El acuerdo del caso Decathlon no frena el proceso penal contra la exalcaldesa de Telde por desobediencia
El acuerdo alcanzado en los juzgados de Telde para zanjar con una indemnización de 247.000 euros el conflicto con dos de los propietarios de la parcela del barrio de La Pardilla donde se levanta una tienda de la multinacional Decathlon no paraliza el procedimiento penal abierto contra María del Carmen Castellano (PP). La exalcaldesa de este municipio fue denunciada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas por un presunto delito de desobediencia al no haber ejecutado en los términos estipulados la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el convenio urbanístico que permitió la construcción del establecimiento.
Según ha informado a este periódico un portavoz del Ministerio Público, la infracción por la que el 27 de octubre de 2014 la fiscal Blanca Iris Hernández solicitaba la apertura del procedimiento penal y la imputación de Castellano “no tiene por qué haber desaparecido” con la decisión adoptada por el gobierno local el pasado mes de enero de acudir a la mediación judicial para solventar el problema.
“Cuando alegue, se valorarán sus actuaciones” para hacer cumplir la sentencia, ha precisado la Fiscalía, que ha añadido que aún no se ha fijado fecha para la declaración de la exalcaldesa, que ya han ofrecido su testimonio en el Juzgado de Instrucción número 3 de Telde varios testigos y que aún deben comparecer “algunos más” antes de que Castellano sea citada.
Las mismas fuentes afirman que el juzgado ha rechazado un intento de personación como acusación particular, sin que hayan trascendido nombres, al considerar que, por la naturaleza del delito de desobediencia, “no hay una persona perjudicada como tal”. La Fiscalía matiza, no obstante, que esto no es obstáculo para que se puedan personar en la causa como acusación popular. En cualquier caso, “el procedimiento continúa” abierto a la espera de los nuevos señalamientos.
María del Carmen Castellano fue sancionada en enero de 2013 con una multa de 1.000 euros por los reiterados incumplimientos de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de octubre de 2009 que anulaba el convenio firmado cinco años antes entre el Ayuntamiento de Telde, entonces gobernado por el PP y Ciuca, y las empresas Promociones Horneras, propiedad de Ambrosio Jiménez, y Cicar. El Ayuntamiento dejó fuera del convenio a pequeños propietarios, lo que dio origen al pleito resuelto recientemente a través de la mediación judicial.
Nada más acceder Castellano a la Alcaldía, en junio de 2011, el Ayuntamiento recibió una providencia de la magistrada María Olimpia del Rosario, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en la que le otorgaba un plazo de diez días para cumplir una de las exigencias de la sentencia: la apertura de un expediente para declarar la lesividad del desarrollo urbanístico de la parcela. Tres meses más tarde, el requerimiento fue notificado de forma personal a la regidora popular.
A partir de ese momento, se sucederían los autos y las providencias del juzgado instando a cumplir la sentencia. En veinte meses no hubo ni una sola respuesta. La primera llegó en febrero de 2013. Era el recurso contra la multa de 1.000 euros a la alcaldesa.
En su denuncia, la Fiscalía puso de manifiesto que el juzgado había explicado a Castellano “hasta la saciedad” de qué modo debía ejecutar la resolución judicial de 2009, con la reposición de los terrenos a los pequeños propietarios o con una indemnización por el valor de los mismos.
No sería hasta noviembre del año pasado, ya con la denuncia de la Fiscalía en manos del Juzgado decano de Telde, cuando el Ayuntamiento decidió incoar el expediente de lesividad del desarrollo urbanístico. En enero el Consistorio acudió a la mediación judicial y dos meses más tarde, el 3 de marzo, los servicios jurídicos emitieron un informe en el que rechazaban la declaración de lesividad del desarrollo urbanístico admitiendo los recursos de Promociones Horneras, Decathlon y Cicar, que defendían que habían transcurrido más de cuatro años desde la fecha en la que se dictó la sentencia. Los letrados del Ayuntamiento entendían que la resolución judicial obligaba a incoar el expediente, pero no a declarar la lesividad.
Según anunció la pasada semana el nuevo grupo de gobierno, el Ayuntamiento deberá ahora desarrollar un proyecto de compensación para legalizar todas las actuaciones desarrolladas en esa parcela. Un proyecto con el que espera recuperar el 10% del aprovechamiento del suelo que tenía que pagar el promotor todos los años.
