La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga en dos sesiones, a celebrar el lunes y martes de la próxima semana, el desfalco de 250.000 euros cometido al Ayuntamiento de Arrecife a través de facturas por trabajos no efectuados.
La Fiscalía pide seis años de prisión para el interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, el ex jefe de la Oficina técnica, Rafael Arrocha y el ex concejal del PIL, José Miguel Rodríguez, por la trama de las facturas falsas de electricidad que se pagaban a la empresa Proselan, del empresario José Daniel Hernández Arráez, para quien se piden cinco años y seis meses.
Los tres primeros están acusados de tres delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, como autores en este último caso y como cooperadores necesarios en el caso de los funcionarios en los otros dos delitos. El empresario suma a estos tres delitos el de falsedad en documento mercantil y se le considera inductor a la prevaricación.
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