Las 66 familias afectadas por la venta presuntamente irregular de sus viviendas de protección oficial (VPO) en Granadilla de Abona se concentrarán este viernes, día 26, a las puertas del Parlamento de Canarias para protestar por “el calvario judicial que están sufriendo”, tras la supuesta venta ilegal de sus hogares a nuevos propietarios que ahora les denuncian por ocupación.
La manifestación, organizada por la Asociación Residencial Arguayoda- Las Acacias y la Plataforma Montaña Clara, tendrá lugar desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
Las familias piden justicia ante esta situación, que llevan padeciendo desde hace años y por la que presentaron una denuncia colectiva ante el Juzgado de Granadilla y ante la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. Asimismo, apuntan en un comunicado, han recibido denuncias por parte de los supuestos nuevos propietarios de sus viviendas. “Sentimos indignación, rabia, impotencia y un sufrimiento que no parece tener final, pero con ganas de luchar por que se haga justicia”, señalan en la nota.
Estas 66 familias alquilaron las viviendas en 2013 gracias a una promoción de VPO, construidas por la mencionada empresa de la familia del expresidente de Canarias, Manuel Hermoso, Promociones Amojo SL. “Tras el quiebre de esta sociedad, comenzamos a vivir una situación tan increíble como surrealista porque nuestros hogares acabaron en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias”. Confirman los afectados que los pisos han sido revendidos hasta en cuatro ocasiones.
Esta situación fue denunciada en 2019 de manera colectiva ante el Juzgado de Granadilla de Abona, y están aún a la espera de su instrucción, así como en el Instituto Canario de Vivienda. “Desde el Gobierno de Canarias, nos confirmaron el año pasado que no existía solicitud alguna presentada por la promotora original para transmitir la promoción de viviendas a otro titular y que las VPO hasta 2043 no pueden dejar de estar arrendadas”, argumentan los afectados. Por si esto fuera poco, los afectados deben rendir cuentas a la justicia porque “los autoproclamados nuevos propietarios de sus hogares les han denunciado y reclaman la propiedad o el pago de las rentas”.
El Instituto Canario de la Vivienda abre un expediente sancionador a la constructora
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), anunció esta semana que va a abrir un expediente sancionador contra la empresa Promociones Amojo por poner a la venta más de 60 viviendas protegidas.
A la empresa se le acusa de incumplir el Real Decreto 2066/2008 que regula el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, al que se acogió en 2013 para obtener una subvención a cambio de declarar a las 66 viviendas del Residencial Las Acacias, situadas en Granadilla de Abona, como de protección oficial y promoción privada.
Según ha informado la Consejería de Vivienda, dicho Plan estipula que la venta o transmisión de este tipo de viviendas, aunque sean de promoción privada, deben contar con la autorización previa del Gobierno de Canarias, autorización que nunca se ha concedido.