Caso Mascarillas

Caso Mascarillas: las defensas de dos imputados intentan colar el nombre de Torres en la causa de la Audiencia

Las defensas de dos de los imputados en las causas abiertas sobre las compras de mascarillas realizadas por el Gobierno de Canarias en la pandemia han intentado este verano colar en sus recursos ante la Audiencia Nacional el nombre del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como supuesto investigado en esos procedimientos, aunque ninguno se dirige contra él.

El último en hacerlo ha sido Conrado Domínguez, al que Torres, siendo presidente de Canarias, forzó en 2022 a dimitir como director de la sanidad pública de las islas al confirmarse que había sido imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias en la primera de esas investigaciones, relativa a la supuesta estafa de cuatro millones de euros en una compra de un millón de mascarillas.

Dos años después, contra Domínguez se dirigen también acusaciones por delitos de malversación de fondos públicos y cohecho (presunto cobro de sobornos por parte de empresas beneficiadas por las compras) y el grueso de las investigaciones lo lleva la Fiscalía Europea, a la que supervisa como tribunal de garantías la Audiencia Nacional.

El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) se ha quejado este verano en uno de sus últimos recursos ante la Audiencia de que es víctima de una “investigación prospectiva”, basada -dice- en “simples coincidencias en la tramitación, anomalías o trámites defectuosos” que no considera suficientes para fundar “una sospecha razonable y lógica” que permita incrimilarlo en nada.

Es en ese contexto en el que su defensa ha intentado plantear que la Audiencia Nacional no es órgano competente para supervisar esta causa, porque “hay un aforado ante el Tribunal Supremo”.

Así lo recoge un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia dictado el pasado 29 de julio, en el que se rechazan todas sus pretensiones. En la parte del recurso que reseña el auto no se menciona a Torres directamente, pero aforados ante el Supremo por razón de su cargo están los miembros del Consejo de Ministros.

Más explicito es otro de los imputados, un empresario que reclamaba que le devolvieran los ordenadores que le había incautado la Fiscalía Europea una vez que ha sido volcado y copiado todo su contenido, que ahora está a disposición de la investigación.

Su recurso lo resolvió la Sala de lo Penal también este verano, el 24 de julio, en su caso para devolverle los ordenadores. Sin embargo, también pretendía derivar la causa al Supremo, con el argumento de que entre las personas mencionadas en la denuncia que dio origen al caso “se encuentra el que actualmente es un ministro del Gobierno, expresidente del Gobierno de Canarias”.

En ese auto del 24 de julio, la Audiencia le contesta que “se causaría una verdadera indefensión” si a estas alturas decidiera “sobre si es el Tribunal Supremo el competente para conocer el asunto dado que existe una persona denunciada que es aforada”.

La resolución del 29 de julio niega en estos términos que el ministro Torres esté imputado en esas causas: “Solo si surgieran indicios relevantes respecto a una persona aforada, podrá plantearse la competencia del Tribunal Supremo, valorando la Fiscalía Europea, como se indica en el auto recurrido, para que inste la incorporación al procedimiento el investigado que ostente tal condición”.

En otro procedimiento conectado con los anteriores, el caso Koldo, que también incluye compras de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias, sí aparece el nombre de Torres en un informe policial, para dejar constancia de que se le mencionó en un grupo de Whatsapp que compartían parte de los imputados. Tampoco en ese caso el ministro está investigado ni se ha dirigido reproche penal alguno contra él.