Hace tan solo unos días se conocía un auto judicial por el que se impedía el desalojo de seis familias que han “okupado” un edificio propiedad de Bankia. El mérito es de la lucha incesante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas PAH Tenerife, pero Ágora Rosales Merenciano puso su grano de arena como la letrada que lo hizo posible.
Aunque está especializada en otras materias, gran parte de su trabajo se centra en Derecho de Consumo y en Derecho Bancario. Además, la abogada tinerfeña ha provocado un tsunami en el Ejército español y el Ministerio de Defensa tras lograr que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias reconociera el derecho pleno a la conciliación de la vida familiar y laboral de los y las militares. La suya ha sido la primera sentencia favorable a ésta.
-¿Cuándo comenzó a ejercer la abogacía?
-En octubre de 2002.
-¿Y por qué se ha especializado en Derecho Bancario y Derecho de Consumo?
-Porque hay un colectivo importante de personas que carece de asesoramiento o cobertura legal para pequeñas reclamaciones de consumo, porque no se pueden permitir contratar un abogado o se sienten desprotegidos por las oficinas municipales de información al consumidor.
-Habla de reclamaciones y en ese campo, hay algunas que se refieren a cantidades pequeñas, de 30, 50 euros, muchas veces por comisiones por descubierto, otras por problemas con las operadoras de la telefonía...¿Es un campo que se queda corto para los despachos de abogados, pero grande para los ciudadanos sin conocimientos en leyes?
-Sí, ahí hay realmente una doble problemática. Una es que se trata de una materia específica, es decir, tiene que ser un letrado que esté realmente especializado en materia de consumo, porque hay una normativa concreta y unos plazos que hay que cumplir para cada procedimiento. Por ejemplo, las reclamaciones al Banco de España tienen su propio procedimiento, y por otro lado, hay letrados, la mayoría, que se rigen por los criterios orientadores del Colegio de Abogados y les resulta más rentable dedicar su tiempo y sus conocimientos a otros asuntos que les van a repercutir honorarios mayores, frente a una persona que tiene una reclamación de 40 o 50 euros por una factura irregular de telefonía. Renuncian a la defensa de ese colectivo y no se especializan en la materia.
-Pero usted sí...
-Sí, porque me parecía que podía ser interesante, para aprender sobre todo, para ayudar y dar esa cobertura.
-¿Es esa imagen de “caros” lo que impide que algunas personas se planteen siquiera sus derechos como consumidores? ¿Rompe con esa imagen una abogada como usted?
-Se da por supuesto que nosotros tenemos que cobrar las consultas de quienes vienen a nuestros despachos, porque es tiempo que se invierte, y porque se da una información que solo puede ofrecerse tras años de estudios, conocimiento y especialización. Que los abogados cobren por consultas es algo legítimo y tienen su derecho. Cada uno cobra en función del caché que tenga o los criterios que les resulten de aplicación.
-Pero hay un concepto de que cuánto más cobra un abogado, mejor es...
-Si desgraciadamente, y no tiene por qué ser así. Tengo muchísimos compañeros que trabajan en el Turno de Oficio con la misma dedicación y entusiasmo que si llevaran un asunto particular. Yo misma estoy en el Turno de Oficio. Pero es cierto que la imagen que tienen las personas que acuden a la asistencia jurídica gratuita es ésa, la de que los abogados trabajan menos en el caso y que no se hace un seguimiento tan personalizado como si fuera un cliente propio. Pero es una imagen falsa. Realmente lo “anormal” es lo que hacemos en Legalaria, por ejemplo.
-¿Qué es Legalaria?
-Legalaria nació para que a las personas les resulte rentable reclamar y defender sus derechos, pagando tarifas auténticamente sociales. Lo que sí resaltaría es que es un tema específico y único de Legalaria. Queríamos dar cobertura a esos pequeños consumidores, porque si te van a cobrar 60 euros de honorarios por una reclamación de 20 euros, lógicamente no es rentable. Y también nació para evitar los abusos y formar al consumidor en la defensa de esos derechos.
-¿Le da rabia cuando ve que los poderosos se salen con la suya? Por ejemplo, cuando ve el cobro de comisiones ilegales en los bancos.
- Sí. Cuando los bancos cobran por comisiones, por gastos de gestión, gastos de servicios que no están justificados y no están pactados en los contratos, pero como son cantidades pequeñas, de tres o seis euros al mes, la gente no reclama. Creen que les va a costar más contratar una defensa legal, o que la batalla está perdida, o incluso temen la reacción del banco. Por eso, la misión de Legalaria también es educar a la gente en sus derechos como consumidores. Los primeros pasos los darán con nosotras, pero luego ya podrán defenderse ellos individualmente. Ya sabrán cómo hacer los escritos y tendrán incluso un modelo, porque se les remite en un formato que ellos puedan manejar. Lo que pretendemos es darles las herramientas de defensa, que es incluso una labor más importante que defenderlos.
-¿Solo consumo?
-No solo. También hemos ampliado el campo a reclamaciones de cantidad por accidentes de tráfico, y hemos abierto una sección para hacer reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
-¿Qué es la responsabilidad patrimonial?
-Es la responsabilidad de una administración pública por un daño que se ha ocasionado a un particular. Por ejemplo, negligencia médica, siempre y cuando haya sucedido en un centro sanitario cubierto por la Seguridad Social. O una caída en la calle porque la acera estaba en mal estado o no se había señalizado un agujero. Habría lugar a una reclamación con su indemnización, y esas reclamaciones las llevamos a cabo desde Legalaria.
-¿No entran daños en locales públicos privados, como por ejemplo, una caída en un supermercado?
-Se podría hacer la reclamación, pero siempre de forma extrajudicial. Legalaria se centra en la vía extrajudicial. Si hay que ir a la vía judicial, quienes vienen a nosotros también cuentan con tarifas muy reducidas, pero en el ejemplo que usted pone, si es que el supermercado no acepta los hechos, el procedimiento se complica, habría que ir a la vía civil, y habría que valorar cada caso concreto.
-¿La vía extrajudicial sirve, entonces?
-Es fundamental.. Puede ser incluso más importante que la vía judicial. Por ejemplo, una persona que pisa una loseta en mal estado y al caer se rompe un brazo. Es imprescindible iniciar previamente una vía administrativa contra la administración que se considere responsable para poder acudir posteriormente a la vía judicial si resultara necesario. Y ante la banca y cualquier aspecto de consumo, también es esencial la vía extrajudicial porque solo así se puede obtener información que permita desvelar o acreditar el abuso o infracción de los derechos del consumidor.
-¿Los jueces y magistrados empiezan a tener una mayor sensibilidad respecto a algunos problemas sociales, como los relacionados con la banca?
-No. Si tienen más sensibilidad es a golpe de lo que va lo dictando el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque hay argumentos que planteo en la actualidad, y que se consideran “razonables”, pero cuando los planteé hace solamente dos años, y por las respuestas parecía que estuviera loca. El Derecho comunitario, que es supranacional no ha sido aplicado por los jueces hasta ahora. ¿Por qué se empieza a aplicar en algunos casos? Porque sí hay magistrados, como el del juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, que atrevió a plantear una cuestión de prejudicialidad al entender que el procedimiento de ejecución hipotecaria que regulaba la Ley de Enjuiciamiento Civil Española vulneraba una directiva comunitaria en defensa de los consumidores.
Una anécdota: hay un magistrado canario que ganó el Premio Foro Canaro en el año 2011 que defendía la aplicación del derecho comunitario, desarrollando una serie de argumentos para defender que los jueces debían examinar, incluso de oficio, el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en cualquier negocio jurídico. Yo me apoyé en parte de su trabajo para defender esa misma idea en los procedimientos de ejecución hipotecaria, entendiendo, ya por aquel entonces, que aunque la ley española no permitía el control del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato de hipoteca, no me dieron la razón hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó Sentencia apoyando esa misma idea.
- ¿Los magistrados no deberían saber que las directivas europeas son de obligado cumplimiento? ¿O es que tienen miedo a ser innovadores?
-Sí, deberían, pero con la sobrecarga de trabajo que hay en los juzgados, se limitan a aplicar el derecho nacional. No se aplica esa normativa europea. Tienen miedo, pero lo tienen a no cumplir con las estadísticas del Poder Judicial, porque sí que hay una presión muy importante para agilizar la administración de Justicia. Pero, sinceramente, si no lo hacen mejor, si no empiezan a investigar el derecho comunitario, es porque no tienen tiempo material para ello. En la mayoría de los juzgados entran más causas que días tiene el año, y así es imposible. Y cuando se plantea algo novedoso, es más que seguro que se recurra, y el asunto estará más tiempo en el juzgado. Aún así, hay jueces innovadores.
-¿Quién?
Hay una magistrada de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid que está dictando las resoluciones más innovadoras en ejecuciones hipotecarias y desahucios, porque condiciona el desalojo a que exista una alternativa habitacional en casos de familias en extrema necesidad y cuando quien pide el desalojo es una entidad bancaria. Aunque sorprenda, esto es innovador, porque justifica su decisión en el hecho de que se trate de bancos a los que se ha inyectado capital público y porque en las viviendas que se pretenden desalojar hay menores a los que el Código Civil y los tratados internacionales imponen proteger.
-Entonces, sí que hay avances...
-No se crea, porque hasta hace muy poco, incluso en esos casos con menores o familiares impedidos, el desahucio no se paraba de ninguna manera. Y aún más fuerte. Me he encontrado con casos en los que el banco ha aceptado parar el desahucio, y el juzgado ha tratado de seguir para adelante. Y ello porque hay una falsa creencia de que la gente tiene más dinero del que tiene, que hay una economía sumergida, que se hacen cáncamos, y no es verdad. Canarias es una de las autonomías más pobres de España. Estamos a la cabeza de Europa en pobreza. Y en organizaciones que dan alimentos se escuchan las historias que arrastran familias, que te ponen los pelos de punta. En Canarias, si hay un desalojo, esa familia se va literalmente a la calle. Si se hiciera un estudio, se sabría que esa familia en la calle le va a salir más cara a la Administración que darles un alquiler social o una alternativa habitacional. De entrada, porque los hijos menores pasarían a estar tutelados y saldría más caro. Y más con un 30 por ciento de viviendas públicas sin adjudicar.
-¿Le da miedo convertirse en una abogada mediática?
-Sí. Me parece bien que se conozca lo que estamos logrando entre muchos, y que se puede luchar, que hay éxitos, y dar ánimo a quienes se encuentren en mala situación o con necesidad de reclamar, pero me da miedo convertirme en una abogada mediática porque no quiero que se confunda el interés por ayudar con el de construirme una imagen pública que no es mi intención ni me interesa en absoluto.