El Ayuntamiento de Los Silos no podrá llevar cabo el proyecto de recuperación de la Playa de Aguadulce y la conexión con la urbanización Sibora porque invade terrenos de Costas y además no se contó con permiso del organismo estatal. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha procedido todo ello a anular la actuación después de que una vecina presentara el correspondiente recurso.
En el fallo se indica que la autorización para ejecutar la obra dentro de la servidumbre de protección fue otorgada por resolución de la Viceconsejería de Política Territorial en el año 2012. Sin embargo, nunca se especificó si se llevó a cabo la obligatoria coordinación administrativa con Costas. Desde el TSJC se tiene constancia de que, en un momento dado, el proyecto se remitió al Servicio Provincial del organismo estatal, pero éste nunca llegó a emitir un informe.
Los magistrados consideran que la actuación iba a afectar de manera “indudable” al dominio público marítimo terrestre. Más concretamente el previsto paseo marítimo habría invadido dicho espacio entre los mojones 51 y 53, que coinciden con la conexión del mismo con la urbanización Sibora. También lo hace en la previsión de accesos nuevos a la playa de Aguadulce. El Ayuntamiento defendió que la autorización había sido otorgada por silencio administrativo, pero desde el TSJC se indica que ello es imposible en cuanto que las obras afectaban al dominio público marítimo-terrestre.
El proyecto que recibió el visto bueno por parte de Costas no era el mismo que el que se iba a ejecutar y no afectaba a los bienes del organismo estatal, en cuyas oficinas además no se encontró ningún antecedente administrativo sobre esta obra. “Esto es, el mismo no ha sido autorizado ni se ha otorgado concesión alguna, al margen de las consultas previas formuladas por el Ayuntamiento sobre la base de un anteproyecto anterior”, se indica en el fallo firme.
El TSJC también da la razón a la vecina en cuanto que la actuación iba a infringir la prohibición de la ley de Costas que impide autorizar la construcción o modificación de vías como la prevista dentro de la zona de servidumbre de protección. Sin embargo, no es exigible la evaluación de impacto ambiental ya que la futura conexión tiene una longitud “muy inferior” a los diez kilómetros.
La recuperación y acondicionamiento de la playa de Agua Dulce, en Los Silos, contaba con un presupuesto estimado de 3,5 millones de euros y su objetivo era ampliar, mejorar y dotar la cala, además de construir un paseo marítimo, aparcamientos y una nueva vía más alejada de la costa. También se iba a recuperar la caseta del telégrafo y a instalar mobiliario y alumbrado. Sin embargo, por ahora es inviable con el fallo emitido por el TSJC.