La Fiscalía insiste en los continuados tráficos de influencias del exalcalde González Reverón
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife insistió este viernes en los seis casos en los que considera demostrado que el exalcalde de Arona, el exnacionalista José Alberto González Reverón (Berto, para sus vecinos), intentó influir en personas bajo su mando o sobre quienes tenía algún poder, para conseguir tratos de favor para amigos o conocidos, o familiares de amigos, más allá de la legalidad y de su deber municipal.
Dos años de cárcel y 15 de inhabilitación. Esa es la petición de condena que ha mantenido la fiscal Isabel Silva para González Reverón, tras elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, después de tres días de vista oral de esa pieza separada que nació a consecuencia de las escuchas telefónicas durante la investigación de la principal, el caso Arona 1, ya juzgado y cuya sentencia se conocerá a mediados de diciembre. Además del reiterado tráfico de influencias, mantiene que hubo un delito de prevaricación y otro de coacciones.
Al exalcalde se le acusa de que seis personas fueran colocadas a dedo en una empresa con concesión municipal; de que un policía local consiguiera plaza fija en unas oposiciones; de que una niña obtuviera una plaza de guardería; de que un abogado lograra colarse en la Cámara de Comercio; de intermediar para evitar que un vecino pagara multas por mal aparcamiento, y de que el chalet de un concejal de su equipo de Gobierno, levantado en zona rústica protegida, no fuera demolido.
Poder mandatario
Para Silva, no cabe duda de que el exalcalde de CC durante casi nueve años en el mayor municipio turístico del sur de Tenerife, usó su poder mandatario para lograr que un policía local que era interino lograse una plaza fija en las oposiciones al cuerpo que se llevaron a cabo en 2007.
“Hay que tirar de Nico para arriba”, fue una de las frases interceptadas por la Policía Judicial en su conversación con Hortensia García, que era subinspectora y máxima responsable ese año de la Policía Local y, además, la presidente del tribunal juzgador.
Hortensia García, que se ha sentado en el banquillo de los acusados al lado de González Reverón, sin mirarse ni dirigirse la palabra en tres días, se enfrenta a ocho años de inhabilitación para su cargo como funcionaria.
La fiscal sostiene que fue pieza esencial para que el agente lograra su plaza gracias a una nota favorable en el examen de inglés y que, aunque fue objeto del tráfico de influencias del exalcalde, cometió con este un delito de prevaricación, lo que subrayó con la frase escuchada de “hemos tenido que tirar de él”. Y para tirar de él, la fiscal recordó que la profesora de inglés que evaluó al candidato era a su vez profesora de las hijas de la acusada, luego “había una relación estrecha entre ambas”.
De la misma manera, sostuvo que hubo afán, y que lo logró, en su intento de influir en la exconsejera insular de Planificación Territorial Pino de León para que se modificase el proyecto del Plan Parcial de Ordenación Territorial que afectaba al barrio de Buzanada, porque el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Reverón (el acusado negó que fuera familiar suyo, aunque en la pieza principal sí dijo que lo era), había construido su vivienda en suelo rústico protegido. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente obligó al pago de una multa de 150.000 euros y al derribo de la casa. Se pagó la sanción, pero la casa sigue en pie.
Un policía local que intervino como testigo corroboró que se sintió presionado por el exalcalde para retractarse de las multas (hasta 32) que le había puesto a un vecino, que llamó al siempre accesible González Reverón para que le echara una mano. Igualmente, la Fiscalía afirma que las llamadas del exalcalde a la directora de una guardería municipal para que la hija de un amigo lograra una plaza fueron tráfico de influencias.
El mismo discurso mantuvo respecto a las llamadas a Vicente Dorta, director general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, para que se apoyara el currículo del abogado Carlos Tacoronte, candidato a la plaza de la delegación de esa institución en el sur de la Isla.
También estimó que las constantes llamadas a los responsables de la empresa Clusa, concesionaria de jardines y basuras, para colocar a gente, iban más allá de su afán de dar una solución a personas desfavorecidas y lograrles un puesto de trabajo. “Eran llamadas con nombres y apellidos”, dijo la fiscal.
Y además recordó una conversación telefónica en la que se escucha a González Reverón: “Lo tienes que meter”, y otra con un vecino afortunado en la que recalca que “el acuerdo al que hemos llegado lo ordeno yo. A ti te van a meter, te van a contratar tres meses, porque yo lo ordeno”. “Uno de los contratados por tres años era el hijo de un concejal. ¿Hablamos de personas necesitadas?”
“La sobrina no entró”
El nuevo abogado de González Reverón, César Calleja, esgrimió una estrategia parecida a la de su predecesora, la abogada Olga López, que renunció a la defensa del exalcalde, y sostuvo que las escuchas telefónicas de las que habían derivado las demás pruebas no habían sido rigurosas en el control judicial, por falta de justificación, y por ello debían ser nulas.
Pero, en todo caso, recalcó que “ni uno solo” de los testigos afirmó haberse sentido presionado ni influido. “Mi representado no está orgulloso de las frases que se han escuchado”, dijo. “Pero no son prevaricadoras”.
“El supuesto de las [multas de tráfico impuestas a un vecino] pregunta al servicio de recaudación si hay alguna solución legal”. “En su conversación con [la acusada] Hortensia, dice justicia pura y dura”. “En otra conversación le escuchamos pedir el máximo rigor y seriedad. No son frases bonitas, pero no son delictivas y se producen en medio de un ambiente jocoso y divertido”.
Para el letrado, no es extraño que el exalcalde estuviera interesado en que un vecino, que llevaba tres años como interino en la Policía Local, lograse la plaza como fijo, y negó cualquier posibilidad de tráfico de influencia, y con ello, de prevaricación, ya que el tribunal juzgador ponía las notas por unanimidad y porque, igual que por el interino, González Reverón se interesó por la sobrina del entonces presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y por dos recomendados del que era vicepresidente del Cabildo de Tenerife y actual alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez. “La sobrina no entró, ni los otros recomendados”.
Respecto al chalet de Manuel Reverón, lo único que le pidió fue que se informara, y por eso el exalcalde llamó a Pino de León. “Todas las conversaciones son informativas”, amén de que insistió que la exconsejera insular “no tenía capacidad para modificar el Plan Parcial de Ordenación Territorial”.
Es el mismo alegato que empleó para defender que se interesara por un candidato a la delegación del sur de la Cámara de Comercio, ya que en este parecían tener interés tanto González Reverón como el mismo Vicente Dorta. “Lo único que pidió es que se incluyera el currículo (de Carlos Tacoronte) en la lista de candidatos. Pero es que además el proceso de selección lo llevaba a cabo una empresa externa y el que nombra al final es la Cámara de Comercio de Madrid”.
Con respecto a la plaza de la guardería, negó que la directora de esta, con quien habló González Reverón, también a título informativo, pudiera decidir algo, además de que ella negó toda influencia, y señaló que el mismo tribunal que ahora ha enjuiciado esta pieza separada ya se pronunció en una sentencia de mayo pasado, en la que dejó claro que no basta con intenta influir, sino que hay que tener la ascendencia y la determinación para asegurarse el resultado“.
Por su parte, Fernández del Torco, abogado de la exresponsable de la Policía Local Hortensia García, mantuvo que “es harto dudoso” que la acusada haya prevaricado, ya que se limitó a responder una llamada de su superior jerárquico, que era el alcalde, amén de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había fallado que no hubo resoluciones arbitrarias en la oposición.
