Mucho ruido y pocas nueces. Así mismo se puede plantear. La tremenda escandalera producida por el cuestionado presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias, el herreño Fernando Gutiérrez, y por algunos políticos del ámbito regional de poco ha servido para elevar el porcentaje de participación de la flota cañera de las islas en los derechos de pesca de atún rojo para este año, 2017. Canarias, una vez más, solo accederá al 1,2% de lo que se reparta según flotas y caladeros, algo que así ocurre desde hace unos buenos años, desde la implantación del TAC comunitario.
Ese porcentaje del 1,2% condena en 2017 a las islas, cuando la cuota de España para las capturas de atún rojo (la especie Thunnus thynnus) ha subido el 20% (como en la UE) respecto a la de 2016 (el año pasado se fijó en 3.534,43 toneladas), a pasar de un nivel de autorizaciones de 42 toneladas, el de 2016, al que resulte de incrementar el 20% esa misma cifra, esto es, ocho toneladas más y un total de 50 para 2017.
Luego, si el planteamiento que hace la Secretaría General de Pesca es el mismo que en el año anterior, que así parece que se ha cerrado, los atuneros artesanales locales podrán añadir a esas 50 toneladas hasta el 56%, más o menos, del llamado fondo de maniobra, lo que puede dar a las islas un máximo de 120 toneladas extras, hasta llegar a un global de 170 toneladas en 2017, y ello frente a las 142 consumidas en la campaña precedente. Las del año pasado se consumieron en dos o tres semanas.
La futura orden del Ministerio de Agricultura así prevé recogerlo, un texto que se consolidará cuando sea publicado en el Boletín Oficial del Estado pero cuyo borrador, ya con los parabienes mayoritarios, no ha dejado de circular entre el sector.
Al mantenerse la participación relativa de Canarias en la nueva cuota país, que se elevó el 20% respecto al año anterior (en 2016 en 3.534,43 toneladas), la flota local de caña y cebo vivo solo se garantiza la pesca de ocho toneladas más de patudo (así se denomina en Canarias) o atún rojo que en 2016, pues la asignación pasaría de 42 toneladas a 50.
Esa subcuota para la región canaria ya solo cabría ampliarla, como ocurrió en campañas anteriores, con un trato preferencial a través del fondo de maniobra, en 2016 con 100 toneladas más para las islas, hasta completar las 142 totales de ese año, y en 2017, muy probable que con 120 más, hasta completar las 170.
Si se analiza la nueva coyuntura de reparto en relación con las demandas del sector productor local y de la propia Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, que lidera Narvay Quintero, de AHI-CC, lo conseguido, que es nada, solo puede considerarse un tremendo fracaso, pues no se llega al objetivo porcentual mínimo que habían fijado las islas, el 10% de la cuota que la UE otorga a España. En 2017 se seguirá igual, lo que implica estar a casi nueve puntos de ese umbral relativo.
La situación aún es más dramática si la comparación se hace según lo pedido por Fernando Gutiérrez, que habló de un tercio de la cuota país, es decir, en torno al 33%. De esta reclamación, el porcentaje que mantiene Canarias está a años luz.
Visto lo visto, queda claro que las islas no podrán tener más derechos de pesca para atún rojo o patudo hasta que la TAC de la UE sobrepase el umbral de las 30.000 toneladas. Para este año, ese TAC, con el aumento del 20% en 2017 (autorizado por el ICCAT), se sitúa en 23.155 toneladas y, por lo tanto, se sigue estando muy lejos del objetivo. Así se vuelve a cumplir el axioma de “donde manda capitán (el Gobierno central), no manda marinero (el Ejecutivo autonómico)”. ¿Madrid ha vuelto a dar la espalda a Canarias?