Ben Magec-Ecologistas en Acción ha anunciado este viernes que ha solicitado formalmente ante la Jefatura de la Demarcación de Costas de Canarias del Ministerio de Medio Ambiente “la inmediata paralización y precintado” de las obras de regeneración de la Playa de Tauro.
Los ecologistas reiteran que estas obras irregulares están afectando a la cercana Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja Marina de Mogán, por lo que consideran necesario la suspensión de los trabajos de Anfi Tauro.
La organización recuerda que existen indicios de varias irregularidades, en primer lugar porque las obras carecen de las correspondientes actas de replanteo y titularidad, y porque ha habido omisión del procedimiento de audiencia a los afectados (titulares de los terrenos afectados por el nuevo DPMT), una acción que tildan de “muy grave en el procedimiento”.
Por otro lado, consideran que “existen deficiencias en la licencia municipal y que el expediente administrativo es incoherente con los informes sectoriales y contiene deficiencias en los informes preceptivos”.
Ben Magec hace hincapié en que estas anomalías son “muy graves” porque suponen “un claro beneficio a una empresa privada frente al interés público”, sobre todo al tener en cuenta que los trabajos “han supuesto una afección ambiental que es necesario evaluar”.
Así, aparte “del gravísimo impacto de las obras sobre la franja litoral”, los ecologistas estiman que el medio marino se ha visto afectado por la gran la turbidez generada por las obras, tanto por las excavaciones y extracciones como por el vertido de áridos, que han incidido de manera negativa sobre la ZEC Franja Marina de Mogán que se encuentra a 300 metros de la costa.
“Es probable que se hayan producido alteraciones significativas de hábitats de interés comunitario y las especies contenidas en los mismos, en concreto los sebadales formados por la seba (Cymodocea nodosa) incluida en la categoría de ”vulnerable“ dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas”, asegura la federación.
Por todo esto, instan a la Fiscalía a que actúe de oficio y llegue hasta el final “en un tema en el que existen serias sospechas de actuación desproporcionada de la administración a favor del interés privado y contra el interés público que ha de primar la conservación del litoral y de los espacios naturales frente a su destrucción con fines especulativos”.