La Plataforma por el Mar de Canarias coge nuevo impulso después de más de una década intentando el respaldo de partidos políticos para que se aplique el Tratado Internacional del Mar, por el que Canarias dejaría de ser una región ultraperiférica dentro del mapa español y estaría dotada con un estatuto de plena autonomía interna, “que es el principal objetivo a conseguir”, según informó su recién nombrado vicepresidente y portavoz, Fernando Ríos.
Fernando Ríos Rull, que hasta ahora ha sido mano derecha, asesor y guía del presidente saliente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y que en la actualidad se encuentra en la órbita de Nueva Canarias, fue presentado este martes en rueda de prensa como parte del nuevo equipo directivo de la Plataforma. Junto a él, el nuevo presidente, Domingo Martín Afonso, que releva a Antonio Rodríguez de León. Entre el público asistente destacó la presencia de el alcalde Frontera (El Hierro), David Cabrera e Ignacio González Santiago, presidente del Centro Canario Nacionalista.
“La plena autonomía interna significa mayor autogobierno, que las aguas entre islas pasen a ser controladas por Canarias, y ser dueños de lo que la naturaleza nos ha dado”, dijo Rodríguez de León. “Hemos contado con el apoyo de la Agrupación Herreña Independiente, y hemos sido carne y uña con Paulino Rivero cuando era alcalde de El Sauzal, al que le facilitamos toda la información, pero luego llega la política y hace que algunos se acojonen”.
La Plataforma por el Mar de Canarias se define apartidista. “Buscamos el apoyo de quienes defienden la dignidad de estas islas. La plena autonomía interna significa tener nuestras competencias desarrolladas sin romper la unidad constitucional de España, pero el Gobierno central se niega a dárnoslas y de ahí el ninguneo que sufrimos. Se trata de dotarnos del estatuto jurídico que nos permita controlar nuestro mar”. Si así fuese, las aguas entre islas serían canarias y los barcos internacionales que navegasen por ellas deberían pagar un impuesto de peaje.
En la Plataforma reivindican que es una plena autonomía que se refleja en los artículos 46.b y 305.e del Tratado Internacional del Mar, y que de acuerdo con la propia Constitución Española, las Cortes deberían haber colocado el régimen de autonomía canaria en su sitio, pero no ha sido así, pese a asegurar con que cuentan con el respaldo de unas 200 asociaciones de vecinos de las sete islas, así como con el apoyo de cofradías de pescadores de El Hierro, La Palma y Fuerteventura.
Con la firma de José Manuel Soria.
A la pregunta de si su propuesta sólo ha contado con el apoyo efímero de Coalición Canaria, la junta directiva lo niega, ya que en su momento tuvieron el respaldo del ahora ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que en 2004, cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria, apoyó la iniciativa para que llegara a las más altas instituciones del Estado. Lo que no deja de ser paradójico, dado ha sido el impulsor de las prospecciones petrolíferas, como bien nacional, a 60 kilómetros de las costas canarias.
La Plataforma tampoco se ha visto respaldada en la Unión Europea por los hasta ahora partidos dominantes y la propuesta de plena autonomía interna, llevada a Bruselas, quedó en la gaveta en 2010 por tratarse de un asunto que afectaba al orden interno de España. Lo mismo dijeron en las Naciones Unidas.
La hoja de ruta de la nueva junta directiva tiene “cuatro puntos básicos inquebrantables”, en palabras de Rodríguez de León, que resumió el número 2, Fernando Ríos. El primero y el segundo no son poca cosa: modificar la Constitución “para que se reconozca la realidad geopolítica de Canarias, y con ello, el reconocimiento de nuestras aguas”, y con ello, que Canarias deje de ser una región ultraperiférica para ser un territorio asociado a la Unión Europea“.
Y como consecuencia de ello llegarían los puntos tres y cuatro: “poder ser parte del Tratado del Mar y negociar con nuestros vecinos los acuerdos de pesca en estas aguas, y eliminar las actuales limitaciones que tenemos como región ultraperiférica, porque si somos un estado asociado de ultramar, podríamos ser la avanzadilla de Europa entre América y África”, añadió Ríos.
“El Tratado Internacional del Mar nos posibilita una mayor capacidad de autogestión. Y beneficia a todos. España tendría no una, sino dos sillas en las convenciones sobre el Derecho del Mar y no se rompería la unidad constitucional”.
“Sólo falta convencer a los canarios, meterle por los ojos que es un nuevo estatuto que podemos tener para que el Estado nos abra la jaula”.