El Juzgado de Instrucción número dos de San Bartolomé de Tirajana ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra cinco funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia por los supuestos delitos de allanamiento de morada y de detención ilegal denunciados por una empresa de timesharing en el sur de Gran Canaria.
Según ha informado este martes en una nota de prensa la Policía Nacional, se trata de agentes que intervinieron en la operación Voyager llevada a cabo en julio de 2013 contra una supuesta banda de estafadores en masa a turistas extranjeros por medio de la modalidad de vacaciones compartidas.
La Policía señala que en el auto del juzgado “se desvirtúan las acusaciones realizadas contra los funcionarios policiales, estableciendo claramente que, en todo momento, los funcionarios actuaron dentro de la legalidad”.
La actuación denunciada tuvo lugar el 22 de julio de 2013. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) realizó, sin autorización judicial (la petición llegó al juez seis horas después de haberse ejecutado), una serie de registros en varios inmuebles del sur de Gran Canaria: el domicilio de los principales acusados, Eugen Firedriech Kaiser y Alexandra Jane Emmot; los locales del Club Voyager; el Hotel Club Puerto Atlántico, y el centro de atención telefónica de Arguineguín.
La operación se saldó con 76 detenidos, pero el caso fue archivado a finales de abril de 2014 al no apreciar el juez la estafa masiva a turistas denunciada por la Policía.
Según la versión que han expuesto los trabajadores en sus comparecencias ante el juez, el despliegue se activó sobre las 11.00 horas del lunes 22 de julio. En ese momento irrumpió en el local una mujer que primero pidió “que no se moviera nadie” para, minutos después, identificarse como policía. Posteriormente entró la subinspectora de Empleo, que permaneció en la oficina hasta aproximadamente las 13.00 horas, “identificando a los empleados y preguntando a cada uno su horario de trabajo”.
Sin embargo, tras la salida de la inspectora, la Policía mantuvo retenidos a los trabajadores varias horas más (algunos de ellos permanecieron allí hasta la noche), siendo esta la causa de la denuncia por detención ilegal. Los trabajadores del centro de Arguineguín se quejaron de la actitud “agresiva y amenazante” de los agentes.
El jefe del operativo del Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias reconoció en su declaración ante el juez que, durante la operación timesharing, ordenó a una subordinada que pidiera a los empleados de un centro de atención telefónica de Arguineguín, en Gran Canaria, que permanecieran en la oficina tras una inspección de trabajo a la espera de que llegaran unas citaciones para comparecer en la Supercomisaría de la capital al día siguiente. Unas citaciones que los agentes no llevaron consigo al inicio de la actuación “por un descuido”.