La disputa por el control de la Federación de Salud de Intersindical Canaria vivirá este miércoles un nuevo episodio en el Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria. Los representantes de esta sectorial, tanto de su órgano nacional como del insular de Gran Canaria, deberán comparecer a partir de las 10.00 horas ante la jueza para explicar por qué no se ha ejecutado una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a restituir en todos sus cargos a Miguel Ángel Morales, uno de los líderes del denominado sector crítico del sindicato y uno de los denunciantes del presunto desfalco en las arcas de la federación de Salud.
IC se enfrenta a una multa por desobediencia de 300 euros diarios, a contabilizar desde el 24 de septiembre de 2015, fecha en la que el juzgado emitió el auto de ejecución provisional de la sentencia. De confirmarse la ejecución definitiva en la vista de este miércoles (426 días después), el sindicato debe hacer frente a una sanción que superaría los 125.000 euros, además de devolver al demandante la condición de liberado que perdió en mayo de 2014, cuando le obligó a retornar a su puesto de celador en un centro de salud.
Morales fue expulsado de militancia y sancionado por haber firmado la convocatoria de un congreso extraordinario para denunciar el desvío de fondos de la Federación de Salud de IC a cuentas particulares y de un sindicato desaparecido. La causa abierta a raíz de la denuncia por esta presunta trama de corrupción interna en IC se resolvió en la vía civil con la asunción de responsabilidades por parte del extesorero de la central, pero aún se mantiene activa en la vía penal. Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detectado pagos sin justificación aparente por un valor superior a los 80.000 euros.
En el ámbito laboral, el Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas dio la razón a Morales en junio de 2015, al considerar que IC había vulnerado su derecho a la libertad sindical en el procedimiento sancionador incoado en 2014. Un expediente que el sindicato le abrió después de que fuera elegido miembro del Secretariado Insular de Salud en el congreso extraordinario que convocó junto a otros afiliados. Este congreso no fue reconocido por el sector oficialista del sindicato, que celebró otro un mes después y designó a otros representantes. Desde entonces se ha mantenido la disputa por el control de la Federación de Salud de Gran Canaria entre los dos sectores enfrentados.
La resolución del Juzgado de lo Social 6 de Las Palmas de Gran Canaria instaba al sindicato a restituir al demandante en sus cargos: miembro del Secretariado Federal Insular, secretario de Acción Sindical de la Federación Insular de Salud y delegado de la sección de Atención Primaria. En mayo de este año, el TSJC confirmaba la sentencia, al desestimar el recurso de suplicación interpuesto por IC. El fallo condenaba además a la confederal del sindicato y a las federaciones insular y nacional de salud al pago de las costas procesales, que quedaron fijadas en 800 euros.
Casi un año y medio después de la primera resolución judicial que condenaba a IC por vulneración de los derechos fundamentales de un liberado -luego ratificada por el TSJC-, el sindicato sigue sin restituirle en sus cargos. En una providencia fechada el pasado 10 de octubre, la magistrada María José Andrade, sustituta en el Juzgado de lo Social 6 de Las Palmas de Gran Canaria, cita a todas las partes con el objetivo de determinar si se continúa o no con la ejecución de sentencia.
Absuelto de un delito de coacciones
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha absuelto a Miguel Ángel Morales del delito leve de coacciones del que le acusaba una representante del sector oficialista de IC. La denuncia tiene su origen en la portabilidad a otra compañía de dos líneas de teléfono de la Federación de Salud de Gran Canaria. Según el juez Rafael Passaro, Morales ejecutó esta acción con “la convicción de formar parte de los legítimos órganos de gobierno” de la sectorial.
“Idéntica firmeza” mostró la denunciante, María Dolores Pérez, a la hora de defender su postura. “No corresponde a este juzgado de instrucción determinar la legítima representación del sindicato”, concluye el juez, que añade que, ante tales circunstancias, “no puede considerarse desvirtuada la presunción de inocencia que ampara a la parte denunciada”, lo que le lleva a dictar una sentencia absolutoria.