Los entresijos de la elección de Asier Antona como presidente del PP canario, al desnudo en los juzgados
El juicio celebrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para dirimir la demanda presentada por Enrique Hernández Bento, exdelegado del Gobierno de España en Canarias, contra el partido en el que militó hasta abril de 2017, el PP, ha puesto al descubierto entresijos del proceso interno que vivió la formación conservadora a principios del año pasado para sustituir en la dirección regional al exministro José Manuel Soria. El mismo día en el que se desarrollaba en el Parlamento de Canarias la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, el actual presidente del PP en las Islas y portavoz de su grupo en la Cámara, Asier Antona, comparecía ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de la capital grancanaria para responder a las acusaciones vertidas por quien fuera su rival en la carrera por liderar el partido.
Aunque a su salida de los juzgados garantizaba que “jamás” volvería a militar en el PP, Hernández Bento pide en este litigio que se anule la convocatoria y el Congreso Regional del partido por las irregularidades que habrían cometido la junta directiva y el comité organizador para “dar ventaja” a Antona con respecto a los otros tres aspirantes: el propio exdelegado del Gobierno, Cristina Tavío y Juan José Cardona. Para ello, su abogado, Claudio Almeida, ha aportado, entre otras pruebas, la grabación de una conversación que revela, a su juicio, que el equipo de Antona dispuso de información privilegiada, que se le negó al resto, durante la campaña: el censo de los militantes que estaban al corriente de los pagos y que, por lo tanto, podían avalar su candidatura.
Los interlocutores de esa conversación, que tiene lugar el 17 de febrero, un día antes de que se publique en los medios la convocatoria del Congreso Regional, son Ana Guerra, afiliada del PP y encargada de buscar avales en el equipo de campaña de Antona, y María Elena Andrés, mujer de Hernández Bento, que es quien graba a través de una aplicación que certifica la autenticidad de la misma. Según explicó Andrés, decidió llamar a un número de teléfono que resultó ser el de Ana Guerra después de que hasta cuatro afiliados del partido (ella no lo es) le confirmaran que desde el mismo se habían puesto en contacto con ellos para pedir avales para Antona después de ponerse al día con las cuotas.
“Si yo la llamé, es que usted está al corriente de los pagos”, dice Ana Guerra en esa conversación, que no ha sido impugnada por el PP, aunque tanto esta afiliada como el presidente del Comité Organizador del Congreso Regional, Felipe Afonso El Jaber, y el abogado que representa al partido, el senador Jorge Rodríguez, han intentado en la vista de este miércoles desacreditar la grabación alegando que se trataba de una trampa para intentar preconstituir una prueba por parte de una persona a quien no se le llamó y que no es afilada de la formación.
Para Hernández Bento, en cambio, esta llamada demostraría el trato de favor a Antona, ya que el resto de los aspirantes pudieron acceder al censo “cinco o seis días después” que el actual líder y, además, sin posibilidad de saber qué militantes estaban al día en el pago de las cuotas. Según su abogado, el demandante solicitó esta información de manera reiterada, pero se la negaron aduciendo que infringiría la Ley de Protección de Datos.
Hernández Bento también denuncia que, durante el proceso de elección, algunos miembros del Comité Organizador y comités locales del partido expresaron públicamente su apoyo a la candidatura de Antona cuando debían mantenerse neutrales. Citó, en concreto, mensajes del presidente del comité, Felipe Afonso, y de Eliezer Santana, actual vicesecretario de Comunicación de Nuevas Generaciones. Afonso, que también testificó en el juicio de este miércoles, defendió que ese tuit, que incluía la etiqueta #contigoAsier, fue escrito la mañana del 13 de febrero y que en ese momento desconocía que esa misma tarde sería nombrado presidente del Comité Organizador.
Tanto el actual portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria como el propio Antona y la gerente del partido en Gran Canaria, Rosario Tarajano, lanzaron a lo largo de la vista los mismos argumentos, resumidos en el respeto “escrupuloso” a los estatutos del partido, la neutralidad del comité organizador, la unanimidad en la toma de decisiones y la búsqueda de “la máxima participación” de los afiliados en el proceso interno. “No puedo poner palos en las ruedas (…) Mi única responsabilidad fue patearme todas las islas para conseguir los avales que conseguí”, llegó a decir Antona con respecto a esos mensajes de apoyo. El presidente del PP canario no se sintió favorecido por los órganos del partido. “Llevo desde 2012 como secretario general. Me he ganado la simpatía de los afiliados”, manifestó.
El abogado de Hernández Bento relató, además de las mencionadas, otra decena de “infracciones” que, a su juicio, habría cometido el PP vulnerando el derecho de su representado. Entre ellas, destacó que no existe “una convocatoria directa” del Congreso para los militantes, que se anunció en los medios de comunicación la celebración de esta cita cuatro días después de que hubiera empezado el proceso, que ningún órgano explicó las razones de excepcionalidad por las que, en contra de lo dispuesto en los estatutos del partido, el plazo entre la convocatoria y la celebración se redujo de los 45 días preceptivos a los 30, que se vulneró el plazo legal de 48 horas entre la proclamación de los precandidatos y el inicio de las votaciones, que no se respetaron los criterios de distribución de compromisarios establecidos en la normativa interna del partido o que no se incluyó en el orden del día la aprobación o censura de las cuentas desde el último congreso, en el año 2012, hasta 2016.
Frente a estas acusaciones, el aparato del PP defendió que todas las actuaciones se habían ceñido a los estatutos y que el comportamiento del Comité Organizador había sido “ejemplar”.
Falta de legitimación de Hernández Bento
El abogado del PP, Jorge Rodríguez, ha pedido la desestimación íntegra de la demanda de Hernández Bento, a quien ha renunciado a interrogar, ya que, entiende, dejó de estar legitimado para pedir la anulación del congreso desde que se dio de baja en el partido, en abril de 2017, un mes después de presentar la denuncia. A partir de este momento, según la tesis del senador, el exdelegado del Gobierno “perdió su condición” de interesado y se “autoexcluyó” del proceso. La defensa de la formación conservadora ha insistido en que el demandante no recurrió en ningún momento a los órganos internos del partido ni denunció las irregularidades que sí llevó a la justicia.
En este juicio el PP también ha revelado que, aparte del pago de las cuotas, exige a sus cargos públicos y de confianza una retribución equivalente al 3% de su sueldo para financiar el partido. Un extremo que confirmó la ahora gerente del partido en Las Palmas, Rosario Tarajano, para explicar que Hernández Bento se negó en principio a abonarlo pero que al final acabó accediendo.
En la vista de este miércoles también estaba previsto que declarara como testigo otra diputada regional, Luz Reverón, que fue secretaria del Comité Organizador, pero las partes han renunciado a su testimonio. Las actuaciones han quedado vistas para sentencia.
