El exsenador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo, condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Las Teresitas, ha quedado en libertad provisional y deberá personarse en el juzgado más cercano a su residencia entre los diez primeros días de cada mes. No podrá salir de territorio nacional hasta que el Tribunal Supremo confirme o no la sentencia de la Audiencia Provincial.
El tribunal no se ha pronunciado aún sobre la garantía de indemnización al Ayuntamiento en lo que se llaman las “medidas reales”, que no son otras que las referentes a la responsabilidad civil, lo que se espera en un próximo auto judicial. Esa responsabilidad civil es de cerca de 62 millones de euros, que se deben devolver a las arcas públicas del Ayuntamiento.
En cuanto a los otros cinco condenados, que son dos técnicos municipales (Víctor Reyes y Tomás Martín); el exconcejal de Urbanismo y mano derecha de Zerolo, Manuel Parejo (ya en prisión por otra causa judicial, el caso Mamotreto), y los empresarios beneficiados, Antonio Plasencia e Ignacio González, la Audiencia Provincial ordenó la entrega del pasaporte , sin necesidad de comparecer en un juzgado periódicamente.
Esta es la medida salomónica que ha dictado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial seis días después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular solicitaran, en una vista que se celebró el pasado viernes, que se dictara la prisión provisional para el exsenador y exalcalde de la capital Santa Cruz de Tenerife, condenado por la compraventa fraudulenta del frente de la principal playa de la ciudad, la de Las Teresitas.
Esa operación benefició a los empresarios condenados, en contra de los intereses ciudadanos, al permitirles la compra de 101 parcelas de la playa y aledaños, parte de ellas de propiedad municipal, de las que 11 de ellas luego fueron recompradas por el Ayuntamiento por tres veces el valor de toda lo pagado por los empresarios. Fueron 33 millones de euros por todos los terrenos y 52 millones por la venta de las 11 parcelas. El dinero que deberá devolverse a las arcas municipales es de cerca de 62 millones de euros, sumados los más de nueve millones que corresponden a intereses.
La sombra del cohecho sobreseído
El auto judicial dado a conocer este jueves fundamenta que la prisión “es una medida excepcional” y que solo debe aplicarse a casos en los que el riesgo de fuga para eludir la acción de la justicia sea más que razonable y que no estén marcados “por una alarma social”.
Para el tribunal juzgador, los hechos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción, en los que se alegaba un riesgo “altísimo” de posibilidad de fuga por parte de Miguel Zerolo, dado que debía poseer ingresos ocultos que le han permitido vivir seis años (justo tras la compraventa de la playa) sin que se percibieran movimientos en sus cuentas bancarias, no son suficientes para ordenar su ingreso en prisión.
Al contrario, dice el tribunal que son “indicios” que se manejaron durante la investigación de este calificado como “pelotazo de libro” por un posible cohecho que que finalmente fue sobreseído.
En este sentido, dice el auto judicial que “el Ministerio Fiscal y la acusación apuntan a la existencia de indicios de que Zerolo Aguilar podría ser titular de un patrimonio ubicado probablemente en el extranjero y mantenido fuera del alcance y conocimiento de las autoridades españolas. Para mantener tales afirmaciones se alude a diversos informes policiales unidos a una de las piezas del procedimiento (las investigaciones por cohecho) que fue finalmente sobreseída”.
También añade que “este tribunal ya hizo en su sentencia referencia a que los hechos que se declaraban probados habían generado extraordinarias plusvalías y que incluso se había acreditado la recepción de elevadas cantidades de dinero por alguna de las personas relacionadas con ellos”.
Pero estas sospechas no pudieron concretarse, por lo que, dicen los jueces, no cabe basarse en ellas para adoptar la medida cautelar para cuatro de los condenados, para los que se pedía la prisión provisional: además de Miguel Zerolo, Manuel Parejo y los dos empresarios, Plasencia y González.
Las acusaciones particulares argumentaron que Miguel Zerolo, aparte de la posibilidad de tener dinero fuera de España, no tenía en la actualidad empleo conocido, al contrario de los técnicos Víctor Reyes y Tomás Martín (exsecretario de la Gerencia de Urbanismo y exdirector de esta entre 1999 y 2001, cuando se ejecutó la compra y luego la compraventa del frente de la playa), quienes mantienen sus puestos de trabajo.
Sin embargo, los magistrados consideran que la prisión provisional es desproporcionada hasta que sea firme, y que el “riesgo de fuga” puede ser compensado con la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse en algún juzgado, el que designe, los primeros días de cada mes. Agregan que Zerolo siempre “ha estado a disposición de este tribunal”. Lo estuvo en la vistilla del pasado viernes, en la que defendió su falta de medios económicos y su intención de no huir.
En cuanto al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estima que, dado que ya está en prisión, los controles sobre su posible riesgo de fuga están en manos de las autoridades penitenciarias. También señalan que, como Zerolo, no ha faltado a las comparecencias ante el tribunal.
Ni la Fiscalía ni la acusación particular, representada por el abogado de Justicia y Sociedad Pérez Ventura, solicitaron el ingreso en prisión de Víctor Reyes y Tomás Martín, para quienes ha dictado la liberad provisional con retirada del pasaporte, pero sin necesidad de comparecer ante un juzgado.
Es la misma medida adoptada para los empresarios condenados. El tribunal admite que cuentan con un cuantioso patrimonio que les ha permitido hacer frente a las fianzas impuestas, pero argumentan que “se trata nuevamente de personas que han atendido cada citación judicial que se les ha dirigido; que tienen un arraigo personal extraordinario en Santa Cruz de Tenerife”.
Continúa el auto con que “ambos son personas ”de edad avanzada. Es difícil imaginar llevando una vida clandestina, ocultándose a las autoridades. No se aprecia, a la vista de lo anterior, la concurrencia de circunstancias de las que quepa derivar un riesgo de fuga...“.
Falta el auto que dirima la necesidad de garantizar el pago de la indemnización al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el negocio fraudulento.