El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha encargado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife la apertura de oficio de un expediente informativo sobre la construcción del centro comercial de El Camisón, en el municipio tinerfeño de Arona. Fuentes del Ministerio Público han confirmado que la directriz se produce a raíz de las noticias publicadas en Canarias Ahora sobre las ilegalidades detectadas en las obras del conocido como Artslife & Shopping.
Según las fuentes oficiales, se trata de un trámite interno que se inicia ante la petición del fiscal jefe superior de Canarias y que consiste en la apertura de unas actuaciones encaminadas a recabar toda la documentación administrativa relacionada con el centro comercial. Una vez examinados los expedientes, el Ministerio Público decidirá si existen indicios de delito para iniciar unas diligencias preprocesales o se decreta el archivo.
El primer paso de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife se produjo el pasado 25 de junio, cuando se emitió un escrito dirigido al Ayuntamiento de Arona en el que solicita toda la documentación relacionada con la construcción del centro comercial de El Camisón, un edificio camuflado de proyecto científico que incumple la Ley de Costas y el planeamiento municipal.
En el documento, firmado por la fiscal responsable de perseguir los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, Francisca Sánchez, se pide al Ayuntamiento que, “a la mayor brevedad posible”, se remita al Ministerio Público “copia íntegra” del expediente “relativo a la licencia del centro denominado Artslife and Shopping”, promovido por “la empresa Melisofi Consulting, cuyo titular es don Diego Cano”.
El oficio también reclama que “si se hubiera iniciado expediente por infracción urbanística, interesamos que se nos remita copia íntegra”. Por último, la Fiscalía pide que “se certifique por la secretaria general del Ayuntamiento de Arona los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno Local que concedió la licencia urbanística, con la copia de los decretos de Alcaldía de nombramientos y competencias asumidas y delegadas, además del nombramiento y toma de posesión del Alcalde-Presidente de dicha Corporación Local, todo ello en los períodos 2015-2019 y 2019 hasta la actualidad”.
La fiscal que instruye el expediente abierto por la construcción del centro comercial de El Camisón conoce bien la realidad urbanística del sur de Tenerife, ya que fue la encargada de representar al Ministerio Público en el juicio del conocido como caso Arona. La vista oral dio pie a una sentencia que llevó a la cárcel a dos técnicos municipales y a un exconcejal del PP, además de imponer altas penas de inhabilitación para el exalcalde José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria (CC), y otros exediles.
La comunicación de la Fiscalía llegó al Ayuntamiento de Arona esta semana, en medio de la crisis política que ha provocado la destitución del exconcejal de Urbanismo Luis García, que fue cesado en junio por el alcalde, José Julián Mena, entre otros motivos, por las irregularidades detectadas en las obras del centro comercial de El Camisón.
La brecha abierta en Arona ha desembocado en la intervención de la Ejecutiva Federal del PSOE y de las direcciones regional e insular, que han solicitado que tanto el alcalde como el exedil de Urbanismo abandonen el Ayuntamiento. De momento, Mena mantiene el pulso a su partido, mientras que García ya ha anunciado su predisposición a entregar su acta de concejal.
Detrás del enfrentamiento político se ha levantado una tormenta de acusaciones por parte de ambos sectores. Mientras Mena justifica su decisión en supuestas actuaciones ilegales del exconcejal, como la pasividad mantenida ante los incumplimientos detectados en el centro comercial, García ha denunciado en la Fiscalía presuntas tramas delictivas vinculadas con el alcalde y su entorno. A día de hoy, la única comunicación que ha recibido el Ayuntamiento por parte del Ministerio Público, según fuentes oficiales del Consistorio, entró este miércoles para reclamar toda la documentación relacionada con la construcción del Artslife & Shopping.
La segunda capa del conflicto afecta a funcionarios del Ayuntamiento de Arona. El jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, Damián Hernández, un arquitecto que fue concejal de Coalición Canaria en Vilaflor y cuyo papel ha sido decisivo en las decisiones adoptadas por el concejal Luis García vinculadas con el centro comercial, mantiene un enfrentamiento con varios técnicos del área jurídica del Consistorio.
El arquitecto ha denunciado en diversos escritos presuntas extorsiones externas y ha mantenido duras discrepancias con dos letrados del Ayuntamiento y con la secretaria municipal, que cuestionan sus actuaciones. Además de la polémica que gira alrededor del centro comercial, la máxima responsable jurídica del Consistorio de Arona detectó “graves irregularidades” en un expediente informado por Damián Hernández en el que se concedía el uso consolidado de una parcela de Guaza propiedad del mismo empresario que construye el Artslife & Shopping.
La historia administrativa del centro comercial de El Camisón se remonta a marzo de 2012, cuando la viceconsejería de Política Territorial autorizó la construcción del Artslife & Shopping en la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, a pesar de que la Ley de Costas no considera el uso comercial como ordinario en esa zona del litoral, según advirtió entonces un informe técnico del órgano estatal. En el permiso del Ejecutivo tampoco se tuvo en cuenta que el aparcamiento del edificio también invadía la servidumbre.
La autorización de marzo de 2012 tenía un plazo de vigencia de dos años, por lo que caducó antes de que el proyecto recibiera la licencia municipal de obras, en julio de 2014, y de que comenzaran los trabajos, en enero de 2015.
Tanto la autorización de Política Territorial como la licencia municipal fueron solicitados por una particular, dueña en ese momento de los terrenos que ocupa la parcela. En noviembre de 2014, cuatro meses después de obtener el permiso de obras, se produjo un cambio de titularidad a favor de la empresa que promueve el proyecto, Melisofi Consulting SL.
El Ayuntamiento de Arona, entonces gobernado por Coalición Canaria, denegó inicialmente la licencia por no estar desarrollado el plan especial del ámbito donde se ubica la parcela, pero rectificó después de que los tribunales dieran la razón a la propietaria y reconocieran su derecho a obtener el permiso. Este punto es importante porque el fallo judicial no obligaba al Consistorio a conceder la autorización para el inicio de las obras.
La Junta de Gobierno Local, reunida el 11 de julio de 2014, tomó conocimiento de la sentencia y concedió la licencia. En los antecedentes de hecho del acuerdo se expone que el 3 de abril de 2012 tuvo entrada en el Ayuntamiento la autorización concedida por la Viceconsejería de Política Territorial de Canarias para que los trabajos ocuparan la servidumbre de protección, a pesar de que el uso comercial no está considerado como ordinario para esta zona del litoral. El permiso del Gobierno autonómico deja claro que la autorización quedaba sin efecto una vez cumplido su plazo de ejercicio, que el propio documento establecía en dos años, y que se había rebasado ya cuando el órgano municipal adoptó el acuerdo de otorgar la licencia de obras.
En cualquier caso, el proyecto que la entidad promotora del centro comercial ejecutó en la punta de El Camisón no se corresponde con el autorizado por Política Territorial en 2012. Tal y como reconoce la empresa en un documento oficial remitido a Costas en abril de 2018, el edificio se construyó en base a los parámetros urbanísticos del Plan de Modernización y Mejora (PMM) de Los Cristianos, a pesar de que nunca se llegó a aprobar.
El hecho de que se incumpliera el proyecto inicial, el nuevo edificio tiene más altura y ocupa una superficie mayor que la permitida en el Plan General vigente, fue la causa que motivó la paralización de las obras y la decisión del Ayuntamiento de ordenar, en dos ocasiones, el derribo de una parte del inmueble y la legalización del resto de irregularidades. A pesar de las resoluciones dictadas por el exconcejal Luis García, a día de hoy no consta que se hayan llevado a cabo actuaciones para restablecer la legalidad infringida. De hecho, imágenes aéreas de Grafcan constatan que los trabajos continuaron después del precinto.
Aunque el PMM nunca se llegó a aprobar, y el Cabildo de Tenerife tampoco dio luz verde a la petición del empresario para declarar el proyecto de interés insular, el anterior viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero (CC), concedió en febrero de 2019 una nueva autorización al centro comercial para ubicar en la servidumbre de protección restaurantes y cafeterías.
En paralelo a las diligencias de la Fiscalía, la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno regional anunció hace dos semanas su intención de reimpulsar un expediente abierto en 2019 por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para investigar las irregularidades detectadas en el centro comercial de El Camisón.
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