La fiscal ha rebajado a un año y un mes la condena de prisión que solicita para el jefe de la Policía Local de Pájara (Fuerteventura), tras retirar los cargos de cohecho y aplicar la atenuante de dilaciones indebidas a su acusación de falsear certificados de residencia para inmigrantes.
En la segunda y última jornada del juicio celebrado en la Audiencia de Las Palmas contra el jefe de la Policía Local de Pájara, Esteban Hernández, y el acusado Ahmed C.S., la fiscal ha modificado su escrito de acusación tras reconocer que no ha podido probar el delito de cohecho por el que pedía cinco años de cárcel para cada uno de los procesados, que se enfrentaban inicialmente a penas totales de diez años de reclusión.
El procesado Ahmed C.S. se ha conformado con la nueva pena reclamada por la fiscal, quien propone para él condenas que suman un año de prisión por delitos de estafa y falsedad, unos cargos por los que hasta ahora reclamaba cinco años y medio de cárcel.
Además, ha pedido que se le imponga una multa de 2.486 euros y que indemnice con 4.500 euros a dos inmigrantes a los que engañó diciéndoles que podía conseguir documentos para regularizar su estancia en España,
En el caso del jefe de Policía Local de Pájara, la fiscal ha reclamado que se le imponga una multa de 2.486 euros y que sea inhabilitado durante un año y un día, mientras que su abogado ha reclamado su absolución.
El letrado de Esteban Hernández, Gerardo Ruiz, ha defendido ante el tribunal en sus conclusiones finales que, ante la prueba practicada y las declaraciones de testigos propuestos por el fiscal, el jefe de la Policía Local de Pájara actuaba conforme a la metodología aplicada en el Ayuntamiento, en relación a los certificados de residencia de los que se le acusa haber falsificado entre los años 2007 y 2008.
Su abogado ha dicho que Hernández se limitaba a firmar los certificados y los informes que redactaban otros policías, sin poder contrastar su contenido, por lo que ha aludido a la jurisprudencia existente, en el sentido de que en determinados ámbitos administrativos opera el principio de confianza en los escalones previos.
Además, ha argumentado que para el delito de falsedad debe existir el dolo, es decir, intención, y ello, a juicio de Ruiz, en el caso de su defendido es “imposible”.
Hernández, que ha hecho uso de su última palabra, ha negado ser culpable de las acusaciones que se vierten contra él y ha afirmado que se considera inocente.