Bermúdez dice ahora que siempre ha defendido el derribo total del edificio de Perrault
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez, ha emitido un comunicado en el que asegura que tal y como siempre ha defendido, va a ejecutar el derribo total del edificio situado en la playa de Las Teresitas diseñado por el arquitecto francés, Dominique Perrault, conocido como mamotreto. El primer edil reconoce que los dos últimos informes jurídicos “internos” que encargó, “no implicarán cambios en la gestión llevada a cabo hasta ahora por el Ayuntamiento, que ya ha encargado el proyecto de derribo total”.
La existencia de estos dos dictámenes fue dado a conocer en el transcurso de la última sesión plenaria después de que así lo comunicara un miembro del grupo de gobierno al concejal socialista, José Ángel Martín. En aquel entonces ya se sabía que las conclusiones eran contrarias al derribo parcial, pese lo cual el alcalde poco antes había encargado la redacción de un proyecto para la demolición total y otra de sólo una parte. Una semana después, a través de un comunicado de prensa, Bermúdez indica: “Los documentos, elaborados por los Servicios Jurídicos de la corporación y por la Secretaría General del Ayuntamiento, no interfieren ni contradicen la línea de trabajo que ha seguido el grupo de gobierno para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Provincial del 18 de noviembre de 2014”.
El alcalde reitera que el Ayuntamiento ya adjudicó el pasado 16 de diciembre a la empresa Gestur la redacción del proyecto de demolición total del edificio de servicios, para lo que dispone de un plazo de tres meses. La nueva versión ofrecida por el grupo de gobierno incide en que: “Los dos nuevos informes fueron solicitados por el alcalde para descartar por completo la posibilidad de ir a una demolición parcial, lo que explica que en su momento se encargara también a Gestur un proyecto para dar respuesta a esa contingencia, hoy descartada”.
Durante la celebración de la comisión de control los miembros de la oposición denunciaron que el Ayuntamiento tendrá que abonar de su propio bolsillo este último proyecto ya que nunca estuvo amparado por el fallo judicial firme. Lo cierto es que el grupo de gobierno intentó hasta el último momento salvar una parte del controvertido inmueble, amparándose en el contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial, en el que se abría esta posibilidad, aunque para ello, el Ayuntamiento debía encontrar una forma de legalizar la parte que quedara en pie. Pese a los numerosos intentos lo cierto es que todos los informes municipales advirtieron que este extremo era imposible.
