Arranca el juicio del caso Montecarlo: el exinterventor de Arrecife admite irregularidades en el pago de facturas

El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) Carlos Sáenz ha reconocido este lunes ante la Audiencia de Las Palmas las irregularidades en la tramitación y abono de facturas que le imputa el Ministerio Fiscal en la cuarta pieza derivada del llamado caso Montecarlo, en la que se piden para él seis años de cárcel.

La Audiencia ha comenzado a juzgar en Arrecife la presunta existencia de una trama de corrupción en la que se acusa al exinterventor, al exalcalde de la capital de Lanzarote José Montelongo (PSOE), a cuatro exconcejales de tres partidos distintos (PSOE, PIL y PNL), a seis empleados municipales y a un empresario (Carlos Lemes) de “expoliar” 842.000 euros de las arcas municipales para beneficiar a las empresas Inelcón y Señalcón.

Sáenz admitido los hechos de los que le acusa la Fiscalía nada más comenzar su declaración ante el tribunal, aunque no ha reconocido la participación de ninguno de los otros acusados en el proceso y ha manifestado su disconformidad con la pena solicitada.

El exinterventor municipal ha relatado a la sala de forma pormenorizada el proceso que se seguía en le Ayuntamiento de Arrecife para la contratación de cualquier servicio u obra, aclarando que, en todo caso, en cada departamento hay un técnico y un político que debían firmar con su conformidad con las facturas.

Ha admitido que se daban casos en que se fraccionaban los encargos, con el objetivo de evitar los procesos legales de contratación, que necesariamente se dilataban en el tiempo, cuando los políticos “querían ver las cosas resueltas rápidamente” o se producían situaciones imprevistas que requerían soluciones urgentes.

El exinterventor ha confesado que le consta que se aplicaron algunas facturas indebidamente y ha explicado que todas las que fueron reconocidas como deuda extrajudicial en 2012 por el pleno de la Corporación tenían reparos, “es decir que no podían ser legalmente abonadas porque todas incumplían los trámites de contratación”.

Sáenz ha negado tener algún tipo de relación con el empresario Carlos Lemes, aunque en su escrito de acusación el Ministerio Público señala que se pusieron de acuerdo “para llevar a cabo la sustracción de fondos públicos” del Ayuntamiento de Arrecife a través de las sociedades de este último, a las que se concedieron “de forma directa y verbal” múltiples contratos entre los años 2008 y 2012.

Un proceso sin garantías, según la defensa

Por su parte las defensas del resto de los acusados han coincidido en pedir la nulidad de las actuaciones al entender que se han vulnerado las garantías procesales durante la instrucción de la causa, incidiendo el letrado del empresario Carlos Lemes en que su defendido no llegó a disponer con el tiempo necesario de una copia íntegra del procedimiento, “por lo que se ha cercenado su derecho a la defensa”.

Una de las defensas ha asegurado que su cliente fue imputado cuatro años después del inicio del proceso y dos días después de tomarle declaración se dictó el auto que convirtió el procedimiento en abreviado sin que tuvieran ocasión de “controvertir” determinadas declaraciones o pruebas.

La representante del Ministerio Fiscal ha pedido a la Audiencia que desestime las cuestiones planteadas, puesto que en algunos casos ya han sido rechazadas por el tribunal y, en cualquier caso, porque los derechos de los acusados han estado garantizados en todo el proceso.

En la sesión de este lunes ha declarado también Isabel Martinón (PNL), concejal de Hacienda de Arrecife cuando ocurrieron los hechos, quien ha declinado cualquier responsabilidad sobre el pago de las facturas: “A mí me llegaban cientos de expedientes de facturas para firmar y yo comprobaba que tenían la firma del interventor y las firmaba sin fijarme ni en el importe ni en el nombre de la empresa”, ha alegado.

Martinón ha señalado que ella estaba “muy tranquila” porque tanto el interventor como el depositario eran funcionarios habilitados nacionales y por lo tanto confiaba en que todo era correcto.

Por su parte el empresario Carlos Lemes, cuya declaración se vio interrumpida por un receso, ha asegurado que su empresa comenzó a trabajar con el Ayuntamiento de Arrecife desde su creación y que los encargos se los realizaba generalmente personal técnico del Consistorio.

Ha explicado que muchas facturas obedecen a trabajos realizados para la solución de imprevistos o averías que a veces ocurrían por la noche, como es el caso de los problemas con los semáforos. “Y, si nos avisaban, íbamos y arreglábamos el problema y luego pasábamos la factura”, ha añadido.

Las sesiones ante la Audiencia Provincial continuaran en Arrecife durante los próximos días, con la toma de declaración de los acusados y los peritos y testigos propuestos por las partes.

La Fiscalía considera que la trama para el supuesto “expolio” del Ayuntamiento contaba, además del exinterventor y el empresario acusados, con la participación de una serie de empleados municipales y de concejales, singularmente los de Hacienda -cargo que desempeñaba en aquellas fechas el luego alcalde de la ciudad, José Montelongo- para dar apariencia de legalidad a todas esas contrataciones y proceder a su pago.

Y todo se hacía, subraya, “a sabiendas por todos ellos de que se incumplía descaradamente con la normativa de contratación pública y se daba vía libre al arbitrario enriquecimiento de ambas entidades privadas”, Inelcon y Señalcon.

Gran parte de esos contratos se llevaron después al pleno para incluirlos en el procedimiento de pago a proveedores que articuló el Estado a través del ICO para ayudar a los ayuntamientos a ponerse al día con sus acreedores, sin que conste que el resto de concejales de la corporación que votaron a favor de pagarlos conocieran las irregularidades que había detrás de ellos, añade el fiscal.

Facturas “infladas sistemáticamente”

La Fiscalía sostiene que las empresas del procesado Carlos Lemes no solo recibieron contratos adjudicados de manera irregular, sino que inflaban de manera “sistemática” sus cuantías un 22%, “al incluir indebidamente el 16% de beneficio industrial y el 6% de gastos generales en todas las facturas de prestación de servicios”.

De acuerdo con los cálculos de la acusación, Inelcon y Señalcon facturaron al Ayuntamiento de Arrecife en los contratos objeto de este proceso 3.469.086 y 135.199 euros, respectivamente, importes en los que hay cantidades que suman “un mínimo” de 841.794 euros “que obedecen a servicios no prestados” en realidad a la ciudad.

La Fiscalía resume en varios pasajes de su escrito lo ocurrido en aquellas fechas en el Ayuntamiento de Arrecife como un “expolio”, que traduce legalmente en delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y falsedad.

En cuanto a las penas, pide seis años de cárcel para interventor Carlos Sáenz y para el empresario Carlos Lemes, cinco años y medio para José Montelongo por su participación en los hechos como concejal de Hacienda, cinco años y tres meses para los exconcejales Eduardo Lasso (Festejos, PIL) e Isabel Martinón (Hacienda, PNL) y cinco años para los exediles Víctor San Ginés (Festejos, PSOE) y Alberto Morales (Obras y Servicios, PSOE).

Asimismo, demanda condenas de prisión que oscilan entre los cuatro años y nueve meses y los cinco años y tres meses para los empleados y técnicos municipales José Nieves, Miguel Angel Leal, Penélope Tabares, José Antonio Cabrera e Isidro Hernández.

Ninguno de los políticos señalados en este caso forma parte en la actualidad del Consistorio.

José Montelongo dimitió de su cargo de alcalde el 25 de abril de 2016 tras ser imputado en el supuesto expolio por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife.