El Ayuntamiento santacrucero permitirá derribar una casa modernista que divulgó en un libro entre las más valiosas de la ciudad
La demolición de edificios históricos en el antiguo barrio de Miraflores, en la capital tinerfeña, han desatado una tremenda polémica entre el Cabildo, que las quiere preservar, y el Ayuntamiento, que ya anunciado, valiéndose de informes solicitados a una fundación internacional, el CICOP, que va a dar licencia para demoler los tres últimos edificios que quedan en pie de los seis que han motivado esta controversia. El Cabildo no está solo en esta batalla, pues el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna Alberto Darias Príncipe, ya jubilado, ha salido a la palestra porque dice sentir “vergüenza” y ha tachado de “disparate” los derribos y la Asociación Nuestro Patrimonio -que fue la que puso este asunto en la opinión pública desde el pasado año- ha reclamado a ambas administraciones públicas “un esfuerzo” para salvar varias fachadas “con valores patrimoniales indudables”.
Las declaraciones de Darias, publicadas por El Día son significativas porque es uno de los máximos referentes en Canarias en su disciplina, y tal vez el mayor conocedor del patrimonio histórico chicharrero, autor de un voluminoso libro que editó el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, en 2004, durante la etapa de Miguel Zerolo como alcalde (CC), sobre la arquitectura histórica más valiosa de la ciudad, y en el que incluyó de forma destacada la llamada Casa Clavijo, una construcción modernista obra del arquitecto Antonio Pintor y Ocete, una de las que ahora el Centro Internacional del Patrimonio (CICOP) quiere tirar.
Pero no solo por esta razón, el historiador del Arte, ya jubilado de la ULL, ha confesado que en la década pasada los redactores del Plan General de Ordenación (PGO) Palerm, Tabares de Nava y Senante contactaron con él para que elaborara el listado de edificios que conservar, pero apuntó que las desavenencias con ellos no tardaron en aflorar y finalmente optó por renunciar, al sospechar “que más que a un experto lo que necesitaban era una firma para avalar futuras actuaciones”.
Y se da la circunstancia de que el propio Juan Manuel Palerm, uno de los arquitectos redactores del PGO, es el que firma los informes del CICOP sobre Miraflores dando la puntilla a estos inmuebles, cuando en su día determinó que eran “susceptibles de futura catalogación”, pero se negó a incluirlos en el catálogo hace una década sin motivar su decisión caso por caso, pues se limitó a argüir que la competencia es del Ayuntamiento y no tenía por qué asumir los informes del Cabildo.
Rechaza Darias el argumento de que las casas deben ser demolidas por ser “viejas” y apunta que precisamente esa es la estrategia seguida en los cascos históricos de El Toscal y el Antiguo Santa Cruz. “Primero se deja que se caigan a pedazos y luego dicen que ya no queda otro remedio que derribar los edificios porque se encuentran en muy mal estado. Es una auténtica vergüenza”, subraya. Sin embargo, los tres inmuebles que ahora el CICOP ha avalado demoler no están declarados en ruina, e incluso están ocupados por prostíbulos.
El veterano especialista en Historia del Arte dedicó a la Casa Clavijo dos páginas en su extenso libro “Ciudad, Arquitectura y Memoria Histórica. 1500-1981”, que le publicó el Ayuntamiento santacrucero y prologó el concejal de Cultura de entonces, Bruno Piqué (CC), quien justificó esta publicación por la conmemoración del segundo centenario de Santa Cruz de Tenerife como municipio independiente y “para acabar con el tópico de la escasez de obras monumentales en la antigua capital de Canarias y dar a conocer la valía artística de los diferentes periodos de la construcción” de la ciudad.
En ese libro, Darias subrayó que “con esta obra Pintor demuestra su capacidad de renovación en uno de los momentos más brillantes de su carrera, la década que transcurre entre 1900 y 1910. Además aquí se plasma el reto de trabajar con lenguajes no habituales en él, como son los historicismos y el modernismo, ambos conjuntados”.
El catedrático de la ULL ya jubilado elogió además hace años esta construcción en una ponencia que presentó en el I Congreso Internacional coupDefouet sobre Art Nouveau-Modernismo, celebrado en Barcelona.
Lo mismo han dejado patente en sus informes los funcionarios del Cabildo al advertir, sobre este inmueble, que “de forma taxativa, debiera estar catalogado, por su magnífica fachada”. Y así con los otros dos que el CICOP ha condenado ahora al derribo (ya lo hizo esta fundación con otros tres demolidos este año), entre ellos una imponente construcción de tres plantas en la calle Juan Padrón esquina con Carmen Monteverde, obra también del arquitecto citado anteriormente, construida en 1908. El promotor del edificio fue Enrique Pérez Soto, “una destacada personalidad santacrucera, que vivió entre 1854 y 1925 y fue cofundador de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife. Cedió el bajo de esta gran vivienda para que fuera la primera oficina de CajaCanarias, que se crea oficialmente el 13 de abril de 1910. Curiosamente, una promoción de viviendas en construcción anexa, del mismo promotor que construirá la urbanización prevista sobre las hoy viviendas históricas, está financiada por La Caixa, propietaria de CajaCanarias.
Aunque con aparente menor interés que los otras dos, los técnicos del Cabildo también proponen catalogar un edificio situado entre las calles Juan Padrón y MIraflores, proyectado en 1951 por el arquitecto Domingo Pisaca y Burgada.
El patrimonio de los últimos dos siglos, destruido
La destrucción del patrimonio histórico en la capital tinerfeña es de tal calado que este experto estima que se ha derribado ya una cuarta parte de los inmuebles del siglo XIX y XX que, a juicio de este historiador del arte, deberían haber sido celosamente conservados. Y de lo que subsiste, según ha puesto de relieve la asociación Nuestro Patrimonio, más de la mitad de los catalogados en el conjunto hIstórico de El Toscal está en regular o mal estado de conservación, algunos en ruinas, y en el otro casco histórico, el Antiguo Santa Cruz, la mitad está descuidado y deshabitado o sin uso. Por si esto no fuera poco, son más de 500 los inmuebles que el servicio de Patrimonio HIstórico del Cabildo de Tenerife viene pidiendo desde 2006 al Ayuntamiento darles un grado de protección, de los que varias decenas ya han desaparecido para construir nuevas viviendas.
Guerra entre Cabildo y Ayuntamiento
La realidad es que mientras desde el Cabildo, la consejera de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa (PSOE) ha dejado claro que los informes del CICOP le resultan incompletos por falta de valoración histórica de las viviendas que se quiere echar abajo, y que en esas condiciones no avalará más derribos, e incluso se planteará su suspensión cautelar, desde el Ayuntamiento el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, ha sacado pecho, como si de una mera guerra política se tratara, y ha anunciado que dará las licencias sí o sí, diga lo que diga el Cabildo.
Tarife ha manifestado en La Opinión de Tenerife que si la consejera insular paraliza las obras -como ya hiciera con otro inmueble en el mismo barrio hace unos meses y por igual motivo- “dejaríamos pasar los 30 días y las levantaríamos, tal y como establece la ley”. Y es que, en efecto, la Ley de Patrimonio HIstórico de Canarias (por cierto, en trámite de reforma parlamentaria) da a los cabildos la potestad de parar unas obras de demolición pero a la vez le otorga al Ayuntamiento el poder de reanudarlas en ese plazo acreditando con un informe que no tiene valor histórico o artístico lo que se derriba.
El edil añadió que “nosotros tenemos un Plan General que no protege esos inmuebles, no tendríamos por qué pedir esos informes, se han solicitado precisamente para, de alguna manera, cumplir con el acuerdo alcanzado con el Cabildo [ a raíz de la anterior paralización de derribos], y somos escrupulosos”, añadió el concejal del PP.
La realidad es que a finales de junio pasado, en MírameTV Tarife tachó de “disparate”, “surrealista” y “asombroso” que si en la anterior revisión del PGO el Cabildo propuso en un informe técnico proteger más de 500 inmuebles, en ese momento el Ayuntamiento “no hiciera nada, sin revisar el catálogo de protección, y se quedó con los brazos cruzados”.
Pero la solución adoptada por el Ayuntamiento, ha generado críticas, hasta el punto de que los propios técnicos del Cabildo y la consejera han restado rigor a los informes del CICOP. Este martes, el jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo no pudo contenerse y en Facebook y se preguntó: “¿De verdad que pueden existir arquitectos que afirmen que la Casa Clavijo, en Miraflores, y la Casa Pérez Soto, en Juan Padrón, son viviendas de tres al cuarto o que están en estado ruinoso y que ya sólo valen para carne de piqueta?”.
La no catalogación de estos edificios de Miraflores y otros 500 pasó sin pena ni gloria hace años, cuando se aprobó el anterior PGO, hasta que el pasado año la Asociación Nuestro Patrimonio aireó los informes del Cabildo y, tras el anuncio del Ayuntamiento de que iban a derribarse todos los edificios antiguos de Miraflores, pidió a la institución insular un informe actualizado sobre qué inmuebles aún merecían preservarse. Y en agosto de 2017 lo emitieron los funcionarios, concluyendo que seis edificios debían protegerse (como mínimo las fachadas).
La Asociación Ciudadana Salvar las Viviendas
Este jueves, esta asociación reclamó por enésima vez al Ayuntamiento y al Cabildo que “los esfuerzos y las gestiones necesarias para que las fachadas valiosas desde la perspectiva del patrimonio histórico puedan quedar integradas en el nuevo proyecto de manzana previsto en MIraflores, de modo que sigan formando parte de nuestra historia y paisaje urbano”. Para ello, pide que “se congenien los valores patrimoniales, las mejores soluciones que para ello se propongan en los estudios técnicos oportunos, los derechos de la propiedad privada y la necesaria modernización urbanística del antiguo barrio de Miraflores”.
Para la asociación, “esta es una oportunidad para que la Administración Pública participe en una intervención ejemplarizante de transformación urbana , que permita realzar nuestra identidad, historia y autoestima cultural, dado que la arquitectura de la ciudad ha bebido a lo largo del tiempo de las influencias y tendencias internacionales”.
Un asunto que se hunde en la época de Zerolo
En el largo recorrido que tuvo el Plan General nacido en la época de Zerolo, hubo un episodio todavía no aclarado de forma suficiente: la Cotmac, en su ponencia técnica de junio de 2011, entre sus reparos puso suprimir el tomo de “inmuebles susceptibles de futura catalogación” porque se trataba de una mera declaración de intenciones y no una categoría jurídica. Y el Ayuntamiento, ya en la época de Bermúdez (accedió al cargo justo en junio de ese año), así lo hizo: desapareció el tomo pero los inmuebles no dejaron por ello de ser en la realidad “susceptibles de futura catalogación”, ni ningún informe técnico municipal examinó uno por uno para contradecir al Cabildo, ni tampoco se hizo la “futura” revisión del Catálogo de Patrimonio Histórico.
El alcalde santacrucero, que antes de ser regidor santacrucero fue consejero de Planificación y Turismo del propio Cabildo, ha hecho valer en esta polémica que el Cabildo (o sea, el gobierno insular del que él mismo formaba parte) no recurrió por este motivo el Plan General, sino que le dio el visto bueno, pero las fuentes consultadas por este diario indicaron que hubo un acuerdo no escrito para que no se demorara más la ya larga tramitación del plan, con el compromiso de que se haría una revisión del catálogo de edificios protegidos en años posteriores. Nunca se ha hecho.
Tras las denuncias públicas de la asociación Nuestro Patrimonio, en junio de 2017 el pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad que cuando se cree de nuevo el Consejo Municipal de Patrimonio HIstórico (el anterior lo creó en 2009 el concejal Alfonso Soriano Benítez de Lugo y llevaba una década casi reunirse) se amplíe el listado de edificios protegidos partiendo de los 500 que desde hace una década propone catalogar, osea, preservar en todo o en parte, el Cabildo. Pero los tres derribados en Miraflores este año ya no se beneficiarán de ese indulto, y el mismo camino parecen seguir los tres que aún quedan en pie.
