La Fiscalía pide 44 años de cárcel para el empresario Evaristo González Reyes por una pieza separada del caso Corredor
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita un total de 44 años de cárcel para el empresario Evaristo González Reyes, procesado por encabezar una presunta organización criminal dedicada a defraudar a las arcas públicas, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com. El escrito de acusación considera que el principal encartado en la causa es responsable de 10 delitos contra la Seguridad Social y dos de falsedad en documento mercantil y oficial (uno de ellos en concurso con un delito de estafa). Los hechos por los que serán juzgadas 15 personas vinculadas con la supuesta trama, en una vista cuya fecha aún no está señalada, están relacionados con una pieza separada del conocido como caso Corredor.
El Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna dictó el pasado 26 de octubre la apertura de juicio oral contra González Reyes y el resto de miembros de la organización, tras recibir los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y por el letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, que pide 30 años de prisión para el principal procesado. En ambos casos se solicitan penas de cárcel para las personas implicadas en la red, contra quienes existen indicios de haber defraudado más de 1,6 millones de euros a la Seguridad Social, desde 2006 hasta 2010, a través de un tejido empresarial ficticio dedicado a la explotación de numerosos establecimientos de ocio y restauración ubicados el municipio de Aguere.
En el centro de las operaciones siempre figura el nombre de Evaristo González Reyes, que además de empresario ejerce como abogado colegiado, junto a conocidos locales que aprovecharon su ubicación privilegiada en el Cuadrilátero lagunero, que en el momento de los hechos investigados era el máximo exponente del ocio nocturno en el área metropolitana de Tenerife, para engordar sus cifras de negocio: las actividades del pub Kapitel, la discoteca Palco o el Mónaco, entre otros, figuran en un lugar destacado en los miles de folios que componen el sumario del caso Corredor.
La pieza 21, como se denominó durante la instrucción, se convirtió en una causa derivada de la investigación abierta por el caso Corredor, que a su vez surgió tras la denuncia de un empresario perjudicado por el presunto trato de favor que recibía Evaristo González del Ayuntamiento de La Laguna. El procedimiento matriz desembocó el pasado junio en la celebración del juicio contra el abogado lagunero, que se enfrenta a otros 16 años de cárcel, y diversos miembros de la trama por varios delitos de estafa. El día en que estaba prevista la primera sesión, la defensa del principal acusado presentó un escrito de recusación contra el tribunal que iba a juzgarle, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que preside el magistrado Francisco Mulero, y logró paralizar la vista oral. Fuentes oficiales confirmaron que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, órgano encargado de resolver la discrepancia, aún no se ha pronunciado.
No ha sido esta la única vez que González Reyes ha puesto en jaque al sistema judicial. Las posibles responsabilidades políticas por el caso Corredor se derivaron a otra pieza separada, la 22, que fue archivada después de que el abogado lagunero consiguiera anular gran parte de las escuchas telefónicas que sustentaban los indicios delictivos. En ese procedimiento, que saltó a los medios de comunicación en 2014, fue investigado el entonces alcalde de La Laguna y actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
A diferencia de la pieza que afectaba a Clavijo, la causa por el presunto fraude a la Seguridad Social continuó sin descanso su recorrido en la fase de instrucción. Aunque al frente de la investigación estuvieron diversos jueces, el grueso de las actuaciones fueron impulsadas por César Romero Pamparacuatro, que en febrero de 2012 dirigió la mayor redada que se ha llevado a cabo en La Laguna contra la corrupción en el sector del ocio. La actuación, que se coordinó desde el juzgado con la Policía Nacional, se bautizó como Operación Corredor por las intenciones de la trama de adentrarse en el entonces incipiente negocio del juego y las apuestas. Un total de 14 personas fueron detenidas y se practicaron varios registros que permitieron hacer acopio de una ingente documentación sobre las actividades de la red. Solo uno de los arrestados fue enviado a prisión provisional tras los interrogatorios: Evaristo González Reyes. Tres meses después fue puesto en libertad con cargos.
Testaferros
La fiscal describe en su escrito de acusación el método empleado por la organización liderada por González Reyes. La representante del Ministerio Público explica que la trama tejió una red de empresas, controladas por el principal acusado pero en las que se ponía al frente a personas que los investigadores llaman hombres de paja o testaferros, con el fin último de “eludir y defraudar a la Seguridad Social, ya que mediante dichas sociedades disponía de trabajadores cuyas cotizaciones no abonaba”.
Para llevar a buen puerto sus intenciones, siempre según el relato de las acusaciones, la trama elaboraba “contratos de trabajo simulados y nóminas mendaces para que los supuestos trabajadores se beneficiasen de subsidios o prestaciones por desempleo”. Otra práctica habitual consistía en utilizar esas relaciones laborales simuladas para fingir “una solvencia inexistente y adquirir bienes y servicios de entidades crediticias que luego no eran abonados, engañando así a terceras personas”.
La Fiscalía también pide 32 años de cárcel para otro de los empresarios que jugó un papel destacado en la organización, Francisco Óscar González Monzón, uno de los principales testaferros de Evaristo González Reyes, según los investigadores. El acusado figuraba como administrador de la sociedad Comercial Osgozón SL, cuya deuda con la hacienda pública ronda los 700.000 euros, encargada de gestionar el popular pub Kapitel. Al frente del establecimiento se encontraba otro de los hombres de confianza del cabecilla de la red, Pedro Carlos Machín Quintero, investigado en el procedimiento y asesinado a balazos el pasado mes de abril cuando salía de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna.
A pesar de lo elevado de las penas solicitadas por las acusaciones, el Código Penal prevé que una persona condenada en un mismo procedimiento por varios delitos conectados entre sí (lo que podría aplicarse en la pieza 21, si así lo estima el tribunal que juzgue la causa) no pueda cumplir un castigo que supere el triple del tiempo de la pena más grave que se le imponga. Es decir, 12 años en el caso de González Reyes y 9 años en el de González Monzón.
Otra de las figuras destacadas de la red es el empresario Alberto Isidro Santano Domínguez, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel, administrador de otra de las sociedades controladas en la sombra por González Reyes, Comercial Maitreya SLU. La representante del Ministerio Público también lo considera un hombre de paja del principal acusado, y cifra la deuda de la entidad con la Seguridad Social en 128.757 euros.
La Fiscalía también pide que González Reyes, González Monzón y Santano Domínguez indemnicen “conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia por las cantidades adeudadas”. En el escrito de acusación se solicita que las sociedades implicadas respondan subsidiariamente. Además, la representante del Ministerio Público reclama una multa de 600.000 euros para cada uno de los tres principales acusados.
Patrimonio oculto
Las acusaciones llegan a la conclusión de que detrás de las actividades de la organización se escondía un plan orquestado para obtener un enriquecimiento ilícito. Los investigadores confirmaron sus hipótesis durante la redada de la Operación Corredor, que permitió encontrar numerosos objetos de lujo y vehículos de alta gama. El problema surgió a la hora de establecer una relación directa con la figura de González Reyes, que siempre ha destacado por su habilidad para vincular su patrimonio con las sociedades que usaba la organización. Al empresario lagunero también se le atribuyen otras propiedades destacadas, como un pantalán de 16 metros y varias motos acuáticas. El letrado de la Seguridad Social describe esta situación con minuciosidad en su escrito de acusación, donde asevera que “a pesar de los beneficios que obtiene de la explotación de sus negocios (...) carece prácticamente de bienes a su nombre”.
“El principal acusado extrae su extenso y amplio patrimonio de la esfera de posibles actuaciones de la Administración Pública, acorazando su patrimonio en sus solventes entidades carentes de deuda o pasivo, sin importarle que en alguna sociedad aparezca como administrador único o trabajador autónomo, pues el patrimonio que podría verse afectado por un procedimiento de apremio sería ridículo y claramente insuficiente para cubrir las deudas generadas por todo el entramado societario para con la Administración Pública”, relata el abogado del Estado.
El extenso escrito de acusación del letrado de la Seguridad Social, que alcanza los 33 folios, explica el modus operandi seguido por González Reyes para ocultarse detrás de las sociedades involucradas en la trama. Durante los registros policiales, en su despacho se encontraron un total de 43 sellos de las entidades que componen la presunta red criminal.
Gracias a sus conocimientos como abogado, el principal procesado en el caso Corredor puso en práctica una ingeniería mercantil que le permitía no figurar directamente al frente de las sociedades que, según las acusaciones, controlaba. Para ello, primero constituía la entidad, cuyos socios eran personas de su confianza, y después nombraba como administrador a uno de sus hombres de paja. El control de la empresa lo obtenía por dos vías: la compraventa de las participaciones sociales o el apoderamiento.
La lista de personas que se sentarán en el banquillo se completa con otros miembros de la red tejida por González Reyes, algunos de ellos de la máxima confianza del empresario lagunero y con un vínculo soldado a través de los años. Es el caso de su secretaria personal, Yolanda María Geara Suárez, para quien se solicitan cuatro años de prisión, dedicada a “recabar información y documentación para confeccionar los supuestos contratos de trabajo bajo las órdenes de su jefe”, a los que daba forma otro de los acusados destacados, el asesor jurídico Heraclio José Padrón García, que se enfrenta a dos años de cárcel.
El resto de acusados son Juan Carlos Martín Delgado, Israel Barreto Méndez, Cosme Quintero Díaz, Josefa Pilar Geara Suárez, Fabián Echeverry Rojas, Ricardo Félix González Romero, Juan Carlos Alonso Molina, Eudes Emiliano Leandro Silva, María Mercedes Noda Gil y María Lourdes González Jérez.
Otros negocios utilizados, según las acusaciones, para defraudar a la Seguridad Social fueron las cafeterías Don Tito, Royal y Varadero; las tascas Lagunera y El Obispado; y el restaurante Tablón de la Canela.
De cara a la vista oral, la Fiscalía solicita, además del interrogatorio de los 15 procesados, la comparecencia de un total de 26 testigos y tres peritos. El peso de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la instrucción también es clave en la prueba que se practicará en el juicio. La representante del Ministerio Público pide en su escrito que se escuchen más de 50 conversaciones interceptadas durante los pinchazos, la mayoría protagonizadas por Evaristo González Reyes.
