Los antiguos clientes del grupo Anfi siguen dando pasos en los juzgados para tratar de superar la resistencia de la empresa, líder europeo en el negocio de las vacaciones a tiempo compartido –timesharing-, a pagar lo que les debe en virtud de las numerosas sentencias que han ido recayendo en los últimos años en contra de este emporio radicado en el sur de Gran Canaria por las irregularidades cometidas en la venta de estos productos turísticos. Al menos tres ex propietarios de estos derechos han reclamado ya la intervención de un administrador judicial, una figura independiente que, por encargo del juez, tiene la misión de supervisar las cuentas de las empresas sobre las que pesan reclamaciones patrimoniales (embargos) y gestionarlas. Se trata de una fórmula poco conocida que guarda similitudes con la administración concursal.
Los denunciantes, representados por el despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA), especializado en timesharing, han recurrido a esta vía para intentar recuperar su dinero tras agotar todas las opciones previas. Las dos sociedades del grupo Anfi dedicadas a la venta de estos productos turísticos, Anfi Sales y Anfi Resorts, no solo se han negado a pagar de forma voluntaria las cantidades adeudadas como consecuencia de los cientos de condenas que acumulan en los tribunales, sino que, además, han vaciado sus cuentas corrientes en los últimos años, impidiendo de esta manera los embargos por la vía de apremio.
La información patrimonial sobre esas dos sociedades revela una rápida descapitalización desde el año 2016, de manera que los saldos en sus cuentas, que superaban los 10 millones de euros, han quedado prácticamente a cero, a pesar de que la actividad de la empresa no ha cesado.
Solo en el caso de los pleitos con CLA, Anfi suma más de 500 condenas por un importe de 7,7 millones de euros, de las cuales más de 100 ya cuentan con sentencias firmes del Supremo que obligan a las sociedades a devolver 2,5 millones. El vaciado de cuentas ha dado origen a una investigación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas tras las denuncias presentadas por los abogados Eva Gutiérrez, de CLA, y Miguel Rodríguez Ceballos, del bufete Ceballos Navarro, por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y frustración en la ejecución.
La fiscal Elena Herrera ya ha presentado una denuncia contra Anfi ante el juzgado decano de San Bartolomé de Tirajana por haber ocultado sus bienes en los procedimientos de embargos judiciales, un presunto delito de insolvencia punible.
Al margen de la vía abierta en el ámbito penal, los antiguos clientes de Anfi han seguido pleiteando en la jurisdicción civil para recuperar su dinero. Ante la negativa del grupo turístico a pagar voluntariamente y la imposibilidad de embargar las cuentas vaciadas, solicitaron que se les diera traslado de los frutos y rentas de las sociedades para lograr así que el grupo les informara del resultado de sus operaciones comerciales y, entre otras cuestiones, de cuáles son sus beneficios por los alquileres o por la venta de derechos de aprovechamiento por turnos.
Una nueva negativa de Anfi a rendir cuentas a sus antiguos clientes ha precipitado el último paso, el más severo en los procesos de ejecución por responsabilidad patrimonial, la petición de administración judicial. El grupo turístico desactivó la primera de las tres solicitudes presentadas hasta la fecha con el pago inmediato de la deuda. Sin embargo, las otras dos continúan su curso y el juzgado ya ha convocado para septiembre a los socios principales y a los denunciantes para tratar de alcanzar un acuerdo de pago o, en caso contrario, activar la opción del administrador judicial que propone la parte que reclama el embargo de las cuentas.
Para intentar paralizar esta acción, Anfi ha presentado un recurso que el juzgado ha rechazado. De ese escrito se desprenden las reticencias del administrador de hecho de la sociedad a informar al resto de socios y accionistas del estado de las cuentas y sus operaciones comerciales.