La huelga de los letrados de Justicia obliga a aplazar el juicio del caso Montecarlo

La huelga de los letrados de la administración de Justicia ha obligado a aplazar el juicio del caso Montecarlo. La pieza de esta trama que investiga los pagos presuntamente ilegales del Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, a la empresa Tunera Producciones por servicios no prestados comenzará el próximo 7 de febrero y no este 31 de enero como estaba previsto. Las sesiones arrancan el próximo martes y se celebrarán entre la capital lanzaroteña (7,9, 10 y 13 de febrero) y Las Palmas de Gran Canaria (8, 14 y 15 de febrero).

En el banquillo de los acusados se sentarán once personas investigados por posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, prevaricación administrativa y falsedad documental.

Para todos ellos la Fiscalía pide, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, entre tres y seis años de prisión, el pago de multas y la devolución al Ayuntamiento del dinero supuestamente saqueado de las arcas públicas de la capital. 

Entre los acusados está José Montelongo (PSOE), exalcalde de Arrecife y concejal de Hacienda en el momento de los hechos. El socialista tuvo que renunciar a la Alcaldía de la ciudad en 2016 después de que se ratificara su posible implicación en esa trama. Junto a él se sentará en el banquillo el exinterventor de Arrecife, Carlos Sáenz. 

Sáenz ya fue condenado en octubre de 2022 en otra pieza vinculada a este caso. El exinterventor fue condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación después de que reconociera en el juicio parte de las irregularidades que la Fiscalía le imputaba. Además, la investigación probó que había firmado órdenes de pago a favor de las empresas Instalaciones Eléctricas Conejeras (Inelcon) y Señalizaciones Eléctricas Conejeras (Señalcon), ambas administradas por Carlos Lemes, acusado en esa pieza, “faltando a los deberes inherentes a su cargo” como interventor del Ayuntamiento de Arrecife.

El resto de acusados que declararán en las sesiones de las próximas semanas son los exconcejales Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Víctor Sanginés (PSOE) y el ex concejal Lorenzo Lemaur (PP), el empresario y propietario de Tunera Producciones Eduardo Ferrer y varios trabajadores del Ayuntamiento: José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal, Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort. 

En el escrito de la Fiscalía se recoge que entre 2009 y 2012, el entonces interventor Carlos Sáenz, valiéndose de su puesto en la corporación municipal, “se concertó” con el propietario de Tunera Producciones para la “obtención ilegal de fondos públicos” del consultorio. En algunos casos, a través del abono de fondos públicos por servicios “que nunca se prestaron”.

Uno de los ejemplos de este supuesto modus operandi descrito por la Fiscalía data de 2010, cuando la empresa recibió 63.000 euros para realizar un estudio de conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los Centros socioculturales de la ciudad. Un trabajo que, según el escrito de acusación, Tunera nunca prestó.

Adjudicaciones ''arbitrarias''

En los casos en los que la empresa sí prestó el servicio, la Fiscalía detectó que el Ayuntamiento vulneró la normativa de contratación pública. La corporación municipal adjudicó de manera “directa y ararbitraria” los contratos, cuando debía sacarlos a concurso público. Mediante este mecanismo, la compañía obtuvo en 2009 más de 320.000 euros de dinero público a través de diferentes facturas en el marco del Festival Malpaís de 2009.

Tunera Producciones también cobró por prestar servicios en la edición siguiente del mismo evento. Entonces, el Ayuntamiento de Arrecife pagó 288.000 euros de manera fraccionada.Al año siguiente, la sociedad de Eduardo Ferrer ingresó 328.676 euros tras el pago de diferentes facturas por servicios prestados en el Carnaval 2010.