Extranjeros residentes en Puerto de la Cruz piden el amparo de consulados y embajadas ante las “amenazas” de ocupas del edificio Iders

Vecinos residentes en las inmediaciones del edificio Iders en Puerto de la Cruz vuelven a lanzar la voz de alarma por la situación de inseguridad, peleas, escándalos y condiciones de insalubridad en el entorno de este bloque de viviendas desalojado hace tres décadas, refugio ahora de mendigos y ocupas en el turístico municipio del norte de Tenerife.

Los denunciantes, extranjeros y jubilados muchos de ellos, afirman que los episodios “de riesgo y violencia” han aumentado desde la declaración del estado de alarma, tal y como adelantó este medio, hasta agravarse en los últimos días con “amenazas e insultos” sobre los moradores de los edificios cercanos.

Una ciudadana inglesa, que intimidada prefiere guardar el anonimato, advirtió que un grupo de vecinos ha optado por dirigirse a diferentes consulados y embajadas buscando amparo ante un escenario que califican como “insoportable” ante lo que llama “inacción de las autoridades locales”.

El Consulado Central de Alemania en Canarias y las embajadas de Austria y Suiza en Madrid son algunas de las representaciones diplomáticas que tienen ya conocimiento de estas peticiones de auxilio, según ha podido confirmar TenerifeAhora.

Desde estas instancias se han realizado averiguaciones sobre las quejas formuladas por los vecinos y establecido canales de comunicación para mantenerse informados sobre la evolución de los acontecimientos, a la hora incluso de facilitar asistencia letrada si llegara el caso.

El edificio Iders se encuentra situado en la Avenida Familia Betancourt y Molina, en la zona de la Playa de Martiánez, y las situaciones de alteración del orden público, amenazas, insultos y situaciones de inseguridad, denuncian los afectados, se extienden por esta vía, la Avenida Venezuela y la calle Obispo Pérez Cáceres, especialmente.

Las quejas son formuladas por inquilinos y vecinos residentes en la comunidad Guajara, apartamentos Dragó y los edificios Bambina o Volcán, entre otros, todos ellos en las proximidades del foco del conflicto.

Hans, nombre ficticio de un ciudadano alemán que pasa largas temporadas en Puerto de la Cruz desde que hace unos veinte años se enamoró del clima y la tranquilidad del lugar, lamenta la “impotencia” por la sensación de abandono de los vecinos, de la que responsabiliza a las autoridades municipales y a las fuerzas policiales.

“Tenemos miedo”, recalca, “y a veces no podemos ni asomarnos a la ventana porque nos amenazan a gritos por si grabamos algún vídeo de lo que pasa cuando salen a la calle borrachos y drogados”.

Afirma que el estado de alarma y la necesidad de guardar normas de confinamiento no parece preocupar a los ocupas del Iders, pues a pesar de las llamadas realizadas al 112 (Emergencias) y al 091 (Policía Nacional), de las que guardan registro, “nadie ha conseguido solucionar nada”.

Rottweiler suelto y sin bozal

Luis, otro residente en la zona, relata una serie de incidentes producidos en la primera semana de mayo y que provocaron la “alarma general” entre muchos vecinos.

El protagonista fue un ocupa, al que los afectados conocen como Luca el Italiano, quien, por lo que cuentan, suele deambular por los alrededores del Iders y se estaciona en los bancos de la avenida junto a un perro rottweiler sin cadena ni bozal “imponiendo respeto” a los que caminan por la zona y asustando a todo aquel que pasee solo o en compañía de algún animal.

“En una ocasión vimos como Luca, colocado, empujaba a un agente y no era ni detenido”, señala. “La última vez que la Policía respondió a nuestras llamadas fue el 6 de mayo y al día siguiente organizaron una fiesta con enorme escándalo, y después salió Luca y su perro intimidando a gritos a todos los vecinos por la avenida”.

Reconocen estos ciudadanos denunciantes que no saben qué más hacer para lograr vivir en paz. Dicen haber contactado también con el periódico alemán Bild (líder en Europa con una tirada diaria que ronda los 3,5 millones de ejemplares) y con un canal de televisión germano para la posible emisión de un reportaje. No descartan tampoco iniciar una campaña informativa entre las agencias de viaje europeas.

Bien es cierto que estos vecinos admiten las dificultades administrativas y legales que puede suponer realojar o buscar otra ubicación para los ocupantes del edificio Iders, pero no entienden que no se concrete alguna alternativa, aunque sea de carácter provisional, y se permita “tanta inseguridad, falta de higiene y el miedo que estamos sufriendo sin tener culpa de nada”, señala Hans. “Igual esto se resolvía si el Iders estuviera cerca de la casa del alcalde”, subraya sarcástico Luis.

TenerifeAhora intentó conseguir un pronunciamiento de la Alcaldía sobre el contenido de esta denuncia vecinal y sus posibles efectos sobre la imagen del municipio, sin obtener respuesta.

El alcalde, Marco González, en una entrevista publicada por este medio el pasado 29 de abril, señalaba que la situación del edifico Iders es “extrema e hípercomplicada: Hemos intentado resolverla desde todos los ámbitos. Son personas que viven de ocupas en un inmueble del que en los años 90 el Ayuntamiento decretó su desalojo por padecer aluminosis. Y el asunto se ha enquistado. Es uno de los grandes problemas de Puerto de la Cruz. Y ha sido muy difícil ponerle solución”.

Ahora asegura estar “en el camino de encontrarla por dos vías: la de los propietarios que perdieron sus viviendas, a los que hemos presentado ya en asamblea una propuesta urbanística para la demolición y reconstrucción de ese edificio; y por el otro, el problema sanitario y social de las personas que ocupan ese lugar, para el que hemos puesto en marcha un proyecto de apoyo y asesoramiento con Cáritas”.

Cuando se decretó el confinamiento “teníamos previsto ubicarlas en el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, pero son personas que se niegan y no pueden ser obligados sino por las autoridades sanitarias o judiciales”.

Además había dos aspectos a tener en cuenta: “Se trata de una propiedad privada en la que nosotros no podemos hacer una obra y tampoco podemos ingresar involuntariamente a nadie aunque haya un problema de salud mental grave en algunos casos o de adicciones en otros. Hemos buscado soluciones temporales para que tengan unos mínimos de higiene resueltos. Hay un expediente abierto que esperamos se resuelva pronto y si la autoridad competente lo decreta no tenemos ningún problema en que se ingrese o confine a estas personas”.