Un juez da la incapacidad absoluta a Ana, una trabajadora 'quemada' del aeropuerto de Gran Canaria: “Era como una fobia”

Una mala contestación a un pasajero ebrio e insistente encendió las alarmas internas de Ana (nombre ficticio para preservar su identidad). “Estás quemada”, le advirtió un compañero de trabajo. Al acabar su jornada, acudió a urgencias. “No podía parar de llorar, no podía respirar bien y tenía la tensión alta”. A partir de ahí, comenzó a buscar información y ayuda. Ese incidente se convirtió en el inicio de un proceso que acaba de concluir con una sentencia que le reconoce la incapacidad permanente absoluta. Ana tiene 56 años y trabajó más de 35 como agente en el aeropuerto de Gran Canaria. La última década, en el servicio de reclamaciones de equipajes perdidos. Se le ha diagnosticado el síndrome del trabajador quemado (burn out), un estado de agotamiento por estrés laboral crónico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como enfermedad profesional en 2022.  

Desde el año 2015 Ana acumuló hasta cinco bajas, tres de larga duración, por cuadros de ansiedad o reacción aguda al estrés. Los factores desencadenantes eran múltiples.  Por un lado, el sistema de turnos, que le obligaba a trabajar siete días seguidos, a librar tan sólo un fin de semana al mes o a rotar en horarios de mañana, tarde y noche, en ocasiones con cambios que se comunicaban sin apenas margen de tiempo. También la carga laboral. “Hay que atender muchos frentes y hay pocos medios. A veces estaba sola en el turno. Y hay que responder cuando hay una pérdida masiva de maletas, tienes que estar en la ventanilla, después vienen los turoperadores, el teléfono no para de sonar…”, cuenta.  A ello se le unía un ambiente que define como “muy negativo” y una relación conflictiva con sus superiores. 

“Lo primero que detecté es frustración por no poder darle calidad a mi trabajo, a mí me gustaba, me había dejado el alma por la empresa, había sido supervisora de facturación durante quince años. Yo siempre he tenido unas habilidades sociales muy buenas y llegó un momento en que me molestaban los pasajeros, no quería descolgar el teléfono… Vas bajando el rendimiento por la desmotivación, por el estado de estrés, por la saturación, todo es negatividad, escuchaba quejas por todos lados”, explica. 

Ana trabajaba en Groundfource, la mayor empresa de asistencia (handling) en el aeropuerto de Gran Canaria. Su plantilla se puso en huelga en septiembre de 2021 para denunciar “los turnos maratonianos, la alta precariedad laboral y el incumplimiento del convenio colectivo”. La trabajadora recuerda cómo influyó ese sistema de turnos en su vida social. “Vas perdiendo relaciones personales. Alguien te llama para salir un sábado y no puedes porque trabajas. O tienes que entrar cuando la otra persona sale. O no puedes pasar la tarde con tu hija y tienes que buscar quién se quede con ella”, relata. 

Al tiempo empezó a sufrir insomnio y fatiga. “En un momento dado, lo único que hacía era ir al turno, trabajar como podía, volver a mi casa y acostarme. Eso me generó un estado depresivo. Me acuerdo estar llorando en la terminal por la noche, yo sola en esa oficina, sentada en una silla. Empecé a aislarme”. Esas sensaciones no desaparecían cuando estaba de baja. “La angustia la tenía todos los días porque sabía que tenía que volver”. 

En una de esas bajas, su pareja le propuso ir de viaje a otra isla para desconectar. “Le pedí, por favor, que fuéramos en barco. Era como una fobia que tenía al aeropuerto, una fobia que me dolía, porque llevaba toda la vida allí”, recuerda. Al final, su pareja la convenció para ir en avión. A la vuelta, cuando pasó por una antigua oficina, ya en desuso, volvió a derrumbarse. Al verse en ese estado, Ana pensó en marcharse de la empresa. “Todos me decían que no lo hiciera, que llevaba más de treinta años, que ni el paro me iba a llevar”. 

Ana también padece dolores de espalda. En una sesión de rehabilitación en una clínica de Telde le sugirieron que acudiera a una psicóloga y, tras una sucesión de contactos, acabó conociendo a Fany Barreto, que ha sido su abogada en el procedimiento sobre la incapacidad permanente absoluta. Antes de ser letrada, Barreto ejerció como matrona en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el año 2016 había logrado una sentencia entonces pionera que le reconocía también el síndrome del trabajador quemado. “Cuando hablé con ella vi que me entendía, que había pasado por lo mismo y eso era importante”, cuenta Ana.  

“Fuimos a un psicólogo perito, me hizo todos los test para evaluar si había burn out y me salió positivo”, recuerda. Un psiquiatra confirmó el diagnóstico. En el hecho probado cuatro de la reciente sentencia, el juez titular del Juzgado de lo Social 5 recoge que la trabajadora padece este síndrome, “manifestado psicológicamente como trastorno depresivo”.

Ana acudió a los juzgados porque el equipo de valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social le había denegado la incapacidad permanente absoluta. En su penúltima baja, la trabajadora había pedido a la mutua que, cuando le dieran el alta, no la enviaran a “la misma oficina, con el mismo supervisor, el mismo trabajo, las mismas funciones, la misma falta de medios”. No hubo adaptación del puesto. Días después de su reincorporación, tuvo un encontronazo con su superior. “Ahí estallé. Le dije a mi doctora que quería irme, que me quería marchar. Quedaba menos de un mes para el juicio”. 

Su médica de atención primaria le hizo entonces un informe que concluía que la paciente “no estaba apta para reincorporarse a su actividad laboral habitual”, requiriendo una nueva baja “por recaída”. Ese informe, junto al elaborado por un perito, han sido fundamentales para que el juez haya dado la razón a la trabajadora. “La patología sufrida se ha ido agravando, a la vista de las bajas por incapacidad temporal que se suceden con mayor rapidez y duración, no pudiendo considerarse que en la actualidad baste, como solución al problema, la sucesiva concesión de bajas, dada la larga data de la patología y la evolución tórpida”, recoge el fallo de una sentencia que ya es firme, puesto que no ha sido recurrida. El reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta implica que Ana cobrará una pensión equivalente al 100% de la base reguladora. 

“Ahora me siento como si me hubieran vaciado la mochila de esa sobrecarga emocional que llevo soportando desde hace años. El estrés no surge en un día, se ha fraguado durante meses y años, y llega un momento en que no sabes gestionarlo. No controlas las circunstancias de tu trabajo, no lo gestionas bien, te metes en ese huracán que te va envolviendo y no puedes salir, no puedes salir de ahí”, comenta la afectada, que recibió la sentencia a principios de junio. “Me levanto y todavía tengo que asimilarlo, pero aún quedan secuelas, se ha generado un estado depresivo que hay que seguir tratando”, concluye. 

Un síndrome “callado” 

La abogada Fany Barreto aprecia un patrón en los trabajadores que sufren este síndrome. “Es un síndrome callado, va yendo poco a poco, no te das cuenta. Cuando llegan a mí, lo que veo es que empiezan con otras patologías, en este caso la de espalda, y que quieren dejar la profesión. Es cuando explotan, cuando llegan a la última fase, la del queme”, sostiene. La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de un agotamiento energético “como resultado de un estrés laboral crónico que no se ha gestionado con éxito”. Se manifiesta en “un mayor distanciamiento mental del propio trabajo” o en “sentimientos de negativismo” relacionados con el empleo y una “disminución de la eficacia profesional”. 

Para Barreto, este tipo de casos demuestran las deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales. “La mayoría de las empresas no hace evaluaciones psicosociales. Muy pocas son las que analizan las cargas, los turnos, las relaciones psicosociales para ver cuáles son los riesgos y el estrés que sufre esa persona en su trabajo”, señala la abogada, que recuerda que la ley obliga a hacer estas evaluaciones para detectar los riesgos y adoptar las medidas que se precisen para intentar “disminuirlos o eliminarlos”. 

Esta ausencia de evaluaciones deriva en un “incremento” de las incapacidades. “Si no se trabaja la prevención de riesgos laborales, cada vez va a haber más bajas”, señala la abogada, que recuerda que la OMS y los expertos califican el estrés como “la epidemia del siglo XXI”. Barreto advierte del impacto que puede tener la declaración del síndrome del trabajador quemado como enfermedad profesional si no se invierte en prevención. “Hay que tomárselo en serio”, concluye.