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El fiscal y las acusaciones desinflan al testigo estrella de la defensa de Salvador Alba

Héctor de Armas, declarando en el juicio contra Salvador Alba

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

Era la sorpresa que había deparado la defensa de Salvador Alba para el inicio del juicio, el testigo estrella de última hora, la bala que había reservado el magistrado procesado para tratar de darle la vuelta al procedimiento y erigirse en víctima. Sin embargo, el testimonio de Héctor de Armas, actual propietario de Seguridad Integral Canaria (SIC), se ha desinflado a medida que avanzaba el interrogatorio del fiscal y de las acusaciones hasta el punto de que el “chantaje” que asegura haber sufrido Alba por parte de su exjefe, Miguel Ángel Ramírez, con la participación de la jueza Victoria Rosell y el periodista Carlos Sosa, ha quedado reducido a una serie de hechos de los que no ha tenido conocimiento como testigo directo, sino a través de referencias, de comentarios, y a una frase que le habría trasladado el también presidente de la UD Las Palmas el mismo día en que grabó a Alba en su despacho. “Este es nuestro seguro de vida”, asegura que le dijo en referencia al pendrive con el audio de su reunión secreta del 16 de marzo de 2016, que le hizo escuchar esa misma tarde tras llegar a las oficinas de las empresas “como un niño el día de Reyes”.

De Armas ha comparecido este miércoles como testigo de la defensa, a pesar de que en el señalamiento de la vista figuraba propuesto por la otra parte, en concreto por la acción popular que ejerce Carlos Sosa, que renunció a su testimonio antes de comenzar el juicio como consecuencia de su delicado estado de salud. Según ha quedado acreditado en la tercera sesión de la vista con la declaración del dueño de SIC, mientras aún conservaba esa condición de testigo de la acusación, De Armas contactó con Salvador Alba a través de un periodista, Juan Santana, ex jefe de prensa de José Manuel Soria y director del programa al que acude con frecuencia casi semanal el magistrado, para contar, en un arrebato “de dignidad”, según sus propias palabras, la verdad del caso o, al menos, la que recuerda.

Según ha manifestado, este cambio de estrategia responde a una “razón de peso”: “Hay alguien que puede ser condenado a cárcel y estoy obligado a hacerlo por decencia”. Al ser preguntado por el momento, más de tres años después de que comenzara la instrucción, se ha escudado en que su vida en los últimos tiempos ha sido “muy complicada” y en los problemas médicos que ha padecido.

La defensa del magistrado incorporó al inicio de la vista una carta escrita por De Armas en la que afirma que su anterior jefe, Ramírez, con el que mantiene varios enfrentamientos judiciales, realizó la grabación en el despacho de Alba con el objetivo de “chantajearlo” para que archivara la causa que instruía en su contra -y también en la del testigo- por delitos fiscales.

En esa misiva, afirma que los archivos fueron editados y que en ese presunto complot participaron tanto Rosell como Sosa. Sin embargo, a cuestiones formuladas por las acusaciones, el empresario ha asegurado desconocer cuál fue el proceso de manipulación de esos archivos, limitando su conocimiento al respecto a la ausencia en la grabación que consta en la causa de la referencia a la empresa Prosegur, a la que Ramírez atribuía con un discurso que ha calificado de “monomaníatico” la autoría en la sombra de la denuncia que aún se tramita en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También dijo que en la grabación que Ramírez le hizo escuchar la tarde de ese 16 de marzo de 2016 en las oficinas de SIC aparecían referencias a personas que no figuraban en el archivo encontrado por la Guardia Civil en el dispositivo de grabación. Cuando se le pidió concreción, De Armas solo acertó a pronunciar los nombres del exministro José Manuel Soria; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, que sí son mencionados en esos audios.

La carta está fechada a mediados de mayo. Sin embargo, en la última parte figura un apunte manuscrito que señala que fue remitida a Salvador Alba el 1 de julio, es decir, el mismo día en el que se iniciaba el juicio en su contra. De Armas defendió que primero remitió el escrito al letrado del magistrado, “Nicolás” (González-Cuéllar), y que fue este quien le advirtió de que debía enviarla a nombre de Alba para no quebrar el código deontológico del Colegio de Abogados. Según el propietario de SIC, los primeros contactos con el juez se produjeron hace “seis o siete meses”, aunque posteriormente precisó que había tenido un encuentro personal con el juez en mayo gracias a la mediación del periodista Juan Santana, que asistió a la comparecencia en la zona de invitados, al igual que el abogado Eduardo López Mendoza, al que Alba archivó en el pasado tres delitos y con el que hoy se fundió en un efusivo abrazo.

El testigo rescatado a última hora por la defensa ha atribuido la autoría de la transcripción entregada en el juzgado junto a la grabación a José María Aranda, abogado en cuyo despacho dice que se reunieron Rosell, Sosa y Ramírez, según le habría trasladado este último. También de referencias, en este caso del abogado de su exjefe, José Antonio Choclán, asegura que, antes de llevarla a los tribunales, Ramírez entregó en el aeropuerto de Madrid o en sus inmediaciones un pendrive con la grabación recogida de su reunión clandestina con Alba.

Un problema de plazos

A lo largo de su comparecencia, De Armas ha arremetido con dureza contra Ramírez o, más en concreto, “contra su forma de hacer las cosas”, ha hablado de un “reino del terror” en la empresa mientras fue directivo y ha advertido de que su estrategia ha cambiado, de que está dispuesto a relatar todo aquello de lo que tuvo conocimiento en los últimos doce años en relación con las empresas vinculadas a su antiguo jefe. Cuestionado por las razones por las que Ramírez no siguió adelante con ese presunto chantaje a Alba, manifestó los plazos no le fueron favorables y que la anticipada llegada de Carla Vallejo al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria frustró sus planes, ya que pensaba que el magistrado con el que concertó el plan se quedaría más tiempo en ese destino, tal y como se escucha en la grabación.

De Armas negó, a preguntas del abogado de la defensa, Pedro Ayala, y a raíz de unos mensajes de Whatsapp incorporados a la vista a última hora, que Carlos Sosa le informara de los avatares de la causa que instruía su pareja, Victoria Rosell. En uno de esos mensajes, que el periodista no ha asumido como propios, se hace referencia al “número mágico 644” (en referencia al procedimiento por fraude fiscal contra Ramírez y De Armas, el 644/2014). Según el testigo, se trata de un “comentario esporádico” . “Informarme, en términos propios, no”, ha matizado.

En relación con ese mismo procedimiento, en el que se mantiene imputado por cuatro delitos, el propietario de Seguridad Integral Canaria afirmó que fue Ramírez quien le impuso abogado, Sergio Armario, y que lo hizo porque este letrado, que acompañó al empresario a su reunión con Alba, era “amigo” del juez.

A pesar de las constantes referencias a lo largo de las sesiones a un apunte contable en las cuentas de SIC que acreditarían la existencia de una tarjeta VISA a nombre de Canarias Ahora, el abogado de Salvador Alba no ha formulado ninguna pregunta al respecto al testigo.

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