“Sin corrupción tendremos pensión” ha sido una de las consignas coreadas en la manifestación que ha recorrido diversas calles de la capital tinerfeña convocada por una treintena de organizaciones sociales y sindicales para defender las pensiones públicas.
Tras la pancarta Movilización por el sistema público de pensiones, en torno a mil personas se han movilizado para denunciar lo que consideran un “expolio” por parte del Gobierno español y para denunciar que la situación es especialmente grave en el caso de los pensionistas canarios.
Los sindicatos CCOO han denunciado que en Canarias hay 40.000 personas que reciben una pensión no contributiva media de 350 euros al mes, y han criticado que el 50 por ciento de los pensionistas españoles no percibe ni lo estipulado como salario mínimo, de ahí que el 30% viva en el umbral de la pobreza, mientras que cuatro de cada diez mantiene a hijos y otros familiares que se han quedado sin trabajo.
Durante la manifestación de este domingo en Santa Cruz también se han coreado consignas como “El IBI de la Iglesia para la caja de pensiones”, “Dónde están. No se ven. Los patriotas del PP” y “El dinero del banquero para la lucha del obrero”.
Con motivo de esta convocatoria se ha hecho público un manifiesto en el que se destaca que las pensiones de jubilación son un derecho básico reconocido en la Constitución, en la que se dice que “los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Los sindicatos UGT, USO, CSIF, Cobas y Coordinadora de Estibadores, así como partidos políticos, asociaciones de vecinos, entidades feministas y culturales han convocado este manifestación en la que se denuncia que el sistema público de pensiones sufre un “ataque sin precedentes” .
Reclaman que los desfases entre ingresos y gastos de la Seguridad Social se cubran desde los Presupuestos Generales del Estado.
También se pide que se aumente la cuantía de las pensiones, empezando por las no contributivas y contributivas mínimas, hasta igualarlas al salario mínimo interprofesional, dentro del objetivo de lograr que la pensión mínima llegue a 1.080 euros, que es lo fijado por la Carta Social Europea como necesario para tener una vida digna.
Otras reclamaciones son recuperar el modelo de revalorización automática de las pensiones en relación con el IPC, para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo, y restablecer los 65 años como edad máxima de jubilación, en el contexto de una escala que considere edades más tempranas de retiro para profesiones con mayor desgaste o riesgo.
Establecer fórmulas que rompan la brecha entre las pensiones percibidas por hombres y mujeres, eliminar todo tipo de repago farmacéutico, alcanzar cuanto antes la inversión media de la UE en pensiones y mantener el carácter público de los servicios de la Seguridad Social, sin privatizar su gestión, son otras exigencias.