Podemos calcula en 20 millones de euros el 'derroche' del Cabildo por decisiones financieras erróneas
El portavoz del grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, informó este miércoles de que “las dudas y las preocupaciones” de esta formación política ante las millonarias operaciones de alto riesgo, conocidas en la jerga financiera como swaps, que fueron contratadas por el Gobierno insular de CC-PSOE en 2010 “han quedado confirmadas” en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 10 de Santa Cruz de Tenerife.
Ese fallo judicial, avanzó Sabaté, echó por tierra la pretensión del Gobierno insular de anular una de esas operaciones crediticias y confirmó que, desde hace cinco años, la Corporación insular está pagando unos intereses desorbitados por cuatro operaciones de crédito firmadas con el BBVA por valor de 188 millones de euros, “en unas condiciones totalmente perjudiciales para el Cabildo de Tenerife, pues esta administración pública abona hasta un tipo de interés fijo del 4,26%, en una época en que los intereses financieros [de referencia] han estado por debajo del 1%”.
El portavoz de Podemos dijo que la estimación de la formación morada refleja que esa corporación ha pagado unos 20 millones de euros de más en intereses durante los últimos cinco años por esos productos financieros, inicialmente contratados hasta 2025. “Si se hubiera aplicado el interés variable vigente, estos se hubieran reducido a menos de la mitad o, incluso, a menos de un tercio”.
Como queda de manifiesto en la sentencia del mencionado juzgado, el Gobierno insular “tendría que haber sido más diligente y no contratar para no tener que aceptar las consecuencias actuales de las graves liquidaciones negativas que viene abonando durante estos cincos años”. “Aunque no sean profesionales del mercado de valores -prosigue el fallo-, tienen un departamento financiero y conocían con claridad la naturaleza del contrato y sus riesgos, que no solo eran teóricos, sino que podían ser reales y se materializaron”.
Sabaté añadió que otra de las duras conclusiones judiciales de este caso deja claro que el contrato de permuta financiera o swap firmado entre el Cabildo tinerfeño y el BBVA en 2010 “era previsible que no fuera un contrato beneficioso porque existía un pronóstico acerca de la evolución de la variable económica” que deja sin sentido que el Cabildo firmara un tipo de interés fijo excesivamente alto en la etapa en la que más bajos han estado los tipos de intereses variables.
Los argumentos de la magistrada instructora
Un simple análisis a través de Google de la evolución de los intereses hubiera bastado, añade la magistrada instructora de la causa judicial, “para concluir que esos productos no convenía suscribirlos ni modificarlos, como se hizo el 20 de diciembre de 2012”. “Cuando tenía conocimiento de los riesgos que asumía porque los intereses seguían bajando y las liquidaciones negativas eran descomunales, [el Cabildo] firma un tipo de interés fijo desproporcionadamente alto en relación con el euríbor de marzo de 2011, en el 0,706%, cuando suscribe las permutas a un interés fijo del 3,85% y cuando modifica las permutas al 4,26% y al 4,01%, estando el euríbor en junio de 2012 al 0,317% y en diciembre al 0,076%”.
Podemos registró en abril pasado una petición de comparecencia plenaria del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, para que aclarara, entre otras cosas, cuántos millones de euros han costado exactamente esas operaciones. “Finalmente, retiramos la petición porque descubrimos nuevos swaps contratados en sociedades del Cabildo y optamos por estudiar a fondo esas novedades”.
Pero ahora, dado que el presidente insular ha decidido llevar a cabo una comparecencia a petición propia sobre este mismo asunto en el pleno de este viernes, destacó Sabaté, “esperamos que nos saque de dudas de una vez por todas y que CC y PSOE asuman, en su caso, las responsabilidades que procedan”.
