La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una pena de 24 años de cárcel a un hombre considerado por un jurado popular autor del asesinato a cuchilladas de su expareja cuando la mujer salía de trabajar en un edificio situado cerca de la céntrica calle Ramón y Cajal de la capital tinerfeña el 29 de julio de 2022.
El magistrado obliga al procesado a pagar 150.000 euros a los padres de la joven y se imponen los agravantes de alevosía por haber actuado a traición y sin que la joven se pudiera defender, ensañamiento, dado que le asestó 12 puñaladas con un cuchillo de grandes dimensiones de las que tres eran mortales, y de género y parentesco.
Una vez que salga de prisión no podrá acercarse a los padres de la joven a menos de 500 metros durante seis años ni comunicarse con ellos a lo largo de 30 desde que la sentencia sea firme y una vez que cumpla la pena, el hombre permanecerá una década en situación de libertad vigilada con las correspondientes obligaciones y prohibiciones de esta situación.
En el fallo dado a conocer este miércoles se refleja el veredicto del jurado popular, que a principios de junio participó en el juicio y ratificó la culpabilidad, que fue reconocida desde un primer momento por su defensa, quien siempre pidió que se tuviera en cuenta el atenuante de adicción a las drogas.
El Tribunal popular, sin embargo, lo descartó apelando a lo manifestado por los peritos y agentes policiales quienes aseguraron que el acusado era consciente y estaba ubicado en tiempo y espacio tras consumar el asesinato.
El Jurado emitió su veredicto de forma unánime en todos los puntos basándose en la decena de testigos que presenciaron la agresión y las grabaciones de las cámaras de seguridad y de un vecino.
Consideran que el asesinato se cometió a traición, fue planificado y pidieron que se aplicara el agravante de violencia de género por su carácter violento y los celos y de parentesco demostrada durante una relación que duró 20 años, de los que siete vivieron juntos.
La Fiscalía, las acusaciones integradas por el Instituto Canario de la Mujer y de la familia, tras oír la decisión del Jurado, insistieron en su petición de 25 años de cárcel y el pago de 300.000 euros a la madre de la víctima, mientras que la defensa asume la culpabilidad del procesado. El juez, sin embargo cree que el padre también tiene derecho a cobrar esta indemnización.
En los días del juicio se escuchó el testimonio de los parientes de la víctima, quienes calificaron al acusado de ser una persona muy posesiva y celosa, que las rupturas durante los últimos dos años fueron constantes, debido a que perdía trabajos y robaba dinero por su adicción.
No obstante el hombre en aquellas fechas buscaba la reconciliación y tras ser bloqueado en todas las redes sociales se inventó un perfil falso para ponerse en contacto con ella.
Tras cometer el crimen huyó con el vehículo de su madre conduciendo de una forma temeraria pero no pudo ser alcanzado por las fuerzas de seguridad porque se les averió el coche, aunque con el número de la matrícula pudieron identificar la localización.