Parejo, Domínguez y Gómez acusan a los jueces de “estar contaminados”

Los exconcejales, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor y el técnico hoy jubilado, Epifanio Gómez, acusan a los jueces del caso mamotreto de “estar contaminados”. Según sus abogados sería así en cuanto, se ha producido “un clara vulneración” del derecho a que la cuestión sea debatida por un juez imparcial. O lo que es lo mismo que el magistrado, “no tenga una opinión previamente formada sobre el asunto sobre el que se tiene que resolver”.

En el caso mamotreto, donde las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia han sido contundentes contra la Gerencia de Urbanismo, el “órgano decisorio, no sólo está abiertamente contaminado por el sentido de su previa decisión, sino que ésta además no puede ser revisada” por otra instancia judicial.

Por ello, se pide que sea el Tribunal Constitucional el que directamente examine este caso. O subsidiariamente que lo estudien magistrados distintos a los que participaron en este procedimiento en la Audiencia Provincial, “y por lo tanto no se hallen contaminados” por la resolución anterior, repiten los letrados.

De hecho, este recurso de nulidad ya ha sido rechazado en el caso del exconcejal Norberto Plasencia y de la técnico, Loreto Ariz, a los que junto a Parejo, se les ha comunicado su obligación de entrar en la cárcel y su inhabilitación.

En estos casos se plantean los argumentos que durante estos días han sido recogidos ante algunos medios de comunicación: que el suelo “invadido” era no urbanizable, cuando según afirman es urbanizable no consolidado, no se justifica por qué la Gerencia de Urbanismo es considerada promotora de la obra, por qué se refleja que es una obra inacabada, “y se motiva brevemente que sería no autorizable”. En el caso de la técnica, Candelaria Benítez, también se solicita la anulación del desembolso económico por el derribo del mamotreto, al que han sido condenados todos ellos, al ser muy elevado dada la capacidad económica de Benítez.

Sin embargo, la Audiencia ya se posicionó sobre parte de estos asuntos cuando el abogado, Eligio Hernández, que representa al exconcejal, Norberto Plasencia y la técnico, Loreto Ariz presentó un recurso de nulidad.

A mitad de diciembre se descartó que se haya vulnerado el artículo 24 de la Constitución, al supuestamente haberse resuelto cuestiones prejudiciales que eran determinantes para decidir la culpabilidad o inocencia de sus defendidos.

También se alegó, sin suerte, la vulneración del principio de legalidad y de tutela judicial efectiva. Y ello sería así en cuanto los jueces, según Hernández, no se pronunciaron sobre cuestiones planteadas en el recurso de apelación y no se motivó el acuerdo de demolición de unas obras que se consideran ilegalizables, “sin fundamento legal o jurisprudencial alguna”. Igualmente el abogado creía que no se abordó la necesidad de requerir la legalización del edificio antes de acordar la demolición.