Nueva maniobra del juez Salvador Alba para retrasar su expulsión de la carrera judicial. A través de su abogado, Nicolás González-Cuéllar Serrano, ha formulado recusación contra la magistrada Margarita Varona, que lo investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de seis delitos relacionados con las operaciones que ejecutó para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell reforzando la querella -ya archivada- que contra ella había presentado en el Supremo el exministro de Industria, José Manuel Soria. Se trata de la cuarta recusación que promueve desde que fuera descubierto y encartado tras aquellas operaciones: Alba ha recusado en dos momentos distintos al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (dimitido este mismo martes) y a la magistrada del TSJC Carla Bellini para que no instruyera una querella que el juez sospechoso interpuso contra Victoria Rosell y la también jueza Carla Vallejo en octubre pasado, querella que no resultó ni siquiera admitida a trámite.
En esta ocasión, Alba alega que la magistrada Margarita Varona ha perdido la imparcialidad por haber aceptado la condición de acusación particular de Victoria Rosell en la causa que se sigue contra él después de reiteradas peticiones de la víctima de los delitos por los que se le investiga. Dice el juez investigado que Varona contestó positivamente a Rosell un día antes de que se incorporara a las diligencias el último escrito de petición de la jueza perseguida por Alba. Todo ello, alega, sin dar traslado de ese escrito a las partes para formular alegaciones, lo que a su juicio supone un interés de Margarita Varona en la personación de Rosell como acusación particular.
Desde el momento en que ha quedado registrada esta recusación, Margarita Varona no podrá resolver ningún asunto relacionado con las diligencias previas 10/2016, lo que retrasará el cierre de la instrucción y, consecuentemente, el auto de apertura de juicio oral a partir del cual se darían las condiciones ineludibles para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) procediera a la expulsión disciplinaria de Salvador Alba.
Esta maniobra de dilación ya le funcionó al imputado en el expediente disciplinario que este mismo jueves va a analizar el pleno del CGPJ. Efectivamente, a lo largo de la dilatada instrucción de ese expediente, abierto en formato informativo en mayo de 2016 y transformado en disciplinario en noviembre pasado, Alba recusó en dos ocasiones al Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, por motivos que no han trascendido. Y en las dos ocasiones sus pretensiones fueron rechazadas por la Comisión Disciplinaria del Consejo, aunque prosperó su intento por dilatar el proceso -incluso escondiéndose de las notificaciones, realizadas vía BOE- hasta el punto de poner en peligro su integridad por caducidad. Esos incidentes de recusación y la paciencia con la que Fonseca-Herrero se tomó el asunto Alba han conducido a algún medio especializado a hacerse eco del criterio de Alba y su entorno jurídico de que su causa puede haber quedado anulada.
El veredicto se conocerá este jueves, día en el que el pleno del CGPJ abordará la propuesta de resolución del dimitido Promotor de la Acción Disciplinaria que interesó una sanción consistente en la separación (expulsión) de Salvador Alba de la carrera judicial por la falta muy grave de desatención a sus deberes como juez. Una falta que dista bastante de las dos muy graves y una grave que le endosó al comienzo de su expediente disciplinario y que, al contrario de éstas, no tiene traslación al Código Penal. Aquellas faltas eran inobservancia del deber de abstención y revelación de secretos (faltas muy graves), y exceso o abuso de autoridad al desviarse del objeto de las diligencias penales para adentrarse en una investigación ajena al procedimiento (causa grave).
Fuentes conocedoras del expediente dan por sentado que el pleno del CGPJ resolverá este jueves asumiendo la sanción que pidió Fonseca-Herrero pero remitiendo la expulsión de Alba al momento en que haya sentencia firme, es decir, cuando resuelva la última instancia (el Tribunal Supremo), de haber condena. Mientras tanto, el Consejo resolverá suspenderlo a partir de que haya auto de apertura de juicio oral, hito procesal que ahora se retrasará por la recusación que el investigado/expedientado ha formulado contra la jueza que lo investiga en el TSJC.