El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto-ley de reforma del sector de la estiba, a cuya liberalización obliga a España una sentencia europea. Esta reforma ahora tiene que ser convalidada, en el plazo máximo de un mes, por el Congreso.
El documento elaborado por el Ministerio de Fomento cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadores, pero lo rechazan los sindicatos, que han convocado una huelga de nueve jornadas alternas en marzo, con inicio el día 6, coincidiendo con el periodo del trámite parlamentario de la nueva ley.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la huelga “no ayuda nada” al proceso de diálogo abierto en estos momentos entre sindicatos y patronal, en el marco de la negociación colectiva, al ser un elemento de presión que no favorece llegar a un entendimiento.
El ministro ha hecho un llamamiento a que “intensifiquen” su negociación colectiva, donde se pueden acordar cuestiones como la subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, propias de los convenios colectivos y que no podían ser incorporadas al decreto porque lo prohíbe la Comisión.
Los estibadores y la patronal Anesco se volverán a reunir el martes próximo en una mesa de negociación colectiva, con la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, nombrado por el Ministerio de Empleo a petición de ambas partes.
Respuesta del sindicato mayoritario
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ha dicho tras la aprobación del real decreto-ley de régimen de los trabajadores de la estiba que este “solo logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas” de España. La medida afecta a unos 6.000 trabajadores, casi 200 de ellos en la provincia tinerfeña.
La CETM ha rechazado “de manera absoluta y enérgica” el real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros y ha apostillado sobre los estibadores que “es de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes”.
La Coordinadora ha calificado la norma aprobada de “autoritaria y abusiva, que va mucho más allá de lo que pide Europa y que no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales”.
La Coordinadora ha apuntado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, “ha preferido seguir adelante con un plan que solo busca el bienestar de la patronal”.
La CETM se reafirma, según recoge un comunicado, en la convocatoria de huelga prevista a partir del próximo 6 de marzo y la defiende como la “única medida de presión que les queda a los trabajadores para llamar la atención de la opinión pública y del resto de los grupos políticos”.