Propietarios de los terrenos de Hoya Fría, en Tenerife, que les fueron expropiados de forma forzosa por parte del Ejército han recurrido ante el Tribunal Supremo el reconocimiento de apenas un 10% de la cantidad económica que reclaman.
La familia Rodríguez López ha recurrido ante el alto tribunal un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que se le da la razón a la Junta Provincial de Expropiación Forzosa (JPEF), según el cual percibirían de media 21,5 euros por cada uno de los 145.000 metros cuadrados que les fueron expropiados.
Los diez herederos consideraban insuficiente la tasación y pedían que se elevara a 205 euros, lo que supone un total de 30 millones, cifra que el TSJC consideró “desmesurada” y que se correspondería a una valoración próxima de suelo urbano consolidado, cuando en realidad es rústico.
A esta cantidad se unirían otros 16 millones por una parte no expropiada pero que, a juicio de los aún propietarios, resulta inservible, dado que en su mayor parte son riscos, por lo que piden que también la adquiera el Ministerio de Defensa.
El TSJC indica que los terrenos expropiados están calificados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbanizable no sectorizado diferido y una parte más como diferido, por lo que según la legislación serían pagados como suelo rural en su mayor parte.
Estas parcelas no están integradas en malla urbana alguna, ni por cercanía ni por accesos. La base militar se sitúa en un promontorio en fuerte pendiente y cuenta con accesos exclusivos a la autopista del Sur de manera que la calificación de “rural” es considerada “incuestionable”.
También descarta el TSJC el argumento de que se deben tener en cuenta las expectativas urbanísticas en un futuro en cuanto a desarrollo de la ciudad, al carecer “de respaldo normativo”, puesto que aún no ha sido aprobado el Plan General.
El suelo hasta ahora sólo ha tenido un uso militar y el resto se encuentra en una situación “completamente silvestre” con un entorno en el hay un alta concentración de tabaibas, bancales ruinosos y vestigios de un antiguo sistema de riego inoperante antes de la llegada del Ejército.
Los terrenos, según el Ministerio de Agricultura, serían considerados “herbáceos y barbechos” con un valor medio en toda España de 1,2 euros por metro cuadrado.
En este caso se tiene en cuenta que este tipo de suelo en Canarias resulta mucho más valioso, por lo que se toma como referencia la valoración que Fomento hizo en 2013 para la ampliación de la TF-1, que se fijó en 20,5 euros.
Los propietarios pidieron que se aplicara la capitalización de rentas valorando el aprovechamiento económico generado por los terrenos debido a su alquiler acordado con Defensa desde 2009, a razón de 200.000 euros anuales, y que sería de un euro al año por metro cuadrado.
Pero el TSJC también descarta aplicar esta valoración dado que el Ejército no se ha ubicado en este lugar libremente sino debido a la cadena de litigios sucedidos, con una base edificada sobre unos terrenos que les fueron arrebatados por la Justicia y que permitió a los dueños fijar el precio.
También se rechaza el argumento de los herederos de que la parte que no ha sido expropiada resulte inútil o antieconómica al carecer de accesos para llevar a cabo una adecuada explotación, lo que es tachado de “absolutamente incierto”.
Estos terrenos, que en algunos puntos tienen menos pendientes que los ocupados en la Base, fueron abandonados antes de la llegada de los militares por falta de rentabilidad agrícola y cuentan con enlaces en dos puntos.
En estos momentos el Tribunal Supremo estudia otro recurso de los propietarios por no estar conformes con que se haya recurrido a la expropiación, lo que también fue avalado por el TSJC.
La familia Rodríguez López muestra su decepción con el hecho de que la capital tinerfeña haya perdido una “oportunidad única” a la hora de recuperar un enclave esencial para su desarrollo urbanístico a medio plazo.
Indican que de seguir adelante los planes del Estado se dará la “anacrónica” circunstancia de que en el centro de la capital tinerfeña se ubicaría una base militar cuando estas instalaciones están desapareciendo de los entornos urbanos.
En una de las primeras versiones del PGOU se recogía la construcción de una gran ciudad de la sanidad con hospitales y viviendas pero al plantearse la expropiación ni Cabildo ni Ayuntamiento quisieron negociar otra posibilidad, según indicaron en su momento estos antiguos propietarios.