Santa Cruz de Tenerife pide que la nueva ley contemple la permuta de suelo público por viviendas vacías
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Gobierno de Canarias que, en el borrador de la futura Ley del Suelo, se permita la permuta de suelo publico por viviendas privadas, muchas de ellas ya construidas y vacías por no haber tenido salida en el mercado. Según el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, la petición al Ejecutivo se ha hecho de forma “oficiosa” pues aun no se ha abierto el plazo de presentación de alegaciones al anteproyecto de dicha ley.
El Ayuntamiento busca con su propuesta contar con un número determinado de viviendas para destinarlas a alquiler social, y además dar respuesta a los varios miles de demandantes de viviendas sociales en la capital tinerfeña a través de la adjudicación en propiedad, competencia esta última del Gobierno de Canarias. En la actualidad en la capital tinerfeña más de 1.000 familias reciben una ayuda municipal para poder pagar el alquiler de las casas que habitan.
“Ante la falta de recursos para atender la gran demanda de vivienda social que tenemos, podría ser una opción el permutar suelo público por estos inmuebles de promotores privados que podrían quedar a disposición de esas personas en menor plazo de tiempo”, indico Bermúdez este miércoles tras una reunión entre administraciones en la que se abordó otra problemática: la necesidad de recursos especializados para prestar asistencia a las personas sin hogar.
En cuanto a la carencia de vivienda, la propuesta del Ayuntamiento es que la ley permita que las administraciones puedan permutar suelo público por inmuebles privados para convertirlos en viviendas sociales. “Los ayuntamientos tienen suelo pero no tienen dinero ni para comprar viviendas ni para construirlas. Aparte de eso, si hay un parque de viviendas vacío para qué vas a crearlo”, señaló a Tenerife Ahora Bermúdez.
El alcalde recordó también que, en 2012, “aparte de ser el Ayuntamiento pionero en España que se opuso a las entidades financieras que desahuciaban, llegamos a un convenio con Banif, para que 70 viviendas que se encontraban en Añaza, propiedad de esta entidad financiera, fueran cedidas al Ayuntamiento a cambio de un alquiler social, para que entraran familias que lo necesitaban”.
Según Bermúdez, ahora se trata de avanzar en esta línea pero “cediendo suelo a bancos y promotores para que construyan, si quieren, cuando mejoren las condiciones de mercado, a cambio de casas vacías que se convertirían en viviendas sociales”.
