Las administraciones públicas no resuelven los vertidos ilegales al mar desde el polígono de Güímar en el plazo dado por la Justicia
Las fuerzas políticas Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) han avanzado este lunes su preocupación por el posible cierre del polígono industrial de Güímar, en la comarca nordeste de Tenerife, al no haberse cumplido el plazo de nueve meses (vence este martes) establecido por el juzgado el pasado 13 de junio para acabar con los vertidos ilegales de aguas residuales y sin depurar procedentes de las empresas alojadas en esa instalación.
Estas organizaciones políticas, que han denunciado los vertidos ante los tribunales en dos ocasiones, destacan que “este martes, 13 de marzo, se cumple el plazo dado por el juzgado y solo se va a poder tomar nota de las infracciones del Consejo Insular de Aguas”, según afirma el concejal de Sí Se Puede en Candelaria, Agustín Espinosa.
Previamente, los ayuntamientos del Valle de Güímar (tres: Güímar, Candelaria y Arafo), que son los responsables del polígono industrial, “han tenido años para abordar esa situación. Como los gobiernos locales no tuvieron iniciativa propia, presentamos mociones en 2012 con el objetivo de que se pusieran manos a la obra”. Ahora se ve que “no lo han hecho y escurren el bulto, miran para otro lado y despejan balones fuera”, añade el mismo concejal. Los grupos municipales de esos partidos han advertido que tales vertidos son más peligrosos de lo que se piensa.
El incumplimiento de los plazos establecidos por el juzgado puede conducir a una medida que afecta a más de 3.000 personas empleadas en las compañías ubicadas en ese polígono.
A este respecto, el concejal de IUC en Arafo, Francis Hernández, indicó que “no se puede jugar con los puestos de trabajo de la gente; hemos llegado a estas alturas en la que el plazo se cumple mañana y solo se ha hecho el listado de empresas y de los productos con los que contaminan”.
“Lo hemos advertido -apunta la concejala de Sí Se Puede en Güímar, Lourdes Galindo-. Hemos avisado reiteradamente de que el vertido directo de aguas residuales procedentes del trabajo industrial es muy peligroso, tal como demuestra el resultado de las tomas analizadas, que indican que son necesarios procesos de depuración complejos y profundos, no básicos, como esperaban algunos responsables políticos”.
Sin embargo, “el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) lleva mucho tiempo mareando la perdiz. O sus responsables no entienden lo que tienen entre manos o están intentando desorientar a la ciudadanía”, dice Espinosa, que señala que la información que trasladó este organismo al juzgado respecto a que la depuración se resolvía en nueve meses y que costaría un millón y medio de euros era errónea, ya que hay que contar con el plazo de licitación de la prestación del servicio y con los costes reales de una operación de depuración muy profunda, que se estima en unos seis millones de euros para crear la depuradora.
Finalmente, Galindo explicó a la alcaldesa de Güímar que “el emisario no es el que depura las aguas, es solo el conducto por el que se ejecuta el vertido”, al tiempo que se pregunta si Carmen Luisa Castro realmente ignora el procedimiento de depuración. Si “no sabe lo que es una depuradora y un emisario o intenta engañar a la gente, solo hay esas dos explicaciones”, sintetizó.
