La Fiscalía reduce la petición de pena a cuatro acusados de Unión y eleva la de Antonio Machín

El fiscal Javier Ródenas ha comunicado este jueves, en una de las últimas sesiones del caso Unión, la modificación del escrito de calificación de la pieza relacionada principalmente con el cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Arrecife ya que algunos de los acusados reconocieron los hechos durante el juicio y se recogen circunstancias atenuantes para ellos y una rebaja de la pena solicitada.

En el caso del exconcejal Ubaldo Becerra, la pena solicitada pasa de 17 años de cárcel a cuatro años y cinco meses como autor de los delitos de prevaricación, malversación, cohecho o fraude, entre otros. Le reconoce las atenuantes de reparación del daño y de colaboración con la justicia y confesión.

Esta última también se le reconoce al exinterventor de Arrecife, Carlos Sáenz, para quien la petición de pena pasa de siete años y medio de cárcel a tres años y medio, mientras que para el exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, se pasa de una pena de cuatro años de cárcel a solicitar una multa y un año de inhabilitación. Tanto Sáenz como Arrocha están actualmente en prisión.

La otra acusada para la que se rebaja la solicitud de pena es Elena Martín, que pasa de una petición de dos años de cárcel a una solicitud de nueve años de inhabilitación que conllevaría la privación del cargo que ocupa como jefa del departamento de contratación del Ayuntamiento de Arrecife y de cualquier cargo electivo de administración local, autonómica o nacional.

También se produce el caso contrario, el del ex concejal Antonio Machín, ya que la Fiscalía eleva la pena al implicarle en otro de los hechos delictivos descritos en la causa. A Machín le pedían una pena de doce años y medio de prisión y ahora la petición pasa a ser de 14 años y cinco meses y una multa de 300.000 euros.

Para el resto de los acusados se mantiene la misma pena: a Dimas Martín le solicitan más de 17 años de cárcel con el agravante de reincidencia y una multa de 400.000 euros, al empresario Juan Francisco Rosa, dos años y tres meses, a Samuel Lemes cinco años de cárcel, a Martín Brito 15 meses de cárcel, a Manuel Reina más de cuatro años de cárcel y a Antonio Gómez un año de prisión.

Colaboración de Becerra

Sobre Becerra señala el escrito de calificación modificado que “ha reconocido expresamente los hechos desde su primera comparecencia en sede policial y judicial” y “ha proporcionado datos importantes para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos objeto de investigación judicial al reconocer e identificar el destino y beneficiarios de la recepción del dinero en metálico recibido en concepto de la comisión ilegal” exigida por orden de Dimas a varios empresarios.

Añade que también ha proporcionado otros datos útiles, “permitiendo con el testimonio de sus declaraciones la identificación de los responsables, detallando el modo, forma, tiempo y lugar de entrega del dinero en metálico e identificando a las personas beneficiarias de los actos ilícitos en los que participó”.

“Asimismo ha reconocido el acuerdo existente con los empresarios para la adjudicación de contratas de obras a cambio del abono del dinero en metálico en detrimento de la normativa sobre contratación pública, fraccionando el importe total de licitación en varios expedientes y facturas todas por cuantía menor de 30.000 o 50.000 euros según la época de los hechos objeto de acusación ( 2007-2009)”, añade.