El juez Alba reclama que no le quiten a Rafael Lis del tribunal que le tiene que juzgar
El juez Salvador Alba quiere a su colega Rafael Lis en el tribunal que lo juzgue por los cinco delitos presuntamente cometidos cuando conspiró contra la magistrada Victoria Rosell, elegida el pasado 28 de abril diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas como independiente. Así lo ha hecho constar en un escrito presentado el pasado día 3 por su abogado, Nicolás González-Cuéllar Serrano, quejoso de que un año después de la apertura de juicio oral, este no se haya celebrado todavía, entre otras razones por la multitud de recursos interpuestos por él y por la dificultosa tarea de conformar sala en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) entre magistrados y magistradas disponibles y dispuestos.
Alba quiere que Lis, que tendrá que jubilarse el domingo 26 de mayo al cumplir 72 años, permanezca en el tribunal que preside José Félix Mota y completa Julio Wood, para lo cual ha reclamado que se señale ya la fecha del juicio porque, de comenzar antes de la jubilación forzosa, ésta podrá retrasarse hasta que la sentencia sea redactada.
Para el caso de que no se fije juicio antes de las elecciones del domingo 26, Alba quiere que el tribunal se dirija al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que autorice una “prórroga de jurisdicción del magistrado don Rafael Lis Estévez tras la fecha de su jubilación”. Como última petición y para el caso de que se le deniegue la anterior, el acusado quiere que se designe ya un sustituto del polémico juez con destino en Instrucción 3 de Arrecife.
Salvador Alba quiere que Lis, que ya fue recusado sin éxito por las acusaciones particular y populares, pueda participar en la sentencia porque, en el caso de condena, un hipotético voto particular favorable podría ayudarle en su recurso ante el Tribunal Supremo, la única instancia a la que podrá acudir al ser juzgado como aforado en un TSJ.
Rafael Lis fue designado miembro del tribunal que ha de juzgar a Salvador Alba el pasado mes de diciembre, poco después de reincorporarse a su puesto tras cumplir una sanción disciplinaria de seis meses de suspensión de empleo y sueldo. El CGPJ lo sancionó por no apartarse de una causa relacionada con la corrupción urbanística de Lanzarote en la que su pareja ejercía como letrada de uno de los empresarios encartados a través del despacho de abogados que él mismo fundó y del que era socia junto a los hijos del magistrado.
Antes de ser sancionado Lis y suspendido cautelarmente Alba tras abrirse juicio oral en su contra, ambos coincidieron reiteradamente en sus resoluciones casualmente a favor de empresarios y empresas vinculados con la trama de corrupción del caso Unión, en Lanzarote, y algunas de sus derivadas. Resoluciones que en la mayoría de los casos fueron posteriormente tumbadas por instancias superiores a petición del Ministerio Fiscal.
Salvador Alba Mesa se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación a petición de la Fiscalía del TSJC por la presunta comisión de los delito de prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento judicial, negociación prohibida a funcionario público y revelación de secretos. La acusación particular y las dos populares incrementan la petición de prisión a 14 y 13 años, respectivamente.
