La concejal responsable del IMAS de Santa Cruz, Alicia Álvarez, ha manifestado que el alquiler de los vecinos de un edificio propiedad de Banif localizado en el barrio capitalino de Añaza, “está al día”, saliendo así al paso de las informaciones que apuntaban a una comunicación de la inmobiliaria del Banco de Santander, que había comunicado ya a unos 20 inquilinos, una orden de desahucio por impago, así como otra serie de comunicaciones que hicieron saltar todas las alarmas.
La edil socialista señaló que “el abono está realizado hasta el mes de enero” y que la tramitación del pago de los alquileres se lleva a cabo en unas oficinas en el propio barrio, y que hasta la fecha, “las relaciones con el gestor han sido buenas”, pero matizó que, “lo que ha ocurrido es que en las últimas fechas, ha cambiado una parte de la empresa que realizaba las gestiones”. Reconoció que ha habido un retraso de un mes, lo que, a su juicio, no justifica ni ñla forma de proceder ni la pretensión de la entidad bancaria.
No obstante, señaló que en la jornada del jueves 19 de marzo mantuvo un encuentro con dicho grupo, “y ya se ha acordado que esta situación se va a solucionar y a evitar que ocurra de nuevo”. Además, ya se ha dialogado con el Grupo Santander para corregir esta situación.
Álvarez calificó de “horroroso” el miedo y el disgusto que han tenido que padecer las familias afectadas y que han recibido las cartas amenazadoras, aunque precisó que “salvo algún caso de personas que no han presentado las facturas durante algunos meses, que se solventarás, el resto también se va a resolver”.
Por ello, al igual que lo hiciera esta semana el alcalde, Alicia Álvarez aseveró que “el desalojo de estas personas se va a paralizar, pues afirmó que ”en la mayoría de los casos ni siquiera se tenía que haber comunicado, porque se estaba al día en los abonos, tanto por los usuarios como por el IMAS“.
Recordó que el consistorio municipal, ante los casos de familias con escasos recursos económicos, y que son usuarios de los Servicios Sociales, establece una serie de contactos con los propietarios, ya sean entidades bancarias o particulares para facilitar viviendas de alquiler. En el caso concreto de Anaza, se trataba de un edificio gestionado por un fondo bancario, cuyo precio de alquiler superaba los 400 euros mensuales, aunque se logró por medio de un convenio suscrito en 2013 una rebaja de 240 euros de media, a cambio de ofertar una prestación anual de 2.400 euros de ayuda (PEAS), lo que representa una cobertura de 10 meses.
Álvarez explicó que el contrato se realiza, de manera directa, entre el inquilino y la propiedad, pero con el compromiso del abono de la ayuda por alquiler por escrito del consistorio, de manera mensual. Así se ha venido trabajando durante más de un año con 76 viviendas, “con normalidad y con el abono de todos los pagos, salvo algún retraso en la entrega del recibo”, matizó la concejal.