Dos funcionarios confirman que Clavijo y su sucesor en La Laguna hicieron la vista gorda en el caso Grúas

Autogrúas Poli, la empresa concesionaria del servicio municipal de grúas en San Cristóbal de La Laguna que en 2011 pasó a manos de siete trabajadores afines a Fernando Clavijo, debería haberse quedado sin esa concesión si desde el área de Seguridad Ciudadana se hubiese hecho caso al primer informe que elaboraron en abril de 2014 los dos funcionarios a los que se les encargó la gestión de la empresa cuando fue intervenido el servicio, a comienzos de ese año.

Esos dos funcionarios, Antonio Vera y Alejandro Cordero, declararon este lunes como testigos ante la jueza de instrucción del Juzgado Nº 2 de La Laguna, Celia Blanco, quien lleva a cabo la investigación judicial del llamado caso Grúas, un asunto que podría suponer la investigación a Clavijo y al actual alcalde de La Laguna, el también nacionalista José Alberto Díaz Domínguez, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y/o malversación de caudales públicos.

En ese informe, ambos funcionarios relataron los incumplimientos de la empresa con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia Tributaria Canaria, además de con los trabajadores, a quienes se les debían las nóminas de varios meses.

Antonio Vera reconoció en su testifical que esos incumplimientos del pliego de condiciones suponían faltas muy graves que debían desembocar en la caducidad de la concesión. Sin embargo, no se inició expediente sancionador alguno.

La declaración de Vera ha sido sustancial. El funcionario explicó que en ese informe no se hizo referencia a la concesión a Autogrúas Poli de un préstamo (de 120.000 euros, que finalmente se otorgó), sino que “había necesidad de una aportación económica”, sin poder señalar a quien se le ocurrió la figura jurídica del préstamo, al que se oponía la Intervención municipal.

“De alguna manera había que justificar y convencer de que la concesión del préstamo era legal y viable, ya que estábamos ante un expediente complejo y novedoso, sin tiempo para analizar la situación jurídica y legal (de la empresa)”. A ello se debe el informe externo de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna que fueron solicitados desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, de la que ya era responsable en 2014  el actual alcalde. “Necesitaba contrastar, ya que el interventor manifestaba que no era viable el préstamo”, y reiteró que no sabía de las tensiones internas entre Hacienda y Seguridad Ciudadana. “Solo sabía que en ese momento estaban desesperados”.

Antonio Vera negó tener tratos personales con José Luis Tacoronte, el empresario de Adeje que en 2015 compró por un euro Autogrúas Poli y su deuda de más de 700.000 euros, aunque reconoció que, en su opinión, la forma de salvar el servicio municipal era mediante una inyección de dinero privado.

Vera fue más tibio que su compañero Alejandro Cordero en cuanto a la propuesta de la prórroga de la concesión del servicio municipal por cinco años a Autogrúas Poli, pese a los incumplimientos de la empresa con el pliego de condiciones. Según matizó Vera a la jueza, era necesario “reequilibrar” el servicio. Cordero, sin embargo, negó que se propusiera prórroga alguna, máxime para una mercantil en riesgo de situación concursal.

Sí fue más claro en cuanto al préstamo que se otorgó a la empresa intervenida.  Afirmó que los 120.000 euros coincidían con la cantidad de dinero que Autogrúas Poli adeudaba en 2014 a sus empleados no asociados, y que fue un dinero que gestionaron tanto él como Antonio Vera en calidad de interventores mancomunados.

Fue un dinero, recalcó, al que no tuvieron acceso los siete dueños de Autogrúas Poli (que son investigados por el robo de piezas en vehículos del depósito municipal, causa que se lleva en el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna).

El concejal de CC Pérez-Godiño

El actual portavoz del grupo municipal de CC en el Ayuntamiento de La Laguna y que fuera concejal de Participación Ciudadana, Antonio Pérez-Godiño, fue el tercero en declarar y el único investigado  (antes imputado) hasta el momento por el caso Grúas. Pérez-Godiño es sospechoso de un delito de prevaricación administrativa, y tras declarar durante dos horas, su condición se mantiene.

Sostuvo que su única actuación en este caso fue firmar el decreto para prorrogar la concesión en agosto de 2014, en sustitución del entonces concejal de Seguridad Ciudadana, José Alberto Díaz, y que, pese a que vio reparos del interventor municipal, también le figuraban como “levantados” por el alcalde (Clavijo).

Godiño aseveró que él no redactó el decreto, que solo le dio salida y que desconocía los motivos por los que (Clavijo) no había firmado la prórroga en el decreto en que había levantado los reparos del interventor del Ayuntamiento.

Además aclaró que nunca participó en el expediente sobre la concesión del servicio a la empresa de grúas, sino que este fue impulsado desde el área de Seguridad Ciudadana, aunque en el mismo intervenían la Jefatura de la Policía Local, Hacienda municipal y los servicios jurídicos, por lo que él no participó en su elaboración.

Tras su declaración, la acusación particular podría solicitar este martes que se llame a declarar a José Alberto Díaz en calidad de investigado.