El pleno del Ayuntamiento de La Laguna celebrado este jueves ha acordado reprobar la gestión pública de Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, todos imputados por el caso Grúas, debido a las resoluciones administrativas que en su momento adoptaron en relación con ese servicio municipal. “sin fundamentos jurídicos que pudieran prevalecer sobre los reparos de la Intervención General, y por la ausencia de acciones de control de unos graves incumplimientos notificados en numerosas ocasiones, sin realizar la más mínima acción sancionadora o al menos el inicio de expedientes para ello”, señala el partido en la oposición y denunciante de ese caso XTF-Nueva Canarias (NC).
Esta formación además añade que ello se hizo “para favorecer a un grupo de empresarios afines, en contra de la legalidad y de los intereses generales” de los ciudadanos de La Laguna.
Esa ha sido la propuesta de acuerdo incluida en una moción presentada por Santiago Pérez, líder de XTF-NC, para revocar el acuerdo plenario de julio de 2017 en relación con las conclusiones de la comisión de estudio del caso Grúas. La moción ha salido adelante con 14 votos a favor y 11 en contra.
Esa será ya la conclusión de los trabajos de análisis de la comisión especial de estudio de la gestión del servicio de grúas municipales y no el dictamen impuesto “que frustró la función institucional que se había encomendado a la comisión especial de estudio: esclarecer hechos de interés público y fiscalizar el comportamiento político para su debate y control público”.
Santiago Pérez explica en un comunicado que “las resoluciones judiciales señalan la existencia de indicios de la comisión de diversos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, de los que aparecen indiciariamente como autores Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, mientras que el dictamen antes aprobado por el pleno se sustentaba en un relato que contradice plenamente la realidad de los hechos, tal y como van quedando de manifiesto tras una prolongada investigación judicial”, remata el concejal.
Frente al relato del expediente administrativo, “queremos poner sobre la mesa las responsabilidades políticas, teniendo en cuenta también las comparecencias realizadas”. La externalización del servicio, prosigue la nota, se hizo según un informe del año 2003 que en la propia página 12 del dictamen de la comisión reconoce que “nunca se llegó al máximo de retiradas de vehículos necesarios según el mencionado documento para que la facturación fuese la establecida en el contrato”.
El pliego de condiciones, que obligaba a unos requisitos técnicos en los vehículos prestadores del servicio, al pago regular de las nóminas, a estar al día en las obligaciones tributarias y que establecía entre 2005 y 2013 la contratación de 22 operarios, “no se cumplió durante largos periodos”.
Además, esto se puede comprobar de forma sencilla viendo cómo durante todo ese periodo nunca hubo más de 16 operarios de grúas; por la certificación de los más de 300.000 euros de deudas tributarias que los directores del servicio detectaron en 2014; por los incumplimientos muy graves o gravísimos del contrato; por la ausencia de tarjetas de transporte notificada en reiteradas ocasiones, incluso por la propia Guardia Civil, entre 2013-2014, y por los impagos de nóminas que fueron denunciados por los propios empleados que prestaban ese servicio, al menos en 26 escritos diferentes entregados entre 2012 y 2014 por el registro de este Ayuntamiento.
Ante todos esos acontecimientos, solo hubo una actuación municipal: “El silencio y el encubrimiento de estas responsabilidades. No existe en todo el expediente administrativo una sola actuación sancionadora por parte del Consistorio contra esta empresa que claramente estaba incumpliendo, ni el intento de sacar nuevamente a concurso este servicio, incluso de gestionarlo a través de Muvisa, como se llegó a plantear formalmente durante el pasado mandato y reconoció el propio José Alberto Díaz en la citada Comisión”, expone Santiago Pérez.
Este mismo concejal añade que eso no fue lo único, sino que “la respuesta fue la de salvaguardar a los propietarios de Autogrúas Poli, SL, de cualquier consecuencia económica, llegando al extremo de realizar -al margen de la ley- un préstamo de 120.000 euros para dar a la empresa una apariencia de solvencia y tratar de justificar la prórroga del servicio. Frente al interés general, se puso el interés particular de personas vinculadas a responsables políticos de CC”, sostuvo Pérez.
Con independencia de lo que ocurra en los tribunales de Justicia, “ese comportamiento merece una reprobación política como conclusión del trabajo de la comisión especial investigadora de la gestión del servicio municipal de las grúas”, remata el concejal de XTF-NC. Sin embargo, “la finalidad del dictamen aprobado en su día por el pleno fue la de evitar que la Comisión condenara tales comportamientos”.