“El Ayuntamiento tiene medios y obligación de resolver la situación del Iders”, reclama la plataforma vecinal Vigía de Puerto de la Cruz

Un ayuntamiento no puede escudarse en dificultades administrativas, derechos de propiedad o problemas de reubicación mientras, como ocurre con el edificio Iders en Puerto de la Cruz, se deteriora el inmueble, crecen la insalubridad y el peligro de infecciones, a la vez que aumenta la inseguridad entre los vecinos de la zona, con denuncias por peleas, agresiones y amenazas protagonizadas por ocupas y personas en estado de marginalidad refugiadas en ese bloque de viviendas abandonado, con orden de desalojo por riesgo de aluminosis desde 1991. La Corporación tiene instrumentos y la obligación de actuar  de inmediato para resolver, aunque sea de modo transitorio, ese problema urgente.

En esa idea coinciden organizaciones ciudadanas de Puerto de la Cruz, como la plataforma Vigía de los Derechos Públicos y Privados, y técnicos especialistas en competencia municipal al abordar un asunto con derivaciones urbanísticas, de seguridad y de atención social, que ha desbordado a diferentes gobiernos municipales durante las tres últimas décadas “y que ofrece una imagen denigrante de una ciudad que quiere recuperar el turismo”, señala un portavoz de la asociación vecinal. 

Este medio se ha hecho eco en los últimos días de la problemática que aqueja el entorno del edificio Iders, en especial desde la declaración de medidas de confinamiento por el estado de alarma, y con el traslado del malestar y miedo manifestado por vecinos de la zona -muchos de ellos extranjeros residentes- a las representaciones diplomáticas de distintos países europeos.

Desde el Ayuntamiento se admitía hace días la complejidad de un problema que “hemos intentado resolver desde todos los ámbitos” pero resulta “difícil ponerle solución”, en palabras del actual regidor, Marco González.

Por un lado, y en el marco de una solución general, existe una propuesta urbanística presentada por el equipo de gobierno a los propietarios en asamblea para la demolición y reconstrucción del inmueble, pero no hay todavía un plazo temporal que permita divisar un final, a la espera de concretar acuerdos con múltiples actores o una posible expropiación de la propiedad y el abono de un justiprecio a esos propietarios. 84 apartamentos y 14 comerciales estaban dispuestos en el edificio Iders en el momento de su desalojo.

Pero lo más inmediato y urgente, consecuencia del propio abandono y descontrol de tantos años en el Iders, sería afrontar “desde ya, el aumento de la inseguridad, el riesgo de infecciones por las penosas condiciones higiénicas, las agresiones, peleas, incendios y escándalos públicos continuos”, recalcan desde la plataforma Vigía, a lo que hay que añadir “las intimidaciones y amenazas los vecinos de la zona; es inadmisible que eso ocurra y no se remedie”, subraya el representante de la asociación.

Desde el ámbito municipal, el Ayuntamiento tiene los mecanismos garantistas suficientes para abordar el desalojo de los ocupantes de un edificio con orden de desalojo y en situación de riesgo, siendo de hecho la administración competente para ello por su cercanía. Técnicos especialistas consultados confirman que en el trámite se justificaría la necesidad ante la instancia judicial para que se autorice el desalojo efectivo de un inmueble afectado como podría ser el Iders (quieran o no sus ocupantes) y procedería incluso a su tapiado (que tampoco se ha hecho en este inmueble) si así se entendiera por la urgencia y peligrosidad de la situación, al margen de la propiedad privada o pública del mismo.  

De forma paralela, lo observable es que los propios servicios sociales municipales acompañen el proceso para buscar una solución -realojo-, aunque sea provisional, para personas con vidas desestructuradas en muchas ocasiones (adicciones o problemas de salud mental, entre otras circunstancias).

La plataforma Vigía reclama al Ayuntamiento “que tome el toro por los cuernos” y no deje que la situación “se siga pudriendo”. Insiste en la urgencia de garantizar la seguridad de los vecinos actuando contra ese “foco de disturbios y de infecciones” en que se ha convertido el edificio Iders. Al hilo de ello, desde la asociación se conoce que hay “un cabecilla entre los ocupas, un italiano, que extorsiona al resto cobrando por alojarse allí”. 

Esta organización vecinal propone que “para empezar, se podría subir la altura del muro que rodea el inmueble y tapar la entrada, una vez se haya desalojado el edificio”, una medida, afirma, “que algunos de los propietarios están deseando”.

En este sentido, una iniciativa similar acometió ya el actual equipo de gobierno local el pasado mes de octubre en las instalaciones abandonadas de la antigua piscina municipal, recinto ocupado hasta entonces por personas sin hogar y que utilizaban el interior de las casetas para pernoctar. Por aquel entonces, personal del Ayuntamiento procedió a desalojar a sus ocupantesy tapió sus accesos en puertas y ventanas.

La plataforma vecinal Vigía de los Derechos Públicos y Privados de Puerto de la Cruz tuvo parte activa en la denuncia por prevaricación contra el entonces alcalde Lope Afonso, condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, al haber autorizado la celebración de dos mercadillos de artesanía en la localidad portuense sin seguir el procedimiento administrativo en los años 2013 y 2014, en los tiempos en que era concejal de Desarrollo Económico y Comercio.