el Gobierno canario para infraestructuras sanitarias).

Sobre el hecho de que la propiedad sea de la familia de un constructor que está condenado en vía penal por el caso Las Teresitas por el sobreprecio de la venta del frente de Las Teresitas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como en el caso Áridos de Güímar, el PP opina que “son los funcionarios los que deben determinar si esa empresa puede contratar con la Administración”, pero que, en todo caso, es una circunstancia que con más razón obliga a dar máxima transparencia al proceso. En el expediente, figura como representante de Carlacand un hijo de Antonio Plasencia, Carlos Antonio Plasencia Romero.

En cuanto a la tasación, el PP también quiere examinar bien el expediente, si bien tienen noticias de que “se ofreció por cantidad muy superior en el mercado y la oferta hecha al IASS es bastante inferior, pero es algo que tienen que certificar muy bien los funcionarios”.

La valoración la hizo, por encargo del IASS, la empresa Tinsa, que precisamente fue la que infló el precio de las parcelas de Las Teresitas, según la sentencia de la Audiencia Provincial con datos facilitados por el arquitecto de los propietarios de esos terrenos, el propio Antonio Plasencia e Ignacio González, ambos condenados en esa causa.

A Ledesma le llama la atención que el PSOE no hubiera mostrado sus reservas sobre este expediente del IASS desde que lo conocieron en el Consejo de Gobierno insular, que autorizó la compra días antes del consejo rector de este organismo autónomo, donde de todos modos los socialistas también respaldaron el acuerdo.